Ya son cinco los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, con sede en Fusagasugá, que han decidido valerosamente entrar en huelga de hambre, acción respaldada por la Asamblea General de Estudiantes con un cese de actividades de la mayoría de facultades y con acciones de movilización que han encontrado el apoyo de amplios sectores de la población.
Las causas que llevaron a los universitarios a tomar estas medidas de hecho son más que justas. La Universidad de Cundinamarca, al igual que el resto de universidades públicas del país, está siendo agobiada por las imposiciones del gobierno en materia de reformas curriculares, administrativas y de ajuste presupuestal. Según análisis oficiales, la UDEC es considerada como la institución pública estatal de educación superior más costosa del país. Las matrículas de 900 mil pesos para los estudiantes de ingeniería y de 450 mil para las demás carreras así lo demuestran. Y las directivas ya aprobaron elevarlas el próximo semestre a un millón y quinientos mil pesos, respectivamente. La UDEC, además, está siendo obligada a funcionar con recursos propios casi en un ciento por ciento, pues la Gobernación de Cundinamarca no la financia adecuadamente. El departamento sigue debiéndole a la Universidad la cuantiosa suma de 40 mil millones de pesos, deuda que no había querido ni siquiera reconocer hasta que finalmente debió hacerlo gracias a la lucha adelantada en el 2004 por estudiantes, profesores y trabajadores.
Las políticas de bienestar universitario no satisfacen las necesidades de la comunidad. La infraestructura en laboratorios y bibliotecas es insuficiente. Cuesta creer que en una sede que alberga a 3.500 estudiantes haya solo 17 computadores. Los programas de hogar y restaurante cuentan únicamente con 50 y 150 cupos estudiantiles. No existen garantías para hacer prácticas educativas. No hay incentivos a quienes que se destacan académicamente.
Hay 700 profesores de cátedra contra 53 de planta para las 8 sedes y seccionales. Los primeros carecen de estabilidad laboral y no pueden participar en ningún tipo de asociación que defienda sus intereses so pena de perder el contrato. Se les asigna una carga académica tan abrumadora, que les impide la investigación y proyectarse hacia lo más avanzado de la ciencia.
A finales del semestre pasado las directivas impusieron una reforma curricular encaminada a cumplir con los lineamientos del decreto 2566 de 2003, en consonancia con las medidas que el Fondo Monetario Internacional, FMI, le dicta al país y que son acatadas sumisamente por el gobierno de Uribe Vélez. Las directivas no permitieron que la reforma curricular fuera debatida por la comunidad universitaria. Anarquizaron el plan de estudios, obligaron a trabajar con créditos académicos, redujeron a uno materias de tres créditos, permitieron a los primíparos cursar asignaturas de semestres avanzados y a los de 7° semestre los mandaron a ver materias de primero y abolieron los prerrequisitos en aras de la “flexibilización académica”. Fue tal el caos que crearon, que hay estudiantes que matriculan hasta 16 materias con el consabido sacrificio de la calidad.
Y para completar el cuadro, los estudiantes no pueden hacer uso del derecho legítimo a la protesta, pues son sometidos al señalamiento por parte de la administración y se les proscribe de la Universidad violando el debido proceso, como le ocurrió al estudiante David Ricardo Suárez, de IX semestre de ingeniería electrónica, que fue expulsado durante el periodo de vacaciones por participar en una movilización en octubre de 2006 exigiendo más computadores para los estudiantes.
Reducir la duración de las carreras, hacinar a decenas de estudiantes en las aulas, resolver todo mediante la autofinanciación, eliminar el bienestar universitario, contratar profesores catedráticos sin estabilidad laboral y desmejorar la calidad son medidas que apuntan a adecuar el aparato educativo a los lineamientos del Tratado de Libre Comercio, TLC, que el gobierno de Uribe Vélez suscribió con el de Bush, para que la educación quede sujeta a las leyes del mercado y no al desarrollo productivo de la nación.
La Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, respalda el movimiento de la comunidad udecina en defensa de la democracia y se vincula decididamente a la lucha por el reintegro del estudiante David Ricardo Suárez al Alma Máter. La OCE convoca a la población colombiana a trabajar por una educación pública, científica y al servicio de las masas populares. Un pueblo sin educación es un pueblo condenado al subdesarrollo y al sometimiento.