Comité Ciudadano de Usuarios de Servicios Públicos de Cali, mayo 5 de 2008
Nuevamente de manera antidemocrática, haciendo uso de la figura de la Intervención con la que se tomaron nuestras dos empresas públicas y las manejan en beneficio de los monopolios financieros, el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de SS.PP. y al mando del conocido magnate uribista Gustavo Moreno Jaramillo prepara la presentación de un nuevo “HOLDING” para EMCALI con el fin de dividirla en sociedades privadas, por acciones, feriando el 51% de Energía y Telecomunicaciones y privatizando el 100% de la operación de Acueducto y Alcantarillado. Y, para EMSIRVA, culminar su propósito de santificar el nuevo botadero de Yotoco, a 49 kilómetros de Cali, como “de disposición final” y entregar el 75% de la operación por 30 años, acciones que aumentarán las tarifas entre el 35 y el 55%.
Cuando logramos reunificar a EMCALI en 1999, derrotando el inicial “holding” con el que Mauricio Guzmán y los concejales del momento la dividieron en ACUACALI, ENERCALI, EMCATEL y GENERCALI y desarrollaron los negocios de Termoemcali y la PTAR endeudándola gravemente (Acuerdo Municipal 014 de diciembre 26 de 1996), Andrés Pastrana y Ricardo Cobo la presentaron quebrada e inviable y la intervinieron en marzo de 2000. A principios del 2003 “el salvador” Uribe Vélez dictó su liquidación (Resolución 141) para, con su estilo autoritario y chantajista, imponer el “Todos Ponen” (Convenio de Ajuste Financiero, Operativo y Laboral) que entregó la dirección de la empresa a los bancos desde marzo de 2004 por 20 años; en diciembre “arreglaron” Termoemcali prepagándose multimillonaria deuda y destrates; hasta hoy ya se han pagado más de setecientos mil millones de pesos ($700.000.000.000=), gran tajada de los 4.350 millones de pesos diarios promedio que nos sacan del bolsillo a los 550.000 usuarios necesitados de agua, luz y teléfono. A las altas tarifas, al 2% y a las ilegales arbitrariedades fruto de los contratos a dedo como Parquesoft, Sercali, nóminas paralelas y demás, que pagamos cada usuario mes a mes, le quieren añadir el despojo a menosprecio del principal patrimonio colectivo del Valle construido en más de setenta años, la séptima empresa del país en ingresos, más altos que los de Avianca, Bavaria, el Éxito o La 14.
No respetan que la ciudadanía con sus organizaciones, en permanente lucha cívica durante ya más de 10 años, con sus argumentadas denuncias y masivas movilizaciones hemos demostrado la confabulación del Ejecutivo nacional a favor de los grandes potentados que, desde la expedición de la Ley 142 de 1994 con su política neoliberal al mando, legalizaron convertir los servicios públicos esenciales en negocio. Nunca dejarán de buscar su más alto lucro, presentando como indispensable y salvadora su participación privada en éstas, por encima de la voluntad general.
Reafirmamos lo dicho en nuestra carta de navegación: “el Comité Ciudadano de Usuarios de Servicios Públicos de Cali como movimiento Cívico, Unitario, Amplio, Independiente y Democrático se propone unificar y organizar a amplios sectores de la población y estar en capacidad de dirigir la Resistencia Civil requerida para enfrentar las políticas del gobierno nacional que lo perjudican”. Desde el vecino del último barrio hasta los dignatarios del Concejo y de la Administración Municipal, con todas las personas y organizaciones que se precien de dignidad patriótica, nos proponemos acordar una gran UNIDAD DE ACCIÓN CIUDADANA para frenar ésta nueva pretensión contra los caleños.
Reuniones Ordinarias todos los MARTES a las 4:00 p.m. en la sede comunal del barrio 20 de JULIO, Diagonal 23 #22-00, a dos cuadras de Comfandi El Prado. Teléfonos: 310-8245661, 317-7303220, 300-7845482 y 311-7220476