Aurelio Suárez Montoya; La Tarde, septiembre 8 de 2003
A quienes disentimos en torno a las políticas urbanas implantadas por la administración presidida por Martha Elena Bedoya, como Renovación Urbana, MEGABÚS, Privatización soterrada de la Empresa de AGUAS y “Recuperación” del espacio Público, entre otras, evaluándolas como negativas para el interés general, se nos acusa de sordos, ciegos y estrechos mentales, amén de “enemigos del progreso”.
Así se pretende despachar tanto el rechazo al trato infame e indigno dado a los venteros ambulantes, trato que ya propició la muerte violenta de uno de ellos, empobrecimiento mayor y ultrajes sin cuenta a muchos, como la denuncia de la lesión enorme al patrimonio hecha a propietarios de predios en la zona de la Galería en claro beneficio, a modo de plusvalía, para una cadena de hipermercados, y como también a la oposición al bautizado MEGABÚS, por deteriorar gravemente la distribución del ingreso en el sector del transporte y, a la vez, afectar de manera severa a toda la cadena económica relacionada con él, al tiempo que en aras de intereses particulares se hipotecan vigencias futuras de la Hacienda Municipal.
Como impedidos mentales se cataloga a los ciudadanos que reclamamos la defensa del comercio minorista tradicional, emblema de la ciudad, ante las concesiones inmensas brindadas a monopolios comerciales que no generarán los eventuales retornos pronosticados en la inversión de más de $25.000 millones del Tesoro de Pereira y restos de la venta de la Telefónica, y , así mismo, hemos criticado la ignominiosa sumisión a los dictados del BID en la empresa Aguas y Aguas y, en fin, a todos los que estamos en razonada contradicción con el neoliberalismo que alienta esa cruzada de injusticia social sin precedentes y la cual, según las devociones oficiales manifiestas, intenta plagiar el modelo urbano esteticista de Peñalosa.
No obstante, hechos recientes muy reveladores parecen indicar que la discapacidad intelectual está, más bien, en el lado de los defensores a ultranza de la criatura del Pacto de Guacarí. En primer lugar, en la encuesta realizada por la firma Napoleón Franco para el partido liberal, al indagarse sobre la opinión favorable o desfavorable de la ciudadanía frente a Martha Elena Bedoya, resultó un 46% en contra, un 39% a favor y un 15% que no opina. De 10 personas entrevistadas, menos de 4 hablan bien de esa gestión. Pero no sólo eso; estudios más recientes acerca de los indicadores sociales de Bogotá, “el ejemplo a seguir”, arrojan balances dramáticos: entre 1995 y 2000, los bogotanos pobres pasaron del 40% al 50%, la mitad de la población, y los desempleados, entre 1995 y 2003, del 7,6% al 17,4%. En la capital, en ese lapso, la pobreza creció a una tasa superior a la del resto del país, así como pasó en Risaralda, donde según el CRECE, entre 1997 y 2002, subió 17% más.
Y a aquellos que no ven cómo el desempleo y la pobreza correlacionada con él se vinculan con los problemas de violencia y seguridad, la prueba de causalidad de Gragner, citada por Stiglitz en su venida a Colombia en marzo de 2002, brinda evidencia suficiente. No es extraño entonces que en 2002, acorde con estadísticas del ICBF, en Risaralda se presentaron los más altos índices registrados de maltrato infantil de los últimos cinco años en las modalidades de maltrato físico, abandono total, peligro físico, explotación laboral y explotación de mendicidad.
No sólo nada sirve de alerta para la prevención de los males que los planes de gobierno están causando sino que para consagrarlos se impone el más basto autoritarismo. Por ejemplo, la señora alcaldesa decidió suspender por un mes las emisiones del programa “Espacio y Tiempo para la Ciencia”, dirigido por el físico Jaime Hernández Gutiérrez, al considerar que la “esencia del programa” había sido cambiada al dedicarse el 24 y el 31 de julio a fijar posición sobre el conflicto de la Universidad Tecnológica de Pereira desde el punto de vista de los estamentos no adictos al rector, Luis Enrique Arango. Para colmo, coincidió tal atropello con la distinción a ese mismo programa por sus 10 años de labores, del Premio Regional a la Divulgación de la Ciencia en el marco de la II Feria Regional respectiva.
“La paradoja de esta doble situación presenta descarnadamente la polaridad que existe entre la comunidad académica que lucha por crear una patria libre, digna y autónoma y un gobierno que está dispuesto a venderla al mejor postor, sin importar a quién deba silenciar”, contestó el profesor Hernández en misiva pública a la señora Bedoya. El procedimiento, al someter a la prensa a filtros prohibidos, tal como lo afirma el reconocido profesor de Derecho, Ulises Torres, “no es diferente a abonar los caminos que muchos reclaman para que nuestra preciada sociedad sea mancillada y extremada para convertirla en una dictadura”.
¿Se daría la suspensión si el programa se hubiera prestado para los costosos publi-reportajes del señor Arango? En ese caso, ¿No hubiera ocurrido “cambio en la esencia”? No se sabe qué es peor: si que el asunto responda a un craso oscurantismo o a un perverso absolutismo o a las conocidas afinidades politiqueras y sociales de la alcaldesa y el rector o a las tres cosas. De todos modos la mordaza impuesta es un episodio más del modelo excluyente iniciado con los perros bravos contratados contra los venteros en los gozosos de la actual administración municipal, desarrollado con la militarización de la universidad, todo esto en el marco de las “garantías” de los derechos ciudadanos así a muchos haya que amordazarlos para dicho fin.