La salud pública se debate entre el marchitamiento y la salvaguardia de lo que aún queda de las instituciones. El colapso que la reestructuración ha traído a los hospitales de San Cristóbal, San Blas y Vista Hermosa, confirman el oscuro porvenir que la administración de Mockus quiere imponerle al hospital La Victoria, vale decir, despojar a la comunidad de la salud pública y convertir este patrimonio en una mercancía en manos de los monopolios financieros.
Desde la Secretaría de Salud se conspira contra nuestra entidad para estrechar su cobertura, envilecer la calidad de sus servicios y debilitar sus finanzas, asignándole un presupuesto cada vez más irrisorio con el objeto de transformarlo de hospital de III nivel (único en la Localidad Cuarta) en un centro materno infantil. Con la pretendida reestructuración, los 500 mil habitantes de la Localidad Cuarta estarán sometidos al viacrucis de buscar por todos los rincones de la ciudad una solución de urgencias o un tratamiento, con el riesgo de que no encuentren en los otros centros la capacidad necesaria o la atención adecuada. La gerencia cerró la unidad de quemados y cirugía plástica y, de imponerse la reestructuración, serían cerrados odontología y cirugía maxilofacial, debilitados servicios como urgencias, cirugía general, psiquiatría, laboratorio, banco de sangre, terapia respiratoria, terapia ocupacional, trabajo social y el área administrativa que cumple un importante papel de apoyo a la función asistencial.
La conjura está dirigida por el gobierno de Pastrana y Mockus como política de sumisión al Fondo Monetario Internacional y su implantación ha sido encubierta con las falacias de mejorar el servicio y las bondades del trabajo en red; ocultando el propósito de acabar con la inversión social. Esto explica los pasos que el gobierno distrital y la gerencia han dado para establecer nuevas reglas de “organización”.
En efecto, la supresión de cargos y servicios se apoya en técnicas financieras cuyo dogma es: menos trabajadores, menos salario, menos servicios a la población, y más ganancia para los intermediarios del gran capital. En las juntas directivas de los hospitales se hace prevalecer la voluntad oficial, representada por agentes del Alcalde Mayor, aun cuando la propia reglamentación les prohíbe participar en estos organismos. Los contratos leoninos celebrados con el Fondo Financiero Distrital asignan al hospital, por la prestación de servicios, pagos inferiores a los adoptados en el Manual Tarifario: como bien lo señaló la Contraloría Distrital al denunciar que del 1° de enero de 2000 a septiembre de 2001 el Fondo Financiero Distrital de Salud dejó de pagarles a los hospitales públicos de Bogotá más de 76 mil millones de pesos.
Nuestro hospital, que depende financieramente en un 70% del Fondo, sólo recibirá para el primer semestre el 18.4% de anticipo, contra el 36% del año anterior, presionando con ello a la reestructuración por la asfixia económica que esto significa.
Ocultando que la causa de la crisis hospitalaria es resultado de la aplicación de la legislación que privatizó la salud pública, la administración se la atribuye a los escasos derechos y prestaciones de los trabajadores, dictando una serie de medidas regresivas, tales como la eliminación de los derechos al reconocimiento y pago de horas extras, trabajo nocturno y festivos, al tiempo que se nota un incremento en la contratación ilegal de prestación de servicios para birlar los derechos y prestaciones de esos trabajadores.
El gerente del hospital, en otra de sus tropelías, sin consultar a los trabajadores como lo ordena la ley, trasladó las cesantías a Colfondos, favoreciendo al capital financiero y coadyuvando a Mockus en su propósito de liquidar al Fondo de Ahorro y Vivienda del Distrito, Favidi.
Las lecciones que ofrecen el cierre de La Hortúa y el Lorencita Villegas, que irradiaron beneficios a sectores populares y que fueron centros de investigación y de formación de miles de profesionales, son concluyentes al mostrar los designios del gobierno de aniquilar las entidades de salud publicas, pagar salarios deshonrosos y sepultar las conquistas laborales, allanando de este modo el camino hacia la total privatización. Semejante cadena de infamias nos previene para que la historia no se repita en nuestro hospital.
Contra este desafío nos hemos levantado los médicos, las enfermeras, los técnicos y el personal administrativo del Hospital La Victoria. Los habitantes del sector se han unido a nuestra causa conscientes de que la entidad debe su papel al empeño que ellos pusieron para que fuera mejor cada día. Sin reservas podemos decir que el hospital es patrimonio de la nación entera. Este significado nos unifica más que nunca movidos por el convencimiento de que el Hospital La Victoria pesa mas que los planes de reestructuración de un puñado de neoliberales, mandaderos del capital financiero.
Los distintos sindicatos que representamos a los trabajadores del hospital La Victoria, nos hemos dispuesto a adelantar un paro indefinido para impedir el cierre de servicios, el despido masivo de trabajadores y el aniquilamiento de las garantías laborales, como única opción después de infructuosas reuniones y gestiones ante las autoridades administrativas. Los hechos nacionales han probado que la lucha de las masas es el único instrumento con que cuentan los trabajadores y la población para hacer valer sus derechos. Llamamos al resto del movimiento sindical a comprometerse con un respaldo efectivo a esta batalla de defensa de la salud pública.
Francisco Maltes DIRECTIVO CUT-BOGOTA
Sindistritales SINDISTRITALES
Doris González SINDESS
Enrique Bernal SINTRAVICTORIA
Nelly Chamorro SINAS