Doctor
DIEGO PALACIO BETANCOUR
Ministro de la Protección Social
Señoras y señores de la Comisión Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales
Bogotá, D.C.
Cordial saludo.
El movimiento sindical y pensional integrado en el Comando Nacional Unitario, manifestamos nuestras apreciaciones acerca de la negociación de la política salarial y social para el año 2010
El gobierno y Empresario colombianos no promueven el cumplimiento de los derechos de asociación, negociación colectiva y huelga, como parte integral de la democracia y para dar pleno cumplimiento a los convenios de la OIT, en especial para ponerse a tono con las observaciones formuladas por la Asamblea anual de 2009.
El ofrecimiento hecho por Gobierno y empleadores para establecer el salario mínimo legal para 2010, no corresponde a la situación de pobreza de la población colombiana, no estimula la reactivación de la economía y no se compadece con las exorbitantes ganancias de las multinacionales y los oligopolios nacionales, especialmente los del capital financiero. La petición modesta de las centrales de un aumento del 8% apenas recobra parte del poder adquisitivo perdido y mejora mínimamente su capacidad de compra., factores sin los cuales no podrá haber reactivación del mercado interno.
Las centrales obreras reclamamos que se implementen medidas coercitivas que obliguen a cumplir con el pago del salario mínimo legal. Asunto que esta ligado al bajo nivel de vigilancia y control por parte de las inspecciones del trabajo, función del Estado que se encuentra seriamente debilitada.
La Comisión permanente de Concertación hasta el momento no le ha dado trámite y solución efectiva al memorando de exigencias de la Confederación de Pensionados de Colombia peticiones entre las cuales esta que trabajadores y pensionados con salarios y pensiones hasta dos salarios mínimos legales, no estén obligados a pagar al sistema bancario por las tarjetas débito, los servicios de manejo y uso de cajero automático en el retiro de fondos, consultas de saldos y pago de servicios públicos domiciliarios.
Reafirmamos que para que haya una real concertación de políticas salariales y laborales, tal como lo establece la Constitución Política Nacional y la Ley, se deben tramitar aspectos tan sentidos como los siguientes.
El Gobierno Nacional debe establecer un sistema tarifario redistributivo en los ajustes a los servicios públicos domiciliarios, sin que excedan del 50% de la inflación causada para los estratos 1, 2 y 3. Asimismo, los reajustes a las tarifas de transporte público no excederán el 50% de la inflación causada.
Eliminar los reajustes mensuales al precio de los combustibles. Sólo hará un reajuste anual equivalente a la inflación causada.
Las tarifas de los peajes no se incrementarán por encima del 50% de la inflación causada
El gobierno propenderá por la formalización de la actividad agropecuaria a través de instrumentos de política y apoyos internos con el fin de lograr el pleno cumplimiento de las obligaciones laborales, la seguridad social y los aportes parafiscales. De igual manera, se creará una mesa de concertación para tratar los problemas económicos y sociales del sector agrario.
El Gobierno eliminará el cobro de costos académicos en la educación pública y velará por que los costos educativos en el sector privado no superen la inflación causada. Rectificar los costos de bienes y servicios que demandan los trabajadores en forma tal de mantener negativamente los ingresos salariales.
El Gobierno pondrá en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la gratuidad en la educación, mejorar su calidad, aumentar la cobertura, y estimular la permanencia en las aulas de la población de bajos ingresos. De igual manera, dotará a los establecimientos educativos de todos los equipos necesarios para brindar a los alumnos una educación de calidad, como bibliotecas, salas de sistemas, laboratorios, etc.
El Gobierno y los trabajadores, acuerdan actualizar el salario de los empleados públicos en 8 %, a partir del 1 de enero de 2010.
El Gobierno Nacional se compromete a cumplir con lo dispuesto en la Ley 411 de 1997 que ratificó el convenio 151 de la OIT y, en consecuencia, a modificar el Decreto 535 de tal manera que se garantice el derecho de negociación de los empleados públicos, pues dicho decreto resulto ser un retroceso.
El Gobierno garantiza resolver la problemática laboral de los trabajadores de la salud, en todos sus niveles y detener el proceso de privatización de los hospitales y demás entidades del sector público.
El Gobierno Nacional se compromete a implementar una política que propenda por la erradicación del trabajo informal y tercerizado, estimulando el trabajo decente por medio de la contratación directa sin discriminación de edad, sexo, raza o condición política o social, eliminando todas las formas de precarizacion de las relaciones laborales y protegiendo a los trabajadores y trabajadoras cabeza de familia.
Finalmente, solicitamos al Gobierno Nacional que así como se anuncia la separación del Ministerio del Interior y Justicia, en la misma forma se haga lo pertinente con el Ministerio de la Protección Social, volviendo a crear el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo la Seguridad y el Empleo.
TARSICIO MORA GODOY DOMINGO TOVAR ARRIETA
Presidente CUT Secretario General CUT
JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA WILLIAM MILLAN MONSALVE
Secretario General CGT Secretario General Adjunto CGT
LUCAS ARNULFO MUÑOZ MIGUEL MORANTES
Presidente CTC Secretario General CTC
JESUS ERNESTO MENDOZA ANSELMO GÓMEZ
Presidente CPC Secretario General CPC