Desde hace casi 10 años el número de programas de medicina ha venido en aumento. En la actualidad hay 46 programas registrados en el ICFES y aunque podría parecer que existe una sobreoferta de médicos, la verdad es que Colombia no alcanza ni de lejos el promedio de 390 habitantes por médico que poseen los países desarrollados o que cuentan con buenos sistemas de seguridad social. De estos 46 programas, 12 están concentrados en Bogotá y 14 se desarrollan en universidades públicas; en las instituciones privadas que ofrecen medicina, es difícil encontrar una matrícula menor a los dos millones de pesos el semestre.
Sumado a los acostumbrados exigentes requisitos académicos, la escasez de oferta pública y los altísimos costos de la oferta privada, el futuro médico debe enfrentarse con la peor crisis de esta profesión milenaria. Me atrevo a afirmar que en Colombia la profesión más negativamente impactada con el modelo neoliberal fue la médica. Con la ley 100 no sólo llegaron el enriquecimiento de los intermediarios -las EPS’s-, la privatización, quiebra y cierre de instituciones de salud, el deterioro de las condiciones de acceso a la salud de la población general, el incremento de enfermedades reemergentes y las demandas a los facultativos; sino también el aumento de la carga laboral, los despidos masivos de trabajadores y médicos de los hospitales, la reducción del salario o su flexibilización, las demoras en los pagos y las restricciones que imponen las EPS’s a la actividad médica: no prescriba medicamentos por fuera del POS ni solicite exámenes, reduzca el tiempo de la consulta, no pida interconsultas con especialistas, ¿cómo así que cirugía, prótesis, TAC o resonancias?
Entre el ingreso a la universidad y el ejercicio de la profesión, está todo el proceso de estudio, seis o seis años y medio de carrera, uno de ellos como médico interno, durante el cual usted es un estudiante que tiene todas las responsabilidades de un médico, pero lo tratan como a un esclavo y no le pagan un centavo, no lo vinculan a una aseguradora de riesgos profesionales y a duras penas le dan la comida. Después se gradúa como honorable médico y cirujano y debe prestarle a la patria un año de servicio médico rural como requisito para obtener la tarjeta médica y poder conseguir un mal remunerado trabajo. En ese año se da cuenta de lo mal que está el país, no hay enfermeras, los hospitales están acabados, hay carencia de dotación de materiales de trabajo, y la gente se enferma de unas cosas que a usted ya se le olvidaron o nunca se las enseñaron. ¿Qué le puede esperar al país en esta materia si el ponente de la fatídica Ley 100, causante en buena mediada de la hecatombe, es hoy el presidente electo de los colombianos y como ministro de salud ha designado al coautor desde el gobierno de las misma, Juan Luis Londoño?
No podemos quedarnos de observadores ante el problema de la salud en Colombia, es ineludible el deber de organizar a la comunidad y a los trabajadores de la salud en torno a la defensa de este derecho fundamental.