A la imaginación se le sigue negando el poder. Es evidente en la recurrencia de las mismas cantaletas del gobierno federal a propósito de las políticas comercial y agropecuaria y ante la desgravación casi total de importaciones agroalimentarias procedentes de los Estados Unidos y Canadá el próximo primero de enero.
Para que tenga resultados, la imaginación, así como el blindaje para el campo debe surgir desde abajo. Desde los que diariamente bregan con costos de producción y con la competencia desleal de los productos importados y se indignan ante la mala calidad de éstos. Desde aquellos que sienten que los tratados comerciales y los presupuestos de egresos se traducen de inmediato en menos o más tortillas y frijoles para su mesa.
Así surgen las Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano. Las presentan doce organizaciones campesinas nacionales, regionales y productivas. Combatividad, cercanía a las bases, persistencia, análisis serios de la situación rural y propuestas técnicas y sociales responsables y consensadas desde abajo son algunas de las características de estas agrupaciones de productores y productoras. Lo que proponen es para beneficio del campo y de la Nación completa:
Moratoria al apartado agropecuario del TLCAN. Para la salvación y revalorización del campo mexicano es indispensable frenar la competencia desleal de las importaciones norteamericanas, a partir de la entrada en vigor del décimo año del TLCAN y de la ley agrícola norteamericana (Farm Bill) . Para esto, conforme señala nuestra Carta Magna el Senado de la República debe declarar el campo mexicano en estado de emergencia social, económica, y ambiental y en consecuencia decrete la suspensión provisional por tres años del apartado agropecuario del TLCAN. Esto implica que en la Ley de Ingresos 2003 se establezcan a partir del 1 de enero de 2003 aranceles y aranceles cuotas con impuestos ad valorem para las importaciones de las cadenas agroalimentarias básicas. Asimismo, se demanda que el Congreso de la Unión instruya al Ejecutivo que inicie un proceso de renegociación del apartado agropecuario del TLCAN.
Programa emergente 2003 y de largo plazo 2020. No basta con suspender y renegociar el TLCAN. Para que esto tenga sentido hay que reorientar las políticas públicas para el sector agropecuario mediante la formulación de un programa emergente para el 2003 y un programa de cambios estructurales, basados en la nueva ley de desarrollo rural sustentable, con un horizonte hasta el año 2020. Dicho programa debe fomentar la producción agropecuaria para el mercado interno. Debe reducir la dependencia alimentaria y reconstruir las cadenas alimentarias reduciendo las asimetrías entre los productores y las regiones rurales. Dicho programa debe ser formulado por una Comisión de Estado, donde intervengan Ejecutivo, Legislativo, representantes de los sectores sociales y productivos, así como de las universidades y centros de investigación.
Por una verdadera reforma financiera rural. Se trata no sólo de sustituir Banrural por otro organismo centralizado, sino de crear una banca social rural apoyando iniciativas locales y dotarla de un fondo suficiente de recursos.
Asignación de 1% con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5% con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural para el 2003 . El presupuesto para el sector rural se ha venido reduciendo sistemáticamente año con año. Es necesario incrementarlo del 0.62% del PIB (34 mil millones de pesos), al 1%, aproximadamente, es decir, unos 60 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que los subsidios agrícolas norteamericanos han aumentado 300% de 1994 a 2002. Además, es necesario que ese presupuesto no sea ajustado más que por el Congreso de la Unión y que su orientación básica sea para impulsar y fortalecer la producción agroalimentaria para el mercado interno.
Inocuidad y calidad agroalimentaria para los consumidores mexicanos. El libre comercio ha significado para los consumidores mexicanos la importación de alimentos dañinos, transgénicos, contaminados, de chatarra y desecho. Por eso se demanda al gobierno una política de seguridad alimentaria, y la certificación de la inocuidad y calidad de los alimentos para el mercado interno, lo que exige una ley para el etiquetado de alimentos y para la información a los consumidores.
Reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios. Las organizaciones campesinas demandan el cabal cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés como paso indispensable para el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos indios y para el reinicio de las pláticas de paz en Chiapas.
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* Investigador e historiador. Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad Juarez. Miembro y activista de las organizaciones Equipo Pueblo y Frente Democrático Campesino, en el Estado de Chihuahua. Este artículo fue enviado para su publicación en portal del MOIR.