Ibagué, julio 6 de 2002
Doctor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente electo de la República de Colombia
E. S. M.
Señor Presidente electo:
Es difícil encontrar otro tema distinto al desastroso diagnóstico actual del campo colombiano en el que exista mayor unanimidad entre las distintas corrientes de opinión. Ni siquiera renglones insignias como el café se salvaron de la ruina y el deterioro, como tampoco el arroz, las hortalizas o la papa y cereales como el trigo, la soya y el sorgo están casi desaparecidos. Las mismas cifras oficiales de la presente administración, harto discutibles por cierto, no logran ocultar los terribles resultados. La producción, junto con todos sus factores determinantes, como empleo, inversión y área de siembra, ha decrecido en la última década de manera escandalosa. La participación de la agricultura en el PIB nacional se redujo a la mitad, en tanto el 35% de nuestros compatriotas aún vive en el campo y casi el 80% de ellos en la pobreza.
En donde no hay acuerdo es en las causas de esa pavorosa situación. Para los neoliberales, bien representados en los tres últimos gobiernos, la razón de los graves quebrantos está en la “baja competitividad” de los productores agropecuarios y campesinos colombianos. Ese análisis les sirve de justificación a las políticas oficiales adoptadas que tratan de desconocer los efectos que la apertura comercial a la que, con el resto de la economía, fuera sometido el campo colombiano y ello pese a que nadie en el mundo ignora que los precios de estos productos en los mercados internacionales se están fijando por los subsidios, que abarcan en los países con economías más poderosas una gama amplísima de renglones, y salarios de hambre en la mayoría de los países tropicales.
La agricultura en Colombia jamás ha sido fácil. El acceso a los recursos principales como crédito, tecnología, insumos y tierras aptas jamás ha sido suficiente y las políticas agrícolas de auténtica protección han brillado por su ausencia. Esas condiciones se han agravado con las importaciones masivas de géneros agrícolas y de alimentos, basadas en bajos aranceles, de la última década que cobija a casi toda la canasta de productos. Si a esto se suman la privatización total en la comercialización y la especulación con visos de auténtico agio que opera en la colocación de los recursos financieros, puestos en manos de los intermediarios, se encuentran otros motivos, diferentes a las explicaciones microeconómicas del neoliberalismo, para demostrar que la crisis obedece a una conspiración de disposiciones que consultan otros intereses a los del sector productivo agropecuario.
La crisis agraria se expresa en que Colombia, al entregar su soberanía alimentaria, no está garantizando la seguridad en alimentos para sus ciudadanos y se han traspasado los mínimos límites admisibles. En la última década todas las nuevas demandas de comida, con excepciones contadas en plátano y ñame, se han atendido con productos extranjeros. Se cumple lo advertido en la pasada cumbre mundial de alimentos celebrada en Roma, al afirmar que la liberalización de comercio a costos inferiores de producción provoca la quiebra de agricultores de países en desarrollo y, aunque en teoría se dice que beneficia a los consumidores con “alimentos baratos”, ese beneficio final termina siendo una falsa ilusión. Colombia ocupa puesto destacado entre todos los países que han perdido cerca de 10 millones de puestos de trabajo a raíz del libre comercio agrícola.
Lo peor es que los proyectos en funcionamiento y otros que están por venir ahondan en las políticas responsables del fracaso. Tanto el Plan Colombia, como el proyecto de Ley General Rural, que el gobierno pastranista ha impulsado, y el Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- se conjugan de manera siniestra para liquidar lo poco que queda del sector agropecuario. Todos ellos predican la especialización de nuestra agricultura en productos tropicales, renunciando a los demás, así sean estratégicos, y someten a plena y desigual competencia lo poco que hemos logrado preservar. El arancel cero que propone el ALCA significa acabar con los niveles de 49% para el maíz amarillo, de 72% para el arroz, de 46% para el azúcar y de 102% para los trozos de pollo. Es decir, todos los renglones agropecuarios quedan expuestos y la agricultura supeditada a la biodiversidad, como reza la jerga oficial.
Señor Presidente, la Asociación por la Salvación Agropecuaria ha elaborado un programa que constituye una política agrícola de verdadero apoyo al sector y que garantizará la recuperación de al menos 10 puntos del desempleo que hoy sufre Colombia: cese de las políticas que inducen la importación de productos del agro que puedan producirse en Colombia y, en consecuencia, se defina como máxima prioridad garantizar la seguridad y el autoabastecimiento alimentario nacional, requisito indispensable para el desarrollo de cualquier país; precios de sustentación remunerativos, estables y garantizados por el Estado; un efectivo control de los costos de los insumos agropecuarios, tarifas de los servicios públicos, impuestos y demás costos de producción; suspensión inmediata e indefinida de la estratificación de los predios rurales; otorgamiento de créditos suficientes, oportunos y baratos; condonación total de las deudas del sector agropecuario y cese de los procesos judiciales, embargos y remates y protección estatal del sector agropecuario en las garantías de comercialización, precios, créditos, investigación, asistencia técnica, construcción de distritos de riego y demás labores que defiendan y estimulen las actividades del sector.
Estamos convencidos de que si se tiene en cuenta todo lo aquí planteado, cuya justeza se ha convalidado en las luchas sociales de los agricultores colombianos, el campo puede empezar a salir del estado de postración en que se encuentra. Por otra parte, desecharlo conducirá a una más terrible tragedia a la ya ocasionada por la política atentatoria contra el interés nacional que han impuesto los gobiernos desde 1990, y que obedece a los dictados de los organismos mundiales, financieros y de comercio, y de los monopolios multinacionales, primeros beneficiarios de la globalización neoliberal.
Cordial saludo,
ANGEL MARIA CABALLERO
Presidente