Esta columna periodística tiene como título el nombre de una conocida comedia norteamericana, que nos sirve de marco para el análisis de los primeros actos del nuevo gobierno, que están suscitado amplios debates entre el pueblo colombiano, y en particular entre quienes votaron esperanzados por Álvaro Uribe Vélez, y que ya se encuentran en una gran frustración, cuando apenas se cumple el primer mes de su mandato presidencial.
Cuando el 26 de mayo, a las cuatro y media de la tarde, todavía sin conocerse el resultado de las elecciones, la embajadora gringa, Anne Patterson, visitó el salón del lujoso hotel donde operaba la organización del candidato que resultaría triunfante, el país no tomó ese acto como protocolario sino como señal de que la “Gran Democracia del Norte” estaba atenta a una sucesión en la cual seguiría “manejando los hilos”, que la obra de entrega de soberanía adelantada por Pastrana se ahondaría en los cuatro años siguientes.
Posteriormente, el nombramiento de ciertos personajes en ministerios claves empezó a dar idea de que las heridas que se iban a infligir a la patria serían profundas. En efecto, antiguos apoderados de compañías norteamericanas en pleitos contra la Nación, como Londoño Hoyos, y Marta Lucía Ramírez, por varios años al cuidado de las maniobras comerciales de la Philip Morris, recordaron los tiempos en que los abogados de las petroleras, como Olaya Herrera y Urdaneta Arbeláez, asumían el poder. O la designación en altos cargos de Roberto Junguito, oficioso funcionario del FMI, de Jorge Humberto Botero y Santiago Montenegro, provenientes de la Asociación Bancaria y de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, principales gestores de la “reactivación” de los entes especulativos en la pasada administración, aprovechándose de recursos de los colombianos por más de once billones de pesos. O el poder especial entregado a Rudolf Hommes, comisionista de “inversores” extranjeros, para quien los cafeteros son “pechugones”, los obreros perezosos y los empresarios “ineficientes”, forman una galería cuya esencia está ligada estrechamente con intereses extraños a Colombia, de donde han derivado las mayores porciones de sus jugosos ingresos profesionales. Cualquiera entendería que por tal condición son los menos indicados para adelantar con consecuencia las causas propias de la República.
No transcurrió el tiempo suficiente para asimilar el conjunto de esa alta “meritrocracia”, cuando apareció el voto favorable para que la Corte Penal Internacional no pueda juzgar a militares estadounidenses por delitos que cometan en nuestro territorio. Si bien algunos pueden pensar que se trata de una oposición del Gobierno a la “globalización” de la justicia, la sorpresa es que dicha postura aparece cuando los Estados Unidos la ordenan, ganando, de paso, mayor prepotencia para el ejercicio de acciones “pacifistas” cuando esté interesado en ello. Porque aquí lo más grave es que nuestra justicia tampoco los condena, como sucedió con aquel oficial delincuente de la Embajada yanqui, encontrado culpable de narcotráfico, pero que terminó recibiendo una irrisoria pena por parte de sus compatriotas.
Se decreta el estado de Conmoción Interior, y lo primero que se hace, según lo había prescrito Otto Reich, es aumentar el aporte de los colombianos al conflicto, incrementando al doble los gastos que en seguridad se tuvieron en el año 2001.El 24 de septiembre el, presidente Uribe irá por primera vez en visita oficial a la Casa Blanca y los resultados ya anunciados de esa actividad presagian terribles secuelas en la salud y en la agricultura nacionales. ¿Por qué se afectarán esas dos importantes áreas? Por la presión estadounidense para impedir en Colombia la venta de fármacos y agroquímicos genéricos. Los ingredientes activos básicos de remedios, plaguicidas o fertilizantes no se podrán vender en sus fórmulas simples sino en las de marcas de las casas comerciales extranjeras. No habrá más loratadina, tendremos que comprar clarytine para las alergias respiratorias; no encontraremos monocrotofox, nos venderán azodrin para el control de lepidópteros y “saltadores de hojas”.
Esa disposición, según algunas cuentas, significará para los colombianos tener sobrecostos de 700 millones de dólares anuales en la compra de medicamentos, un renglón que en los últimos años, según Emilio Sardi, le ha enviado a las multinacionales más de dos mil millones de dólares en recursos transferidos. Para el caso de la agricultura, será prácticamente la desaparición de este debilitado sector. Una encuesta del año 2001 muestra que 29% de los empresarios dicen que el costo de los insumos es el “factor más desfavorable” para su desempeño productivo, por encima del “orden público”. Los insumos representan 47,4% de los costos en arroz, 28,7% en algodón, 60% en papa, 28,3% en palma, 42% en fríjol y 24,4% en maíz. La aplicación del decreto 459 de 2001, que permitía el abaratamiento de este rubro al aprobar la venta de genéricos agrícolas, ha sido saboteada hasta el momento por las poderosas multinacionales, lo cual explica que en el país los plaguicidas sean más caros que en casi todo el resto de Latinoamérica, para una demanda actual estima en 600 millones de dólares. En el café es más grave: al prohibirse, a la vez, el uso de endusolfán y la venta de genéricos, se cierra cualquier posibilidad racional para el control de la broca.
Treinta días han sido mucho y muy poco con este Gobierno: impuesto regresivo al patrimonio, disposiciones y personajes influyentes con claros talantes fascistas, embajadores foráneos “llamando a los reservistas”, medidas económicas y sectoriales que tras los fementidos halagos del ATPA llevan a Colombia inerme hacia el ALCA, hacia la “recolonización”. En lo que toca con el actual cuatrienio, hasta el 2006, se sabe muy bien “quién es el patrón”
Pereira, septiembre 9 de 2002