Un conjunto de dirigentes y organizaciones estudiantiles y juveniles de todo el país, tanto de secundaria como de universidades y otras instituciones educativas hemos decidido constituir la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, que luchará por la organización democrática y representativa de los estudiantes e impulsará la movilización en defensa de la educación pública y propugnará por una educación científica al servicio del pueblo.
A seis meses de la culminación del período de Pastrana en la presidencia, el país ha profundizado la enorme crisis desatada con la imposición de la apertura económica a comienzos de los noventa. El desempleo y la miseria campean por doquier, la recesión se generaliza a todos los sectores económicos y las ilusiones que los partidarios del neoliberalismo habían colocado en fomentar el crecimiento por medio del aumento de las exportaciones, se han desvanecido ante la crisis económica mundial y la dependencia de exportaciones de unos cuantos productos básicos cuyos precios internacionales caen en picada. La agricultura y la industria quiebran y se ha abandonado cualquier esfuerzo de desarrollo científico y tecnológico propio. Las instituciones de salud públicas están desapareciendo, las regiones están quebradas y endeudadas, la deuda externa se dispara.
La política neoliberal, que en la administración de Pastrana se ha radicalizado, ha beneficiado a un puñado de monopolios nacionales e internacionales, perdiendo los últimos vestigios de soberanía nacional, de forma tal que Estados Unidos no solamente moldea la política económica, sino que interviene en todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo la creciente injerencia militar.
El actual gobierno se empeña en privatizar las empresas más rentables del Estado, disminuir los ingresos de los trabajadores, debilitar al movimiento sindical y popular y aplicar todas las recetas recesivas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.
La educación es otra víctima de las catastróficas consecuencias de la política neoliberal. Miles de niños y jóvenes no tienen acceso a la educación y muchos de los que logran ingresar abandonan los planteles porque no pueden sufragar los costos educativos. Las universidades se encuentran quebradas. La calidad de la educación se deteriora por el recorte presupuestal, la imposición de esquemas privatizadores, la falta de equipos y textos, el abandono de la construcción de nuevas instalaciones, la carencia de actividades investigativas y la mengua en los ingresos de los maestros. La educación ha sido convertida en una mercancía sujeta a las reglas del mercado, buscando la máxima rentabilidad y considerándola un mero negocio. Esto significa que se ha impuesto un esquema privatizador, dentro del cual los establecimientos educativos oficiales son sometidos al nocivo criterio de autofinanciación que los obliga al alza permanente de matrículas.
La deserción estudiantil aumenta porque los jóvenes tienen que ayudar al sostenimiento de su familia o simplemente porque esta no puede costear sus gastos. Cerca de la mitad de los colombianos no termina el bachillerato, más del 70 por ciento de los niños no recibe ninguna educación preescolar y aproximadamente un 30% no culmina la educación primaria. El empobrecimiento de la población ha determinado un aumento de la deserción escolar y universitaria. Los estudiantes que egresan de los niveles medios no se encuentran calificados para desempeñar un trabajo y los que lo están no lo consiguen. A pesar de que la proporción de estudiantes universitarios en relación con la población total es muy baja, en un país necesitado de personal calificado, cunde el desempleo profesional.
La aprobación este año del Acto Legislativo 1 de 2001 disminuye los recursos para la educación y crea las bases para avanzar en la privatización de la educación pública, sustituyendo la autonomía escolar por la autonomía financiera para convertir las escuelas en instituciones manejadas como empresas privadas, financiadas por los padres y no por el Estado. La inminente aprobación del proyecto de ley que reglamenta este acto legislativo concreta aún más la privatización y va a ser una nueva oportunidad para que padres de familia, maestros y estudiantes libren nuevas batallas contra esta política impuesta por el FMI.
De acuerdo a la legislación aprobada, el gasto en educación no alcanzará a compensar el crecimiento de la población. Se generalizan los llamados subsidios a la demanda los cuales significan la supresión de la financiación adecuada de las entidades educativas a cambio de repartir algunas becas de miseria y dar créditos individuales a una minoría de estudiantes, se congelan los recursos para la educación y se busca entregar los establecimientos educativos al sector privado y ceder toda la responsabilidad en materia educativa a unos municipios totalmente quebrados. Esta política ya fue ensayada en el servicio de salud y como resultado quebraron los hospitales y esta desapareciendo el sistema de salud pública.
Además de los recortes presupuestales directos, la disminución de los gastos educativos se ha implementado a través de los denominados convenios de desempeño, los cuales exigen una reestructuración administrativa que reduzca costos pero que en la práctica se limita a reducir la cantidad de maestros.
Las reformas que el gobierno ha venido introduciendo a las universidades pretenden disminuir los aportes gubernamentales a la educación superior y entregar el financiamiento de las universidades departamentales a las regiones empobrecidas, que no tienen recursos y deben enormes sumas al sector financiero. El resultado ha sido la pérdida de su patrimonio, la elevación de matrículas y la implantación de convenios de desempeño que imponen en las universidades los criterios de rentabilidad propios de las entidades privadas, muchos rectores en actitud mendicante se limitan a lagartera ante las autoridades centrales los dineros a los que las instituciones tienen derecho. El sistema de acreditación se ha convertido en una forma de interferencia y privatización, en lugar de basarse en una autoevaluación que promueva las mejorías en la calidad.
Los estudiantes carecen de espacios para la actividad deportiva y cultural y las concepciones neoliberales fomentan entre ellos una mentalidad individualista, que ante la carencia de oportunidades de todo tipo, alimentan el escepticismo y la desmoralización. La falta de solidaridad, de cooperación y de espíritu investigativo están haciendo perder la capacidad productiva a toda una generación. El país lleva quince años de promoción automática en la educación primaria y cinco en bachillerato, generando una mentalidad facilista, un derecho espúreo a la promoción, un repudio anarquista a la existencia de normas y una falta de responsabilidad, perjudicial para la formación de los estudiantes. Los estudiantes deben hacer valer su capacidad crítica y sin aceptar la imposición de dogmas, rebelarse contra el confesionalismo y la arbitrariedad.
Los estudiantes, que en el pasado libraron importantes luchas en defensa de la soberanía nacional, la educación pública y la democracia en las universidades -como el movimiento estudiantil de 1971- y que han constituido un destacamento avanzado en las luchas populares, sólo recientemente y en forma parcial y circunstancial se han comenzado a reincorporar a la protesta. Dentro de lo cual sobresale la participación de los estudiantes en las movilizaciones recientes de FECODE. El movimiento estudiantil, en su mayoría, carece de organizaciones representativas y existe una apatía ante los graves problemas de la educación y la nación. En muchas universidades los dirigentes estudiantiles han abandonado la defensa de la educación, de la universidad y de los estudiantes y se han dejado cooptar por las administraciones a cambio de pequeñas dádivas. En otros casos, pequeños grupos reemplazan la acción del conjunto de los estudiantes y subestiman el papel de la organización democrática y representativa. Esperamos contribuir y trabajar con las otras corrientes del movimiento estudiantil a la creación de una única organización nacional representativa y democrática de los estudiantes, a trabajar conjuntamente con la Federación de Profesores Universitarios y demás organizaciones de profesores y trabajadores.
El imperialismo y la oligarquía colombiana promueven una educación sin base científica, desarraigada de la cultura nacional, imbuida de teorías antinacionales. En Colombia la política neoliberal se ha apoyado en la pedagogía constructivista que renuncia a la transmisión de conocimientos científicos y técnicos, rechaza la objetividad del conocimiento, se apuntala en un individualismo fundamentalista y despoja el aprendizaje de rigurosidad. La superficialidad ha llevado a seguir mecánicamente la moda, ejemplo de lo cual es el auge del llamado posmodernismo que relativiza el conocimiento científico y lo reemplaza por una fraseología arbitraria. En ciertos sectores del estudiantado ha hecho mella el planteamiento demagógico neoliberal de que la desigualdad social se resuelve dando prioridad en los cupos educativos a los sectores más pobres, objetivo que, además de no materializarse, simplemente infunde vanas esperanzas en los desheredados y no tiene en cuenta que el rendimiento y capacidades de los candidatos, debe ser el criterio que determine su acceso a la educación superior.
La juventud debe propugnar por una educación científica y al servicio de la nación y las masas. La lucha de estudiantes y profesores es indispensable para defender la educación pública y tiene una larga tradición de combates contra las dictaduras, contra el imperialismo y por la democracia. Así lo demuestran las conquistas en la historia del movimiento estudiantil colombiano entre las cuales sobresale el logró del cogobierno en 1971, y las de muchos países latinoamericanos en donde la universidad mantiene su autonomía académica y administrativa, admite una proporción mucho mayor de estudiantes que en Colombia y desempeña un importante papel en la sociedad. Lo mismo puede afirmarse de la Ley General de Educación, impulsada y defendida por el magisterio colombiano, que en 1994 conquistó la autonomía de los colegios y escuelas, el gobierno escolar, la participación de maestros en la dirección colegiada de la educación en las entidades territoriales a través de las Juntas de Educación, la defensa de la educación técnica que pretendía suprimirse y la libertad de cátedra, quitándole al Estado el control sobre los contenidos y devolviéndole al maestro su entidad activa de docente, superando la vieja costumbre de que el ministerio de Educación le dictara todo lo que debía enseñar. A pesar de ello, todavía hay quienes defienden que mientras no cambie el sistema no cambiará la educación. Tales posiciones renuncian a la movilización del estudiantado y el profesorado por sus reivindicaciones y rechazan los aportes que pueden hacer al desarrollo nacional, condenando nuestra Colombia subdesarrollada a tener una educación para el subdesarrollo.
El Banco Mundial y el imperialismo sostienen que los cambios en el sistema educativo son el factor determinante del desarrollo económico. Pero en el mejor de los casos sus propuestas se limitan a la generalización de los primeros años de educación, dejando los niveles superiores en manos del sector privado y condenando a los estudiantes sobresalientes y más capaces de los estratos populares a permanecer por fuera de ellos. El Banco Mundial patrocina demagógicamente la idea de que la universidad pública es para la población más vulnerable. Pero la universidad no puede resolver la discriminación y opresión de que son víctimas la mayoría de sectores de la sociedad, labor que corresponde a la lucha de todos los perjudicados por las políticas gubernamentales e imperialistas.
Los cambios en el sistema educativo son necesarios y posibles, pero por sí solos no provocan el cambio social, el cual únicamente se puede lograr con la más amplia unidad de todos los patriotas, obreros, campesinos y capas medias en contra de los grupos financieros, la dominación imperialista y sus representantes en Colombia, luchas a las cuales los jóvenes deben vincularse activamente. En este sentido debemos participar en el paro cívico nacional y demás movilizaciones programadas por el movimiento sindical y popular. El clima de violencia política dificulta la organización gremial, amedrentando al estudiantado y a los profesores. Para los jóvenes, como para el conjunto de la sociedad, es vital que las contradicciones sociales y políticas no se aborden mediante el terrorismo. El movimiento popular tiene sus propios métodos de lucha masivos y democráticos y este año los paros nacionales, las protestas del movimiento obrero, el paro nacional agrario confrontaron al gobierno pastranista y mostraron que existe una alternativa civil y de masas a la política oficial.
Consideramos que las acciones violentas en los claustros universitarios y en los colegios atentan contra la libertad de expresión, las posibilidades de consolidar las organizaciones de estudiantes y profesores y se han convertido en un factor de desmoralización y desmovilización que impiden la comprensión de los graves problemas de la educación. En medio de esta situación, la solución política al conflicto armado se impone como una necesidad de la lucha popular.
Consideramos que la educación debe ser gratuita en todos los niveles, garantizando -con una financiación estatal adecuada- la educación para todos hasta el grado undécimo. Como primer paso hacia la gratuidad, deben congelarse las matrículas.
La educación debe ser científica en sus contenidos y métodos, basándose en lo más avanzado de la ciencia y la técnica, erradicando todo confesionalismo, espíritu dogmático y superficialidad. Hay que equipar satisfactoriamente a todas las instituciones educativas con bibliotecas, vinculación a redes telemáticas y acceso a bases de datos, laboratorios y demás requerimientos pedagógicos. Se debe garantizar para toda la población una educación preescolar a cargo de profesionales de la educación. Asimismo, el restablecimiento de la jornada única diurna garantizará mayor dedicación de los profesores y mayor intensidad en la formación de los estudiantes. La educación nocturna por su parte, debe ser para adultos, no debe organizarse por ciclos de dos años en uno lo cual atenta contra su calidad y debe conducir a una adecuada capacitación para el trabajo.
Los profesores deben remunerarse adecuadamente, capacitarse y actualizarse al más alto nivel contando con el apoyo estatal requerido. En la educación básica y media no debe haber catedráticos a contrato y en las universidades la mayoría de los profesores deben ser de tiempo completo. Todo esto es indispensable para garantizar la calidad académica..
Hay que ampliar la cobertura de las universidades y de la educación secundaria, la cual es muy baja en relación con el nivel de desarrollo del país y comparada con países de desarrollo y población similares. Esta cobertura debe aumentarse anualmente, de manera que garantice un crecimiento en términos reales, o sea que la cantidad de estudiantes universitarios sea cada vez mayor en relación con los que terminen bachillerato. El aumento en la cobertura debe corresponder a incrementos presupuestales, en personal docente y en dotación que impidan que se deteriore la calidad académica.
Los egresados del bachillerato deben tener una formación que les permita ingresar productivamente al mercado laboral o aspirar a continuar su formación en los diferentes programas de educación superior que el país debe ofrecer, uno de los cuales es la educación propiamente universitaria. Los cupos en estos programas deben llenarse con los mejor preparados y más capaces, para lo cual debe contarse con sistemas de evaluación objetivos que no discriminen a las mujeres, los habitantes de regiones apartadas o de bajo estrato social y minorías nacionales. Los métodos deficientes de evaluación agravan la discriminación de estos sectores, causada por su opresión económica.
Las universidades y programas de educación superior deben contar con un sistema de bienestar social que garantice la permanencia de los estudiantes.
La democracia en la universidad debe materializarse en la participación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores en la dirección de las instituciones, sobre la base de las organizaciones democráticas de estos. Las formas de participación existentes en la actualidad constituyen una apariencia de democracia, pues se basan en una representación minoritaria. A su vez, la elección de rectores en las universidades públicas, en donde se da, es un mero mecanismo consultivo que soslaya la participación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores en la dirección de las universidades. Los rectores elegidos son reos de la política oficial y en muchas ocasiones su elección es producto de componendas, reemplazando una verdadera participación de estudiantes y profesores. Los gobiernos han convertido la autonomía universitaria en una forma de eludir su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones. Así se cumple el famoso principio planteado por Mr. Atcon, el profesor estadounidense que recorrió el país en la década del sesenta, de que autonomía es privatización. La universidad está privatizada casi por completo.
El anterior programa puede ser resumido en los siguientes puntos:
– Educación gratuita con adecuada financiación estatal y cubrimiento de la deuda del Estado con todos los niveles educativos.
– Fortalecimiento de la educación pública, con suficiente dotación e inversión y profesorado de tiempo completo.
– Ampliación de la cobertura, atacando las causas de la deserción y abriendo nuevos cupos de tal forma que se satisfagan las necesidades nacionales de personal calificado.
– Defensa y mejoramiento de la calidad de la educación y promoción de la investigación científica, independiente de condicionamientos, al servicio de la nación y en correspondencia con los avances mundiales de la ciencia.
– Sistemas adecuados de bienestar con residencias estudiantiles, restaurantes gratuitos, financiación del deporte y de las actividades culturales.
– Congelamiento de matrículas en la universidad pública y rebaja progresiva de las mismas hasta la completa gratuidad.
– Dirección colegiada democrática, con participación mayoritaria de profesores y estudiantes, elegidos popularmente. Creación y fortalecimiento de consejos estudiantiles como garantías de una verdadera autonomía de las instituciones educativas.
La juventud colombiana está interesada en prepararse y jugar un papel activo ante los problemas de la nación, debe organizarse, participar en la luchas populares, defender la soberanía nacional y jugar el papel que le corresponde en la lucha contra el atraso, la dependencia económica y el oscurantismo, propugnando activamente por cambios en la educación que contribuyan al avance de la lucha por una Colombia independiente y con una economía firmemente asentada en el fortalecimiento de sus propias potencialidades económicas, la elevación del bienestar del pueblo y la defensa de la producción nacional.
La Organización Colombiana de Estudiantes se unirá con todas las organizaciones y corrientes de estudiantes, profesores y trabajadores en torno a estos objetivos.
Dirección Nacional
Organización Colombiana de Estudiantes -OCE-