EL MODELO TRANSMILENIO
Aurelio Suárez Montoya, La Hoja de Bogotá, agosto de 2008
Cuando los bogotanos vieron a comienzos del siglo circular por la Avenida Caracas (desde entonces Troncal) unos buses rojos, que parecían dos o tres juntos, quedaron como el infante Aureliano Buendía cuando vio el hielo del gitano Melquíades. Pensaron en los tiempos otrora del tranvía de una firma gringa, la cual -a inicios del siglo XX- sufrió un boicot ciudadano por el maltrato a la comunidad.
Compararon con la “guerra del centavo” y los “racimos humanos”, que aplicaron las empresas de transporte, dueñas de la movilidad luego del 9 de abril de 1948. No pocos rememoraron los trolleys de la Empresa Municipal conectados a las cuerdas eléctricas de la carrera 17, entidad que colapsó merced a la destrucción calculada que de ella hicieron los políticos vinculados al transporte particular y quienes, a su vez, eran de la junta directiva de la compañía pública.
Los capitalinos ignoraban que el novel modelo transportador del siglo XXI era un grado superior del inicuo esquema que había prevalecido y que los grandes prestatarios del servicio renovado eran un selecto subconjunto de los tradicionales transportistas, que algunos llaman los “nueve zares”. Se confeccionó un predominio mayor, mediante la concesión exclusiva de las vías públicas, cuya construcción y enmendadura han costado al Estado, nacional y distrital, más de $3,5 billones, pero de cuyo usufructo los consorcios, de buses rojos, de “alimentadores” verdes y las sociedades recaudadoras y fiduciarias, perciben, como se fijó desde el contrato de adjudicación, el 96% de los ingresos que provienen de las tarifas.
La relación contractual garantiza para los “inversionistas” una rentabilidad, descontando costos y gastos, del 15% (cuando la tasa interbancaria es del 10%), y bajo ese parámetro se regulan la frecuencia de rutas y el número de pasajeros por bus. Las tarifas suben por encima del alza del salario mínimo, el pasajero recorre tramos enormes para acceder al servicio, el tiempo de desplazamiento, puerta a puerta, en muchos casos supera el del transporte colectivo. De otro lado, el costo de los pasajes en Bogotá hace que un millón de personas, no propiamente impulsadas por el ansia de ejercicio, transiten a pie para llegar a sus destinos (Acevedo, 2007). Transmilenio no es apenas un sistema de transporte; es un modelo de “gestión” público-privado, donde lo primero se supedita a lo segundo a costa del propio público, privado así de casi todo derecho.
EL REFERENDO DEL AGUA Y BOGOTÁ
Aurelio Suárez Montoya, La Hoja de Bogotá, septiembre de 2008
Más de dos millones de firmas respaldaron una iniciativa popular al Congreso para disponer, acorde con una reforma constitucional, que el acceso al agua potable sea un derecho fundamental, garantizando un mínimo vital gratuito. Esa iniciativa -que debe aprobarse en un Referendo Popular convocado por el Legislativo- pone en entredicho la privatización de este servicio público domiciliario bajo sus distintas modalidades; bien mediante las concesiones para usufructo particular de la infraestructura o bien de la venta de los activos.
Luego de más de diez años de vigencia de la Ley 142 nadie puede negar el fracaso de la eficiencia externa del esquema privatizador. Me refiero al acceso efectivo de la población al agua, debido al alto costo de las tarifas, y a la calidad, ya que 12 millones de personas además de otros 13 que viven en las zonas rurales no cuentan con agua apta para el consumo. Sólo ha habido interés donde hay oportunidades de rentabilidad para los inversionistas privados; lo cual fue, en últimas, el quid de la reforma neoliberal al régimen de servicios públicos. En contraste con millones de deshidratados y enfermos, están los balances de las empresas y de firmas concesionarias con jugosas utilidades.
Bogotá es el ejemplo. El cobro por metro cúbico básico de agua para el estrato tres, el más numeroso, ha tenido un alza exorbitante. En 1995, cuando valía $170, equivalía al 2,8% del ingreso promedio diario por habitante; para 2007, cuando había subido a $1.736, absorbía un porcentaje cercano al 9% de dicho ingreso. El incremento, en valores nominales, es del 1.000% y la consecuencia primera es que uno de cada ocho suscriptores del servicio permanece suspendido.
A hogares y empresas de Bogotá se les factura el agua más cara del país mientras que el costo, a través de contratos de “burro amarado”, de mantener tanto los concesionarios privados de operaciones técnicas y comerciales en las cinco zonas en las cuales se dividió el acueducto capitalino como al consorcio que explota la planta de tratamiento de Tibitoc, es de más de 100 millones de dólares anuales. Y, peor todavía, en tanto la EAAB le coloca al sistema financiero local para “apalancarlo” más de un billón de pesos en depósitos anuales, los usuarios nada derivan de tal ejercicio. Hay razones de sobra para exigir la convocatoria del Referendo del agua y para votarlo afirmativamente.
HAMBRE Y MUERTE EN BOGOTÁ
Aurelio Suárez Montoya, La Hoja de Bogotá, noviembre de 2008
Muchos bogotanos cuando oyen hablar de la crisis alimenticia piensan en África o en Haití. Desconocen que en la Capital hay cuadros como los que se ven en CNN, no saben que millones de conciudadanos sufren de hambre y malnutrición como en Burkina Fasso o Liberia. Tiene que ver con que la mitad de la fuerza laboral devengue menos de un salario y medio mínimo mensual, con que el desempleo toque al 11% de la población económicamente activa y con que la informalidad arrope al 60% de los trabajadores. También con que el ingreso promedio por habitante sea cerca de 3.000 dólares anuales de los cuales los más pobres gastan casi el 40% en alimentos, que en Colombia 5,9 millones de personas se acuestan y levantan con hambre y, en las circunstancias presentes, se agrava cuando el alza de los precios en el transcurso de 2008 ya se “comió” el aumento del salario mínimo ajustado en enero.
Quienes sí saben lo que pasa son aquellos que desde cuando se levantan luchan a diario por la comida para ellos y sus familias, en un combate que es el leitmotiv de su “rebusque”. Como Bertilda Salas, del Jardín Infantil “Caminos de la vida”, en Casagrande, en la Alta Estancia en Ciudad Bolívar, quien junto con otras 8 mujeres y un hombre atienden el cuidado y la alimentación de 120 niños, para lo cual reparten entre ellos – como en el comunismo- los cinco sueldos que les entrega Bienestar Social; o como Evelia Castro, de la Asociación Comunitaria “Vamos al Grano”, que siembra con otras 70 familias en patios del barrio San Martín de Loba, en San Cristóbal, rábanos, lechuga, espinacas y acelgas para subsistir; o como Carmen Díaz, de Usme, que baja la leche del páramo a caballo para proveer a bajo precio a sus clientes de esa localidad el líquido para ser hervido; o como María Antonia Viasús, quien, como otras 410 mujeres en Bosa, “hace de tripas, corazón” como madre comunitaria, para alimentar todo el día y todos los días con $1.483 a cada uno de los 13 niños que tiene por encargo del ICBF y a cambio de lo cual percibe menos del 70% de un salario mínimo.
Tan esforzadas soluciones para el hambre están vinculadas con el modelo de ciudad puesto en marcha hace dos décadas, son una forma de resistencia a las funestas privatizaciones de los servicios públicos domiciliarios que absorben, en más de la mitad, el ingreso de los hogares pobres y que reducen lo destinado a vestuario, salud, alimentos y transporte. La hambruna es la antesala de la muerte. “La mayoría de esos niños fallecen a causa de enfermedades infecciosas curables, como diarrea, neumonía… Habrían sobrevivido si su cuerpo y sistema inmunológico no estuviera debilitado por el hambre y la malnutrición” (FAO). Infortunadamente, las tendencias de ese tipo de mortalidad aún prevalecen en Bogotá; ¿Hasta cuándo?