Un par de parlamentarios de Santander y uno que otro oportunista de turno vienen lanzando toda suerte de descalificaciones contra el proceso de adquisición de acciones que el departamento obtuvo de la venta de la Electrificadora de Santander que hizo el Gobierno del presidente Uribe. Sobre el particular es bueno que el debate se abra con todos los componentes de análisis para que la opinión pública pueda discernir con suficientes elementos de juicio quién defiende qué.
Quienes argumentan que haber aumentado las acciones del departamento en ESSA en asocio con EPM es un mal negocio para Santander, esconden que su real finalidad era que la Electrificadora quedara en manos privadas y no bajo el manejo del Estado. Es claro que el debate tiene un enfoque político sobre el papel que debe mantener el Estado en el manejo de los bienes públicos, así las cosas es obvio que los que defienden la privatización de las empresas del estado se sientan francos perdedores.
Así las cosas, es necesario que se conozca que cuando el gobernador Horacio Serpa Uribe asumió la administración de Santander y la actual Duma departamental se posesionó, la mayoría de la gente daba como hecho consumado que la Electrificadora de Santander se iba a privatizar, porque el presidente Uribe así lo había definido.
El primer debate que citó la Asamblea Departamental fue precisamente el de la Electrificadora de Santander, que en conjunto con las Electrificadoras de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta se encontraban en proceso de venta de sus acciones por parte del Gobierno nacional como parte de los compromisos que este adquirió con el Fondo Monetario Internacional y el Plan Colombia que exigían la venta de todas las electrificadoras de la nación al capital privado.
Los debates de la Asamblea departamental coincidían con los que se adelantaban en el Congreso de la República y las demandas presentadas por un grupo de abogados en representación de los usuarios de los servicios públicos y los trabajadores en los diferentes departamentos, donde se alcanzaron fallos y medidas cautelares que profirieron los tribunales contra el proceso de enajenación de activos públicos que hacía el Gobierno, hechos que contribuyeron a que el debate se profundizara.
El gobernador de Santander Horacio Serpa haciendo uso de su facultad discrecional tomó la valiente decisión de notificar al todo poderoso Gobierno del presidente Uribe, que Santander no vendía ni una sola de sus acciones en la ESSA y que por el contrario estaba dispuesto a comprar las que el Gobierno vendiera. Esa decisión fue clave porque puso al Gobierno nacional en dificultades para vender sus acciones mayoritarias en la ESSA, porque los privados querían comprar toda la empresa no una parte de ella, menos tener participación así fuera en pequeña proporción del Estado.
Esa situación hizo que el Gobierno nacional ante las dificultades para vender la empresa a los privados y ante la crisis económica hecha manifiesta, echara marcha atrás de la privatización de la ESSA y presentara una formula de venta del 81,97% de sus acciones a otra empresa estatal de carácter regional de cobertura nacional que se asociara con el departamento para manejar la electrificadora.
Las opciones que tenía Santander eran tres: asociarse con Empresas Públicas de Cali que está intervenida por la superintendencia de servicios públicos; hacerlo con la Empresa de Energía de Bogotá cuya composición accionaria corresponde 60% al Distrito Capital y 40% a la española Endesa, que es la operadora de la empresa; asociarse con Empresas Públicas de Medellín cuyas acciones son en su totalidad estatal o comprar la totalidad de la acciones con un endeudamiento que desplazara su cupo fiscal para otras inversiones necesarias. Esa era la realidad, sobre ella había que tomar decisiones y la mejor fue la que se tomó.
En efecto el Departamento hizo el mejor negocio posible, cuya conclusiones principales fueron impedir la privatización de la empresa, aumentar la participación accionaria del departamento en la ESSA, mantener su participación en la Junta Directiva, hacer respectar los derechos de los trabajadores y garantizar el mejor servicio, calidad y tarifas para los usuarios y exigir la continuación de la expansión de la electrificación rural en el departamento.
En conclusión, el departamento de Santander pasó de poseer el 14,34% de las acciones , Bucaramanga el 2,74% y el 1% entre otros municipios y algunos trabajadores y privados que mordieron el anzuelo de la privatización en el primer intento del Gobierno nacional, cantidades que no alcanzaban a sumar una quinta parte, a tener hoy más de una cuarta parte de la empresa y todo sin que el departamento comprometiera un solo peso del presupuesto o del plan de inversiones plurianual.