Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, junio 4 de 2020
La superestructura jurídica, política, cultural, ética, refleja por lo general la realidad económica de una sociedad, pero también hay momentos en los que entran en contradicción por diversos motivos. A mediados del siglo XIX, Luis Bonaparte designó a Odilon Barrot como ministro de Justicia francés, el cual hizo variadas maniobras incitando a los obreros y otros sectores sociales para que se insurreccionaran y dieran motivo a un golpe de Estado. Al “Pequeño Napoleón”, como fue designado Luis Bonaparte, le estorbaba la normatividad jurídico-política vigente y su ministro Odilon Barrot acuñó la famosa frase de “la legalidad nos mata” (*). Ambos necesitaban pasarle por encima.
En Colombia se vienen presentando con frecuencia este tipo de situaciones, una de ellas con ocasión de la pandemia del coronavirus. El presidente Duque ha pretendido gobernar sin los contrapesos del poder Legislativo y hasta cierto punto lo ha logrado con algunas resoluciones de Emergencia Económica y Social al no permitir expresamente las reuniones presenciales del Congreso de la República por cuanto están “prohibidas las reuniones de más de cincuenta personas”. Y no ha cesado de entrometerse en los asuntos del parlamento, para lo cual ha contado con las cabezas visibles del mismo y principalmente del Centro Democrático, lo cual ha recortado el control político.
El 20 de marzo pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a nombre del Gobierno nacional, enajenó los activos de Electricaribe, empresa que era de Gas Natural Fenosa pero que fue intervenida con fines de liquidación por la Superservicios en noviembre de 2016 por la falta de pago a los generadores de energía y el pésimo servicio. El gobierno le tuvo que insuflar recursos oficiales por más de cinco billones de pesos y se niega a revelar ahora el precio de venta alegando que se trata de un “secreto comercial” porque supuestamente se hizo entre privados, siendo el único privatizador el Gobierno nacional. Sin embargo, una de las empresas compradoras, Enerpereira, de Alberto Ríos Velilla, anunció el día del negocio que pagaría $285.000 millones por Caribe Sol, a lo cual hay que descontar los $119.000 millones que le correspondieron de cartera por cobrar, haciendo más irrisorio el negociado contra los colombianos.
Y qué decir del ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional, no solo de tránsito, como informó la embajada de USA (**) en un comunicado oficial el 27 de mayo pasado, según el cual “la Brigada SFAB viene en misión contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional”. La alusión a Venezuela es evidente, por más que se encubra tras “la operación antidrogas de Mejores Esfuerzos, anunciada el 1° de abril por el Presidente de EEUU, Donald Trump”. Lo reconoció el mismo día el secretario de Defensa de USA, Mark Esper, cuando dijo por Twitter. “La nueva operación antidrogas va contra @NicolasMaduro también” (***).
Expertos juristas, congresistas de varios partidos políticos y analistas de la opinión pública han denunciado que esta presencia de tropas estadounidenses es ilegal e inconstitucional por no cumplir con las previsiones de la Carta Magna, principalmente sus artículos 173-4 y 237-3, que le ordenan al presidente contar con el visto bueno del Senado de la República o del Consejo de Estado. La decisión, además, atenta a todas luces contra la soberanía y la autodeterminación nacional.
Es como si la sujeción a las normas le entorpeciera a Duque la aplicación de las políticas oficiales para mantener el statu quo, la inequidad sin límites, la corrupción rampante que cunde sin freno y sin Fiscalía que valga. Lo prueban Odebrecht, Medimas, Reficar, TripleA, Bonos Carrasquilla, Navelena, Chuzadas de la Inteligencia Militar. Al compás de su máximo Jefe, Trump, que les da “ejemplo” rompiendo tratados internacionales como el Tratado Nuclear con Irán, el Acuerdo de Cambio Climático de París y el Pacto Mundial sobre Migración y Refugiados. Se salió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y les cortó los fondos no solo a la OMS, en medio de la pandemia del siglo, sino también a los refugiados palestinos. Y la lista sería interminable.
El gran desorden bajo los cielos tiene varios aspectos positivos: uno, la búsqueda de nuevas políticas económicas basadas en relaciones comerciales y diplomáticas de beneficio mutuo y respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países del orbe. Otro, que se generalice la renta básica para las mayorías a fin de servir de acicate a la demanda de bienes y servicios y jalonar por ende la producción agraria e industrial. Un tercero, la necesidad apremiante de que los países dejen de someterse al gran capital financiero y especulativo y acepten el cumplimiento de los acuerdos pactados sin imposiciones.
Notas:
(*) Lucha de clases en Francia de 1848 a 1850, Carlos Marx
(**) https://co.usembassy.gov/es/mision-sfab-viene-a-colombia/
(***) https://www.voanoticias.com/estadosunidos/eeuunarcotrafico-coronavirus