Roberto Schmalbach, Bucaramanga, julio 10 de 2008
Se ha denominado como terremoto político el colérico pronunciamiento que el presidente Uribe hizo el jueves de esta semana, en el que anunció la convocatoria del congreso de la república para que apruebe un referéndum que ratifique su elección del 2006, luego de lanzar todo tipo de agravios contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que acaba de dictar en la que condenó a 43 meses de prisión a la exparlamentaria Yidis Medina por el delito de cohecho, que involucra a varios funcionarios de su administración.
El desmantelamiento del estado de derecho que pretende el presidente de la republica es de tal gravedad, que muchos sectores, personalidades y el común de las gentes, se encuentran preocupadas frente a la posibilidad de que en Colombia se establezca un gobierno con un absolutismo propio de las dictaduras, de forma tal que desaparezcan los contrapesos de las tres ramas del poder, de las cuales ya el presidente Uribe controla dos; el ejecutivo propio de su envestidura y el legislativo sometido a su discreción.
Las fuertes declaraciones de los presidentes del partido Liberal, César Gaviria, del Polo Democrático Carlos Gaviria, el ex alcalde Antanas Mockus, de Juan Camilo Restrepo del partido Conservador, e incluso de voceros de partidos uribistas en los que rechazan las declaraciones del presidente Uribe, el desconocimiento de los fallos de la justicia y las temerarias acusaciones que hace a la Corte Suprema, son reflejos de que en Colombia la seguridad democrática es un artilugio de un régimen que no sabe gobernar en un estado de derecho.
Las investigaciones que la Corte hizo sobre la actuación de la ex representante a la Cámara Yidis Medina en el proceso de la votación de la reelección en el congreso de la república, que dio lugar a la condena por cohecho, era un secreto a voces en el puerto petrolero. La situación se vio aclarada cuando la parlamentaria se sometió a la justicia y confesó el delito cometido, en la cual expreso que no participó sola sino que lo hizo con el concurso de altos funcionarios del gobierno. Por sus declaraciones, Medina ha soportado la ofensiva del presidente y su ministro de Protección Social y ahora estos se descargan con toda su ira contra la Corte suprema de Justicia, sin importar el rompimiento del ordenamiento constitucional.
El referéndum que pretende el gobierno busca anticiparse a un eventual estudio y decisión de la Corte Constitucional, sobre el proceso que aprobó la reelección, que es lo que la Corte Supresa encontró cuando analizó el acervo probatorio que la llevó a condenar a Yidis Medina. El gobierno no puede pasarse de astuto intentando un referéndum sobre los resultados de unas elecciones, cuando lo que se está discutiendo es la forma ilegal como se obtuvo la autorización para reformar la constitución que aprobó la reelección. Son dos cosas distintas que no se pueden definir con un referéndum, a menos que se éste buscando de manera anticipada un plebiscito para otra reelección en el 2010.