José Arlex Arias, Cartagena, abril 26 de 2021
La confiscación es el apoderamiento arbitrario de los bienes de una persona por el Estado; la pérdida compulsiva de la propiedad a favor del Estado sin contraprestación ni indemnización alguna; se trata de una represalia, generalmente por parte de quienes detentan el poder. Es lo más parecido a lo que le pasa a la inmensa mayoría de los colombianos, víctimas de unos cuantos que dominan el poder –bautizados por el candidato presidencial Jorge Robledo como “los mismos con las mismas”–, quienes disponen del presupuesto y del patrimonio de la Nación y de sus habitantes como les da la gana y en beneficio propio y de extranjeros, utilizando mecanismos legales pero también ilegales o corruptos. El proyecto de tercera Reforma Tributaria de Iván Duque es casi una confiscación de lo poco que poseen las clases media y pobre, así como de productores nacionales, del campo y la ciudad, trabajadores y pensionados.
La gran mentira es que se trata de una “Ley de Solidaridad Sostenible”, cuando se trata de una confiscación agresiva y regresiva que quieren imponer con el chantaje de que si no se aprueba se acabaran los subsidios de la población más vulnerable. Estos mecanismos asistencialistas, convertidos en filón de clientelismo y corrupción, funcionan con cargo al Presupuesto Nacional, vía préstamos de la banca multilateral. Pero por la emergencia de la pandemia se pueden tomar otras fuentes de financiación como: Emisión de capital y/o utilidades del Banco de la República, repatriar parte de las Reservas Internacionales, que según el Banco de la República son US$59.000 millones a enero de 2021 ($215 billones); otra fuente de financiamiento es abolir las exenciones y exclusiones tributarias al gran capital por más de $50 billones anuales, y detener los corruptos que se roban otros $50 billones anuales.
Despejada la gran mentira, queda claro que esta Reforma Tributaria lo que busca es garantizar el pago de la deuda externa, que según datos oficiales alcanzó US$156.834 millones a enero de 2021, que equivale al 51,8 % del PIB del país, un 11,6 % más frente a lo registrado en enero 2020 (US$140.474 millones), o sea que por cada 100 pesos que producen los colombianos, les toca pagar $51,80. A ello hay que agregar que, según el Ministerio de Hacienda, la deuda del Gobierno Nacional Central cerró en el 58,1 % del PIB en enero de 2021. Lo anterior quiere decir que el indicador llegó hasta los $632,18 billones, que en moneda estadounidense serían unos US$177.600 millones. El pago de la deuda externa e interna, que incluye la del sistema financiero nacional, y el compromiso con Estados Unidos de comprarle 40 aviones de combate por US$4.500 millones a una de sus empresas, son el motivo de la agresividad de la Reforma Tributaria contra la población, pretendiendo limitar al máximo el consumo y la capacidad adquisitiva, incluyendo nuevos impuestos o incrementando los existentes, como a los combustibles, a los servicios públicos y a los productos de primera necesidad, con los cuales recauda $10 billones; amplía también la base tributaria hasta quienes devenguen un poco más de $1.8 millones al mes; grava los insumos agropecuarios; crea el impuesto a las pensiones hasta de $4,8 millones; elimina los recursos parafiscales atentando contra las Cajas de Compensación Familiar; grava los vehículos y golpea la naciente economía verde. En su conjunto, es un atentado contra la supervivencia del pueblo colombiano, una verdadera confiscación contra la cual se realizarán muchas protestas. ¡Detener la confiscación: clama la población!