Cuando Alvaro Uribe propuso un referendo contra -la politiquería y la corrupción-, fundó su propuesta en que todos los atentados contra el patrimonio público en Colombia venían del Congreso. Esta tesis fue aceptada por el mismo poder legislativo al aprobar, con las mayorías uribistas, el texto que se someterá a consulta popular y que tiene como asidero una campaña continua de desprestigio contra la clase política del país. Tal cruzada se ha adelantado colocando a los políticos como responsables exclusivos de los quebrantos que padece la nación y ellos mismos la han ayudado con su comportamiento; no sólo por los actos bochornosos al estilo Pomárico, sino, sobre todo, por la aprobación que le han dado a los programas neoliberales que redujeron el desarrollo del país a expresiones mínimas. Como muestra, es notorio que los principales desaguisados contra el Tesoro Nacional, de propiedad de todos los colombianos, no se tipifiquen en el referendo para ser juzgados por la sociedad de un modo más severo que cualquier otro tipo penal. Para recordar algunos de ellos, he elaborado el siguiente cuestionario, omitido en el referendo uribista, con lo cual éste, antes que combatir a los verdaderos corruptos, les tiende una cortina de humo para desviar la atención general hacia blancos secundarios.
Considera Usted como un acto de corrupción:
¿Vender a Carbocol, cuando iba a empezar el retorno de utilidades y la recuperación de la inversión inicial, al darse una -bonanza carbonera- como estaba previsto, perdiendo según la Contraloría General más de mil millones de dólares?
¿Prorrogar a la Chevron Texaco el contrato de explotación del gas de La Guajira en Chuchupa II privando a la Nación de más de 400 millones de dólares para trasladarlos a ese consorcio?
¿Rescatar a los especuladores con TES de menores intereses recurriendo a $200.000 millones del Banco de la República?
¿Participar en las reuniones del Gabinete Ministerial siendo miembro de la Junta Directiva de Bavaria y agente de la firma Violy, Byorum & Partners?
¿Percibir varios miles de millones de pesos como comisionista del arreglo entre las firmas telefónicas multinacionales y TELECOM, siendo la causa primera del problema “los malos cálculos” hechos cuando el mismo comisionista era Director de Planeación, cargo que ocupa ahora su hermano que será veedor del propio acuerdo?
¿Ofertar en la cumbre MILLENNIUM BOARD en Cartagena en el mes de enero pasado el presupuesto de la “Seguridad Democrática” entre firmas norteamericanas vinculadas a negocios militares como Lockeed Martin o Busineess Executives for National Security, que transan aviones o contratan a generales, almirantes y oficiales gringos en retiro?
¿Promover en el mismo aquelarre, entre firmas como Thayer Capital Patners y Kleiner, Perkins y Caufield & Byers, “gestoras eficiente de ofertas públicas”, la subasta de lo que queda de Bancafé, Granahorrar y, quizás, nuevas oportunidades de privatización en comunicaciones y salud, unas de sus especialidades?
¿Subvertir el orden jurídico nacional llevando demandas contra el Estado a tribunales internacionales como lo hizo un abogado en el caso del Metro de Medellín, por mil millones de dólares, y saltar después al ministerio de justicia?
¿Inventar, a partir de la figura de contratista, la extensión a la de empleado para hacerse por $20.000 millones menos a la mayoría de acciones de una empresa oficial distribuidora de gas y saltar después al ministerio de justicia?
¿Defender como apoderado a una empresa gringa que nunca perfeccionó de hecho el contrato de venta de energía a una distribuidora estatal, como Termorío a Corelca, en demanda por 60 millones de dólares y saltar después al ministerio de justicia?
¿Ir y venir del FMI al ministerio de Hacienda y en cada vuelta comprometer al país en acuerdos para favorecer con exclusividad a los tenedores de bonos de deuda pública?
¿Iniciar una nueva ola de privatizaciones rodeado por los mismos que vendieron a TermoTasajero por una quinta parte y a TermoCartagena por una décima de su valor y a la Empresa de Energía de Bogotá devolviendo a los beneficiarios una porción de “la capitalización”?
Como se ve, en estos malabares, en los de la carne pulpa, no son los congresistas quienes se han desempeñado. Aquí está otra clase: la tecnocracia neoliberal. A ella ni a sus patrones, como Violy MacCausland promotora del Millenium Board, el referendo no la toca “ni por el forro”. Razón para la abstención. ¿Quieren, acaso, otras más?
Marzo 19 de 2003