Aurelio Suárez Montoya, La Tarde, Pereira, 20 de Mayo de 2008
El senador Jorge Enrique Robledo dirigió una carta al Contralor de la República, Julio César Turbay, solicitando la suspensión de la audiencia de capitalización de la Empresa de Energía de Pereira (EEP) fijada para el 21 de mayo. Argumenta, apoyado en documentos ciertos, que es anómala la participación en ese acto de uno de los proponentes, la Empresa de Energía del Tolima (Enertolima), firma de la cual, a su vez, es socia la EEP.
La denuncia radica en que la EEP, para estar en la Empresa Capitalizadora del Tolima Ltda., propietaria de Enertolima desde junio de 2006, recibió un préstamo de $3.687 millones (y que hoy vale más de 5.000) del ciudadano Alberto Ríos Velilla. Esa transacción, al ser el prestamista una persona natural, fue glosada por el ministerio de Hacienda, que se abstuvo de inscribirla como operación de crédito público, y la firma de banca de inversión, Nexia, la catalogó como “un riesgo” para EEP. La incorporación de EEP en dicho consorcio se aprobó con la condición de que no invertiría de sus recursos pues solo aportaría su experiencia. Sin embargo, hubo cambio en las reglas y se le impuso aportar dinero y hasta la fecha no se le ha tenido en cuenta en lo más mínimo para la administración de Enertolima.
¿Quiénes son los socios de la Empresa Capitalizadora del Tolima que exigieron el aporte extraordinario? Inicialmente, el 100%, bajo la figura de Empresa de Energía del Combeima, pertenecía a un conjunto de firmas del mismo Ríos Velilla: Aseo Capital, Servigenerales del Valle y ENELAR, la que maneja el alumbrado en Pereira. No obstante, luego de ganar la licitación, se consolidó una nueva compañía propietaria, la Capitalizadora, con el ingreso del denominado Grupo Nule, representado por MNV S.A., Gaskapital y otras, agrupadas en la razón social Kapital Energy, que compró la mitad. Así, Ríos Velilla y el Grupo Nule, que apenas apareció en la escena final, se aprovecharon de la EEP para hacerse a Enertolima (su presencia era un requisito para licitar), la asociaron con el 5%, que se hizo a través de un préstamo ilegal, y ahora -desde Enertolima- se disponen a tomársela. Es evidente que se abusó de la EEP; ¿ignoraba el Grupo Nule todo el proceso? ¿Por qué apareció como socio definitivo? ¿El juego se llama “pague una y lleve dos”?
No son suspicacias, se trata del conglomerado que la revista Semana en marzo de 2006 bautizó “los nuevos cacaos” y cuya trayectoria reciente se marca por un auge de adquisiciones de activos regionales y de jugosos contratos estatales y también por ciertos hechos que muestran un fácil acceso a recursos públicos para sus negocios. Fue beneficiario de un préstamo, a través de fiduciarias, de más de $25.000 millones provenientes de la Dirección de Estupefacientes para ejecutar el contrato de la doble calzada Girardot-Bogotá, y también su organización MNV, socia de Enertolima, matriz del Grupo y con contratos en Panamá por 30 millones de dólares, era interventora del manejo de las regalías de Casanare, de las que también corrió plata para la misma vía. “Obtienen concesiones, se financian con el Erario y además auditan esos recursos públicos” (Semana). En Bogotá está asociado, con la misma firma del discutido contrato de “patios y grúas”, para el manejo privado comercial de una zona del Acueducto, también opera este servicio en Cúcuta, Neiva y en áreas de Cundinamarca.
Ríos Velilla está en lo mismo. Con Servigenerales cubre el aseo en Armenia (y también el alumbrado así como en Santa Rosa y Belén de Umbría), Buga, Facatativá, Montería, Yumbo, Soacha y Tunja y hace la factura de servicios en varias ciudades, incluida Pereira, a través de un contrato que está investigado penalmente. Salieron de Cali en medio de alegatos, tiene la concesión de Transantiago (Transmilenio de Santiago de Chile) y de una línea de Transmilenio en Bogotá, donde es concesionario del aseo con Aseo Capital. En el alumbrado de Pereira cobró un tiempo por el doble de las bombillas existentes y no ha restituido el excedente.
El recuento muestra cómo las prácticas para tomarse los servicios públicos domiciliarios y los contratos públicos como fuente de liquidez y palanca de ganancia para “los inversionistas” en Colombia, no tienen consideración alguna con el patrimonio público construido ni menos con los derechos de los ciudadanos, privatizando al disfrute del favoritismo oficial y formando carteles de concesiones y contratos. ¿No hay opinión ni ciudadanía que impidan tan desvergonzado chalaneo ni que denuncie a gobiernos, alcaldes y funcionarios que se prestan para coadyuvarlo?