La comunidad pereirana ha sufrido doblemente con las privatizaciones neoliberales. No sólo ha perdido su patrimonio público construido con tesón, al verlo traspasado a manos foráneas con criterios monopólicos, sino además en cada subasta presencia procesos irregulares, que causan desánimo por el desvalijamiento y por la burla.
Como en la Telefónica, donde EPM compró la mayoría a precios inferiores a los reales; en la concesión del alumbrado, que ENELAR opera apoyada en un acto administrativo viciado desde el principio y declarado nulo; en la entrega de la distribución de licores a Escobar & Arias, que goza de un sobreprecio en la venta y de la gracia de vetar las decisiones departamentales como “la apertura de fronteras” lesionando al fisco, o en Ciudad Victoria, donde se agredió a habitantes de calle y venteros y se expropió en condiciones lesivas a pereiranos para trasladar plusvalía en pro del mayor hipermercado del país y de empresarios extraños a la región.
MEGABÚS no fue excepción y el paro del transporte del sábado 10 de julio expresó la indignación que otra vez el despojo y la mofa crearon en estamentos de los transportadores locales debido al proceso licitatorio para operar las rutas, troncales y alimentadoras, que vale $60.000 millones anuales. Ese sentimiento parte desde la objeción a Mónica Vanegas, gerente de MEGABÚS y adjudicadora, por estar acusada en un caso por hurto de dineros en la compra oficial de predios, situación que por ética mínima pediría suspenderla en funciones hasta resolverla, ¿por qué no se hizo?
MEGABÚS fue impugnado porque destruye empleos, la principal red vial queda en manos de monopolios, compromete los recursos de mantenimiento de vías con prioridad al de estos tramos y daña la equitativa distribución de la renta del sistema. No obstante, ilusionado con las promesas de Uribe y las electorales del alcalde Arango de propiciar la asistencia del gremio pereirano, éste formó las empresas Avanza S. A. y Moviliza S. A., con el concurso de más del 50% de los actuales propietarios, para participar en la licitación correspondiente en la que el ítem de EXPERIENCIA de empresas valdría el 18%, lo que no dejaría que competidores de afuera ganaran.
En febrero apareció el consorcio PROMASIVO, liderado por personas con menos tradición transportadora, vinculado al grupo bogotano SI 99, dueño del 30%, y carente de empresas nativas para acreditar la EXPERIENCIA. Apoyado en tres o cuatro decenas de propietarios, se supo de diligencias infructuosas que adelantó para adquirir una empresa, llegó a comprar más de 100 busetas. En esas circunstancias adversas, PROMASIVO hizo cabildeo ante el ministerio de Transporte para modificar las reglas iniciales y obtuvo que el 5 de mayo, trece días antes del cierre de la licitación, se integrara inmediatamente como adenda en el pliego que, para acreditar la EXPERIENCIA, ya no era necesario tener empresas, bastaba con representar 120 propietarios. Se introdujo así un sesgo de incertidumbre en contra de la representación regional y un enrarecimiento del ambiente que algunos llamaron “guerra del centavo”, dada la “batalla campal de intrigas, rumores, acusaciones…”.
Lo peor sucedió el viernes 9 de julio, día de la adjudicación. Los puntajes finales fueron: 97,6 para AVANZA, 97,2 para MOVILIZA y 86,1 para PROMASIVO que tuvo once puntos menos, los cambios por los que el ministerio “metió la mano” escasamente le sirvieron para ser tenida en cuenta. No obstante, arguyendo que lazos de consanguinidad, entre personas que pertenecían a las tres propuestas, sólo permitían considerar la primera que hubiere sido presentada y, como a PROMASIVO, pese a que las tres propuestas llegaron al mismo tiempo, le fue registrada la recepción de la suya un minuto antes que las otras, ésta fue la seleccionada. ¡Un inesperado ‘as’, fundado en la ineficacia de la administración; que, al tener un solo reloj para el registro simultáneo, no brindó igualdad de condiciones a todos los proponentes!
El relato muestra cómo en Pereira lo propio se rifa a la barata en aras de fementidas privatizaciones en las que al provecho extraño de monopolio privado se añade el sinsabor a favoritismos auspiciados desde los centros de poder, en este caso, hasta el nivel nacional. ¿Para qué sirven las veedurías? ¿Qué hizo al respecto la que tanto se promocionó con MEGABÚS? Y falta el premio gordo: la licitación para el encargo fiduciario que manejará el recaudo anual de $130.000 millones del sistema; por ahora hay desfalco de la ciudadana. ¿Se impondrá, de nuevo, la “Pasión de Chanchulleros”, una obsesión ya característica?