Una de las definiciones más aceptadas en los tratados sobre democracia es la de Joseph A. Schumpeter, “el método democrático es el instrumento institucional para llegar a decisiones políticas, en virtud del cual cada individuo logra el poder de decidir mediante una competencia que tiene por objeto el voto popular”. Giovanni Sartori, cuyos ensayos hacen parte del desarrollo contemporáneo del concepto de democracia, a la cual define como el poder del pueblo, funda en tres factores la validez de toda democracia: el poder limitado de la mayoría, los procedimientos electorales y la transmisión de poder a los representantes.
Robert Dahl propone ocho garantías que deben acompañar a un gobierno democrático y que pueden adaptarse a todo conglomerado que adopta decisiones; entre las más relevantes están, la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de voto, el derecho a competir en busca de apoyo y de luchar por los votos, y, las elecciones libres e imparciales. Isaiah Berlin, el más destacado epígono contemporáneo del racionalismo liberal, reconoce en la búsqueda de consensos el método más adecuado para la decencia de la democracia en una cambiante convivencia.
Estos conceptos, que están lejos de lo que pudiera llamarse radical o, si se quiere, extremista, llevan implícito que, para arrogarse el carácter de demócrata, no hay argucia válida para desconocer las determinaciones emanadas de un ámbito en el cual se han materializado y en el que así se ha participado. No puede argumentarse condición alguna de quienes obtuvieron las mayorías para desconocerlas ni menos la animadversión para descalificarlas o denigrar de ellas. Quien actúa así, casi siempre tras la mampara de la defensa de altos intereses colectivos, es, de hecho, un farsante.
Bien puede cuestionarse si se acatan las definiciones cuando mayorías enceguecidas no persiguen el bienestar general. Esa perspectiva pierde peso en comunidades calificadas, como los delegados al II Congreso del Polo Democrático Alternativo, que no son una montonera, que son sus más destacados líderes reunidos voluntariamente en torno a un Ideario. En este tipo de procesos internos se allana tal objeción y mucho más, como sucedió allí, con la rúbrica y aprobación unánime de resoluciones básicas consensuadas. Quienes se rebelen contra resultados así gestados, o bien trocaron de súbito los ideales que los unían al colectivo, o nunca los compartieron, o de modo intempestivo cambiaron de opinión, o, de antemano, el objetivo era anárquico. ¿De qué lado estará la incoherencia
Quien haya asistido a ese Congreso puede atestiguar que los elementos, inmersos en las teorías generales sobre la democracia antes expuestos, estuvieron vigentes. No hubo subterfugio ni desconocimiento alguno de ellos. Repudiar, por tanto, sus conclusiones, desdice de quienes lo hagan y los desmerece más todavía cuando sus aspiraciones para controlar el aparato del partido, al que desprecian en públicos pronunciamientos, alcanzaron porcentajes casi ínfimos. No hay nada que hable más mal de alguien que no ser un buen perdedor.
Parece haberse anticipado el senador Jorge Enrique Robledo cuando, en contundente intervención en el debate público en el Congreso del Polo, advirtió que a sus contrapartes, encarnadas en Gustavo Petro, se les había oído argumentos, razones y propuestas pero no escuchado que se someterían a las de los demás si sus tesis resultaban refutadas; en últimas, si actuarían o no como demócratas consecuentes, que es la mínima garantía requerida para una confrontación leal.