El proyecto conduce a que, entre otros engendros, el país importe toda la comida de los colombianos y que no puedan subsidiarse ni los precios internos del café
Asociación Nacional por la Salvación-Unidad Cafetera Nacional , Ibagué, 13 de mayo de 2002.
Para cerrar con broche de oro los cuatro años de gobierno de Andrés Pastrana en contra del agro nacional, en los próximos días el Ministerio de Agricultura le presentará al Congreso de la República el Proyecto de Ley General Rural, el cual apunta a consolidar todas las tendencias antiagrarias definidas por el neoliberalismo en Colombia desde 1990. Las principales orientaciones regresivas que se expresan en una exposición de motivos de 45 páginas y en un articulado de más de 120 artículos, son las siguientes.
El proyecto de ley tiene como objetivo que la producción agropecuaria se adapte “a la dinámica de los mercados globalizados”, orientación que implica, y así se dice de manera explícita en la exposición de motivos, renunciar a producir lo que pueda importarse a menores precios que la producción interna (trigo, arroz, maíz, azúcar, papa, leche, hortalizas, carnes, huevos y en general la dieta básica de la nación) y especializar el país en cultivos tropicales de exportación (café, banano, cacao, palma africana, o sea, los bienes que no hacen parte de la dieta principal de la humanidad), cuyos precios tienden a la baja por estar en su mayoría sobreofertados en el mercado internacional. Es obvio que esta política casa de manera perfecta con el ingreso de Colombia al Alca, que también se plantea en estos documentos como el futuro del país, porque cultivos tropicales se entiende que son los que por causa del clima no pueden producirse en las zonas templadas de la tierra, donde se localiza Estados Unidos y de donde pretenden que venga una porción creciente de la comida de los colombianos.
En consecuencia con lo anterior, y poniendo en evidencia lo bajo que han caído los intelectuales neoliberales que redactaron este esperpento, el proyecto no define la Seguridad Alimentaria como la política de producir en el territorio nacional la comida de los cuarenta millones de colombianos, sino como la necesidad de ofrecerle comida barata –así sea importada– a los pobres del país y que amplios sectores del campesinado sobrevivan en la miseria de las parcelas de autoconsumo. Con demagogia barata y “social” quieren ocultar el hecho gravísimo de que intentan someter a Colombia a lo que quieran imponerle los países y las transnacionales a los que haya que comprarles la comida de la nación y arrasar con la producción agraria nacional.
Además, y mientras en Estados Unidos se está aprobando una nueva ley de subsidios al agro que los aumentará entre 18 mil y 35 mil millones anuales, la ley que aquí pretenden aprobar señala que solo se podrán subsidiar los llamados “seguros de cosecha” y se establece que las medidas oficiales de “estabilización de precios” apenas podrán darse cuando los precios internos de los productos sean superiores a los externos más los costos de importación, lo que, además de constituir una burla a los productores, significa que deberá desaparecer el escaso subsidio de 30 mil pesos por carga que hoy le paga el gobierno colombiano a los cafeteros.
De otro lado, toda la Ley General Rural está redactada dentro del más hirsuto espíritu privatizador. Plantea venderle a los particulares los distritos de riego existentes; abre el camino para entregarle a contratistas particulares buena parte de las funciones del Estado en relación con el agro; señala que el gobierno solo podrá respaldar la construcción de distritos de riego y de vías y redes de electrificación en las zonas rurales “hasta” con el 40 por ciento de sus costos, lo que en los hechos significa que podría no aportar nada; le entrega el monopolio de la investigación agropecuaria a un grupito de corporaciones “mixtas” escogidas a dedo, a las que tampoco les garantiza una adecuada financiación; empuja la privatización de la educación básica en el campo; señala que los créditos para el sector deberán tener tasas iguales o muy parecidas a las comerciales; y hasta habla de “profundizar y dinamizar el mercado de tierras”, lo que en la jerga neoliberal debe entenderse como elevar los impuestos prediales para las fincas y parcelas. Incluso, elimina el Instituto de Adecuación de Tierras (INAT), el DRI y el Incora.
El proyecto además hace demagogia acerca de que el futuro del agro colombiano también descansará en la explotación de la biodiversidad del país, lo que en la práctica puede ser complementario con el incremento de las tierras que quedarán en rastrojos por causa de la especialización en cultivos tropicales, pues es obvio que este tipo de productos no podrá reemplazar las áreas de producción que desaparecerán con el incremento de las importaciones, y porque es notorio que en el proyecto no hay ninguna estrategia estatal seria diseñada para profundizar y expandir el aprovechamiento de los valiosos recursos de la gran diversidad biológica nacional. Como gran cosa, y como era de esperarse por la mentalidad antinacional de los bien pagos redactores del proyecto, la Ley General Rural abre las puertas para la firma de “convenios de asociación o contratos de concesión de ecosistemas a empresas internacionales”, a pesar de que en el mismo texto se reconoce que “en la actualidad esos contratos no son muy beneficiosos para los países que poseen los recursos”.
Como es obvio, urge la mayor unidad de todas las organizaciones del sector agropecuario, y de toda la nación, en la exigencia de que el gobierno de Andrés Pastrana ni siquiera presente el mencionado proyecto a la consideración del Congreso. Y si lo presenta, habrá que organizar la Resistencia Civil de millones de colombianos hasta hundirlo.
ANGEL MARÍA CABALLERO JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Presidente Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria Coordinador Unidad Cafetera Nacional