José Arlex Arias, Cartagena, octubre 21 de 2019
Cada día son más las luchas de los pueblos del mundo –encabezadas en su mayoría por sus trabajadores– contra las medidas de los gobiernos que les imponen restricciones a un salario digno, a sus prestaciones sociales y pensiones que les garanticen mínimamente su vejez, y al recorte de los derechos fundamentales –salud, educación, servicios públicos esenciales, entre otros–, los cuales han pasado a ser el negocio más preciado de las multinacionales y poderosos, haciendo que los Estados se desentiendan de su principal obligación: garantizar la vida digna de sus habitantes. Es la consecuencia del denominado “modelo de mercado”, en el que oferentes y demandantes deberían regular el precio e intercambio de bienes y servicios, pero que al final dejan establecido que todo es un negocio, y por lo tanto el acceso a esos “bienes y servicios” en los que se han convertido estos derechos fundamentales, es para quien tenga capacidad adquisitiva. Este modelo termina dándole las gabelas a los más fuertes, conformando ya sea monopolios privados, en donde un poderoso impone las condiciones, u oligopolios, en los que unos cuantos poderosos se ponen de acuerdo para establecer dichas condiciones. En ambas situaciones el perdedor siempre será el habitante raso.
Ese modelo de mercado está fundamentado en el libre comercio, a través del cual los monopolios, oligopolios y poderosos exigen garantías a sus inversiones, tales como: eliminación de aranceles –para quebrar los aparatos productivos e invadir mercados–, libertad de precios y tarifas y flexibilización de la mano de obra –para maximizar su rentabilidad– y eliminación de subsidios –para acabar con la competencia estatal y garantizar su monopolio–. Este modelo ha venido generando el arrasamiento de los derechos fundamentales, la creación de ejércitos de desempleados y/o trabajadores informales y la “despatrimonialización” de los Estados –con medidas de liquidación, privatización y concesión de empresas y recursos naturales–, sembrando el hambre, la miseria y la pobreza en todos los países donde han impuesto dicho sistema neoliberal, de libre comercio o de mercado. Para imponer este paradigma tienen “violentólogos” que recomiendan criminalizar y establecer límites a la protesta social.
Es en este contexto en el que se circunscribe la portentosa lucha del pueblo ecuatoriano, que durante doce días –entre el 2 y el 13 de este mes– notificó al gobierno de Lenín Moreno que no estaba dispuesto a permitir que se avance en imponerles medidas que van encaminadas a profundizar el neoliberalismo como es el desmonte del subsidio a los combustibles, el cual tiene como antecedente en Colombia la “upaquización” de sus tarifas por lo que hoy pagamos el precio a la par con EEUU, muy por encima de Venezuela, Ecuador y Bolivia y tiene a las puertas de la privatización a Ecopetrol y sus subsidiarias. Los ecuatorianos entendieron que tenían que arriesgar sus vidas –7 muertos y centenares de heridos– y sus libertades –decenas de presos– para defender su estado de bienestar que les permita una mejor distribución de la riqueza. Colombia es de los países de América donde más avanza el neoliberalismo y las consecuencias son evidentes. ¡La lucha con unidad sí paga!