Federación Colombiana de Educadores –FECODE-, Bogotá; mayo 19 de 2002
Antecedentes
A medida que avanzan los hechos queda clara la razón que nos asistía para oponernos al Acto Legislativo 01 de 2001 y sus normas reglamentarias. No en vano advertíamos que el único propósito de la reforma constitucional era el recorte a las transferencias territoriales para educación y salud y en consecuencia, la desfinanciación por parte del gobierno central de estos servicios y con ello, la privatización y el desvertebramiento del sistema educativo con la municipalización y la plantelización.
Las expectativas creadas por las afirmaciones del gobierno en el sentido de que las acusaciones eran falsas y de que el año 2002 se iniciaría con cero deudas, incorporación absoluta de todos los maestros temporales y con todo el sector saneado, se desvanecieron por completo con el documento CONPES 57 del 28 de enero. Allí quedó patentado el recorte, dado que el presupuesto del año 2002 se está ejecutando a partir de once doceavas partes, de las cuales se trasfiere a las regiones un 70%, bajo un estricto control y auditaje por parte del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Educación Nacional; estableciendo como mecanismo de chantaje para los giros recortados, el cumplimiento de los convenios de desempeño y los planes de racionalización educativa, hoy denominados con el flamante nombre de reorganización educativa.
La situación del recorte es tan grave que en amplios sectores de los alcaldes se han levantado voces de rechazo e inconformidad frente a los desajustes presupuestales que estos generan y a los graves problemas que se les ha ocasionado a sus administraciones en relación con el sector educativo.
Implementación de la ley 715: arbitrariedades y atropellos
Como si los graves recortes presupuestales no bastaran, las disposiciones tomadas por el Ministerio de Educación Nacional al amparo de la ley 715 han generado un caos en el sistema educativo y la derogatoria de ancestrales derechos de los educadores y de obligaciones del Estado en materia educativa, reflejados en los siguientes hechos:
· El congelamiento del escalafón nacional docente y el desconocimiento de derechos adquiridos a educadores que cumplieron requisitos para ascenso antes de la vigencia de la ley 715, desestimulando la motivación profesional y con ello la calidad de la educación.
· La supresión arbitraria del decreto 1645 de 1992 y con ello, la negación de los trámites ordenados por esta norma para la protección del derecho a la vida y a la integridad personal y familiar de los miles de maestros amenazados que hay en Colombia.
· La burla más descarada al derecho que tienen los maestros temporales que se encontraban vinculados a 1° de noviembre de 2000 de ser incorporados automáticamente a las plantas de personal a partir del 1° de enero del 2002.
· La entronización del clientelismo, la politiquería y la informalidad en la vinculación de docentes al generalizar la contratación temporal de maestros, política expresamente prohibida en normas anteriores.
· La implementación de los traslados discrecionales violando las más elementales normas de estabilidad laboral y de unidad familiar.
· La fusión de escuelas y colegios; el debilitamiento o cierre de las jornadas nocturnas; la supresión de jornadas escolares; el hacinamiento de los alumnos en las aulas, la abolición en la básica primaria de las cátedras de inglés e informática y en la básica secundaria las de artes, deportes, danzas y teatro lo que va en contravía de la formación integral de los educandos; la entrega de los colegios públicos en concesión al sector privado, la reducción del preescolar a un año y la pretensión de sustraer la educación media de la financiación nacional. Estas y otras medidas similares, se vienen implementando con el pretexto de la austeridad, la transparencia y el uso racional de los recursos, a la vez que somos testigos de la más abrumadora ola de corrupción de gobierno alguno y del despilfarro de los dineros públicos por parte del Ministro LLoreda en la feria de contratos del Nuevo Sistema Escolar.
· La pretensión del gobierno de suprimir de las plantas de personal los cargos de supervisor y director de núcleo y de sustraer las funciones de administración y vigilancia de la carrera docente y, en consecuencia, ejercer estas a través de auditorias externas privadas.
· La obstinada negativa, con diversos subterfugios, del pago de la cuantiosa deuda de 365 mil millones de pesos que el gobierno nacional contrajo con el magisterio por vigencias anteriores y la expedición del decreto 688 sobre salarios, que además de mantener la política de incremento por debajo de la inflación causada, arrebata ilegalmente a muchos directivos docentes, a los maestros consejeros, a docentes de preescolar, aulas especiales y otros funcionarios de la educación, los sobresueldos a que tenían derecho en virtud del cumplimiento de las funciones que venían y continúan ejerciendo.
· La expedición unilateral del decreto 230, mediante el cual se revive la nefasta promoción automática; se atenta contra la autonomía escolar; se establecen los ‘estándares curriculares’ y los ‘instrumentos de calidad’ con el propósito de retroceder nuevamente al currículo único, nacional y uniforme y se desconoce al maestro en el proceso de evaluación al ser reemplazado por una comisión que nada tiene que ver con el desarrollo pedagógico y de formación de los estudiantes.
· El debilitamiento de los sindicatos y la negación al ejercicio del derecho de asociación, con la supresión de las comisiones sindicales, las retenciones ilegales de salarios para penalizar las justas protestas y la no cancelación de los tiempos de paro recuperados, que garantizaron la normal culminación del año lectivo 2001.
Todas estas medidas arbitrarias y unilaterales se han venido imponiendo a través de procedimientos truculentos e informales como: directivas ministeriales, circulares, conceptos jurídicos de funcionarios de segunda o simples llamadas telefónicas; violentando la autonomía regional bajo la más descarada presión y chantaje del Ministerio de Educación Nacional con los giros a las regiones para la cancelación de las obligaciones en el sector educativo.
Nuevo estatuto de profesionalización docente: liberalización de la profesión docente e inestabilidad laboral.
Como se sabe la ley 715 creó un grupo de trabajo para abordar la discusión de un nuevo estatuto de profesionalización docente. En las reuniones celebradas a lo largo de los meses de abril y mayo, el Ministro LLoreda ha venido perfilando sus criterios sobre el contenido de este nuevo estatuto: allí ha insistido en lo desueto y caduco del 2277 de 1979 y que por tanto no debe ser referente para el nuevo estatuto; ha remarcado en la evaluación de desempeño, y de competencias, como los mecanismos “ideales” para el mantenimiento de la permanencia en el cargo, para el ingreso en la carrera docente y para los ascensos en el escalafón; ha reclamado que los docentes deben tener una alta movilidad y flexibilidad laboral, muy distinta a la “rigidez” actual; ha cuestionado la razón de existir de las Escuelas Normales y por ende, ha planteado la apertura total para que en la docencia tengan cabida, sin mayores requerimientos, todas las demás carreras profesionales al margen de la pedagogía; ha insistido en diferenciar los procesos de ingreso al servicio, del ingreso a la carrera docente, y en la práctica plantean un año de periodo de prueba, previo concurso para ingresar y para ascender; ha centrado su crítica en el llamado credencialismo y automaticidad en los ascensos y ha reiterado la teoría de un escalafón basado en el concepto del premio y del castigo y no de la estabilidad laboral y los desarrollos profesionales de los docentes.
Estos criterios iniciales, no dejan duda alguna, hacia dónde apunta el gobierno con el nuevo estatuto de profesionalización: la quiebra de la estabilidad laboral del magisterio y la mercantilización de la profesión docente.
Llamamiento al magisterio colombiano y a la comunidad educativa
La gravedad de la situación nos obliga a transitar por un sendero en el que debemos ser capaces de seguir dando la lucha por la defensa de la educación pública y de los derechos de los maestros; a trabajar sin descanso por la unidad y la protesta de la comunidad educativa; a profundizar en la comprensión de los problemas que agobian a la educación y al magisterio; a desarrollar las acciones locales y regionales que sean necesarias para impedir la aplicación de estas políticas y a sacar adelante todas las tareas que potencien la más vigorosa movilización y lucha, en la seguridad que nos asiste la razón cuando nos oponemos a las pretensiones del gobierno de convertir a la educación en mercancía; a las escuelas y colegios en empresas; a los alumnos en clientes y a los maestros en obreros de maquila sin derechos y estabilidad.
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EDUCADORES –FECODE-
COMITÉ EJECUTIVO
GLORIA INÉS RAMÍREZ WITNEY CHÁVEZ S.
Presidenta Secretario General