Como a la opinión general puede parecerle algo extraño el título de este escrito, vale aclarar que se refiere al examen necesario de un documento en forma de tabla donde se consignan los eventuales intereses colombianos para guiar las negociaciones del TLC con Estados Unidos. Fue elaborado por el ministerio de Comercio en concurso con el equipo negociador. Tiene 406 posiciones, divididas en 16 capítulos, que se comparan con un número igual de las supuestas apetencias estadounidenses para evaluar distanciamientos y acercamientos de las partes en cada una de ellas.
Inicialmente, resulta extraño que en esa “matriz” se incluyan temas donde el interés nacional es inexistente. ¿Espera Colombia prestar con provecho servicios de Telecomunicaciones, Financieros o “Transfronterizos” en Estados Unidos? ¿Son suficientes nuestras fortalezas en Propiedad Intelectual (patentes, marcas registradas y similares) para buscar entendimientos al respecto? ¿Son de “interés nacional” los tribunales de arbitraje, ajenos al orden jurídico, donde las multinacionales podrán demandar con ventaja sus controversias con cualquier nivel territorial del Estado como pasa en el Tratado de América del Norte? Las respuestas han surgido de los estamentos involucrados: las advertencias de la industria farmacéutica nacional acerca de patentes en medicamentos esenciales, los reparos de la Asociación Bancaria y las glosas con relación a Telecomunicaciones de gente como el ex ministro Pizano. Para no sembrar suspicacias sobre las intenciones de los funcionarios, podría pensarse que en la “matriz” se introdujeron conocidas aspiraciones gringas para enfrentarlas, pero ello no los exime del error estratégico de haberla confeccionado con la lógica del contrario, de ponerse en su terreno, algo elemental en cualquier disputa.
Al auscultar la letra menuda de la “matriz”, se encuentran inconsecuencias peores. En el capítulo de Acceso a Mercados, la acordada liberación de aranceles, así sea paulatina y que hoy ya es casi total para los productos colombianos en Estados Unidos, favorece ante todo a las exportaciones estadounidenses; una libertad que se extenderá hasta para bienes usados, remanufacturados o de uso temporal. Éstas no son formas comerciales que caracterizan a las ventas externas colombianas sino a la operación de las multinacionales con sus filiales. Si se sabe que el 50% del comercio interamericano es entre casas principales y sucursales y de estas entre sí, es fácil entender que la agilidad requerida para este tipo de negocios es el principal motivo de la remoción de obstáculos y de la plena relajación de los procedimientos aduaneros. Claro, a todos, en el libre cambio, ayuda “la reducción de los costos de las operaciones de aduana”; pero, ¿es ella una exigencia vital de PYMES que negocian con el exterior de cuando en vez o es de los consorcios que viven a diario de ello?
Bajo el mismo esquema deben entenderse los reglamentos sobre Normas de Origen. Éste es un concepto salido del tránsito de partes o de insumos extranjeros que se juntan en un tercer país para ser ensamblados, lo que se conoce como maquila. ¿Aspira Colombia a enviar partes a Estados Unidos? No, esas reglas son para regular las nuevas modalidades fabriles impuestas en las dos últimas décadas: ensamblar las mercancías donde sea menor el costo laboral para devolverlas al país originario. Y, en ese sentido, llama la atención el énfasis de la “matriz” en la cadena Textil-Confección.
En las solicitudes colombianas registradas, es evidente el “interés nacional” de montar una industria maquiladora en esta rama al expresarlo como: “Aprovechar las ventajas del programa de liberación a través del APROVISIONAMIENTO de insumos”. En eso se coincide con la pretensión gringa de “maximizar el libre acceso de sus productos de esa área a Colombia privilegiando la VENTA de materias primas y bienes intermedios” ¡Eureka!, concordamos: ellos, por vender sus insumos para la maquila, y nosotros por comprarlos, para acoplarla, incluyendo al algodón estadounidense.
Una primera revisión permite concluir que las discrepancias son formales y adjetivas, que ambos “intereses” se han pensado en los términos gananciosos del país dominante y de las firmas superiores y que, por ende, los “intereses” no son contradictorios sino complementarios, un auténtico juego de colaboración. Nada provechoso puede salir de una negociación concebida así, excepto para grupos como el Sindicato Antioqueño que cambian su industria tradicional por talleres-dependencias de Tío Sam, intentando competir con Centroamérica y China, aspirando, a costa de todo, a ínfimos valores agregados netos menores del 5%. ¡Cuán bajo estamos cayendo!
Si en los casos mencionados, de capítulos como Acceso a Mercados, los “intereses nacionales” registrados en la matriz de Colombia para el TLC hacen parte del “juego de colaboración” que tanto anima a JHB, lo de la Agricultura es una infamia. Poner como centro de la posición defensiva de Colombia “contar con mecanismos para regular las importaciones” agropecuarias y agroindustriales, es admitir las compras masivas de géneros en los cuales Estados Unidos tiene interés vital. Cualquiera conoce que la política de comercio agrícola norteamericana consiste en eliminar en los mercados externos sus excedentes, causados por una política agrícola interior, escrita en la FARM BILL de 1.996 y ratificada en la de 2002, que estimula la superproducción, de las conocidas 8 cosechas (trigo, cebada, arroz, algodón, maíz, soja, sorgo, avena).
Esa operación se financia con los subsidios del gobierno estadounidense a sus agricultores, que valen algo más de 70.000 millones de dólares anuales incluyendo las ayudas internas, que son múltiples formas de entrega de dinero en efectivo a su sector agrario, y también los subsidios a la exportación, que son modos aberrantes de impulsar las ventas, como otorgar créditos subvencionados a las empresas importadoras de países como Colombia para facilitar esas transacciones. Se conoce que, consecuente con la “matriz”, en las negociaciones Colombia ya decidió conceder ingreso inmediato sin ningún arancel al trigo, la cebada y el jarabe de maíz, como edulcorante en forma de fructosa. En cuanto al maíz como tal, los negociadores dicen estar “pasando calzas prietas” para resistir la voracidad yanqui.
Todo obedece a que JHB considera los subsidios del Tesoro de Estados Unidos a los cereales y oleaginosas como “bendición de Dios”. No le hace que, de la mitad de la ingesta de proteínas y calorías que hoy cada colombiano consume por concepto de cereales, tenga que ser importada. Esa matriz de “intereses nacionales” en agricultura, pese a las salvaguardias reclamadas para productos “sensibles” y a las desgravaciones paulatinas, un eufemismo para encubrir la “muerte lenta” de distintas ramas agrícolas y pecuarias, terminará de clasificar a Colombia como el primer país importador de alimentos de Estados Unidos en el hemisferio occidental disputando el sitial con México y Canadá. Consentir con el régimen agrícola subsidiado de la superpotencia, como lo hace la “matriz” no es otra cosa que hacer la vista gorda al “dumping”, a la venta a precios por debajo de los costos de producción.
En materias ambientales se pretende un acuerdo con un país como Estados Unidos que no ha firmado ni ratificado las principales convenciones internacionales en ese campo. No quiere saber del Cambio Climático hasta que la “descontaminación” sea negocio para sus consorcios, no ha ratificado la Convención de Diversidad Biológica y no ha firmado el Protocolo de Bioseguridad, nunca ratificó la Convención para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, por eso destruye el de la humanidad en la antigua Mesopotamia, y no ha adherido a la Convención de Basilea sobre Control de Movimientos Transnacionales de Residuos Tóxicos Peligrosos y su Eliminación. Al respecto, Lawrecen Summers, ex secretario de Tesoro y Presidente de Harvard, es fiel exponente del pensamiento oficial: “La lógica económica de verter residuos sólidos tóxicos en las áreas más pobres es impecable”. Tío Sam desea su propia constitución ambiental, destructora y ventajista, en el continente a punta de tratados bilaterales. Y Colombia, en su matriz de “intereses ambientales”, no exige siquiera que se rija, al menos, por la normatividad vigente.
El tema laboral es peor. Empresas como NIKE y las de producción de flores son acusadas por organizaciones como OXFAM de apoyar viles condiciones de trabajo a mujeres y niños por el orbe. ¿Qué negociar con ellas? ¿El libre acceso a su mercado de las flores que acá se hacen con salarios de 130 dólares al mes y trabajo femenino expuesto al uso de plaguicidas, algo que a mister Hommes hizo sonrojar?
Finalmente, la matriz de “intereses nacionales” en aspectos institucionales y de “políticas de competencia” está concebida bajo el prejuicio de que la clase promotora del desarrollo es el “empresario extranjero” y como patón toma lo correspondiente del Tratado de USA con Chile, el que Zoellick señaló como “modelo para avanzar en otras iniciativas bilaterales de USA en 2004”. En definitiva nada es más justo para calificar esta matriz de “intereses nacionales” que la frase del senador Jorge Robledo, “parece que la felicidad de los colombianos fuera hacer felices primero a los gringos”.