El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una reforma a la justicia que vulnera derechos ciudadanos, reduce funciones y competencias de la Corte Constitucional y suprime controles que se ejercen sobre la rama ejecutiva. Busca así ponerle bases legales a su acendrada tendencia hacia un ordinario absolutismo que le permita, a su antojo, decidir sobre la supresión de derechos de los colombianos y sobre medidas que afectan el destino del país. Es evidente que, de cumplirse tales designios, se romperían elementales reglas del juego que imperan actualmente en el funcionamiento del Estado y se atascaría toda posibilidad de avance democrático en la vida nacional.
En efecto, el proyecto de reforma recorta las facultades propias de la Corte Constitucional al impedir el pronunciamiento sobre los decretos expedidos al amparo de los estados de excepción, arrogándose de paso la _Emergencia Judicial_ que, como lo ha expresado la misma Corte Constitucional en un pronunciamiento emitido por unanimidad, _permitiría al Gobierno a su arbitrio, crear jurisdicciones transitorias, modificar la justicia civil, penal, laboral, constitucional y contencioso administrativa y reformar cualquiera de los códigos_.
Las acciones de tutela serían inocuas para defender algunos derechos fundamentales de la población y en los fallos judiciales que impliquen gastos presupuestales se exige determinar de dónde saldrán estos, lo cual obstruye de hecho la protección de reivindicaciones sociales como la salud y la educación. La Corte Constitucional no podrá declarar ilegal ninguna norma de carácter tributario y las disposiciones en materia de salud, pensiones, salarios o cualquier otro asunto que tenga _efectos macroeconómicos_ estarán bajo su control solo a condición de que ella indique cómo se van a financiar, ya sea modificando el presupuesto o indicando los nuevos impuestos que permitan recaudar los dineros para cubrir el fallo.
La designación del Fiscal General de la Nación quedaría directamente en manos del Presidente, lo que complementa la puesta en marcha del sistema acusatorio en el régimen penal exigido por organismos internacionales, los mismos que se proponen financiar la reforma judicial. Además, se eliminará la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, lo que junto a las graves implicaciones funcionales y administrativas, arrasará con miles de empleados de la rama judicial.
Toda esta reforma obedece a la arremetida de la política neoliberal, puesto que la Constitución del 91, que tuvo como objetivo central ponerle marco jurídico a la apertura económica, ya no es suficiente para garantizar su profundización y continuación. Las normas, leyes y decretos con los cuales acondicionaron al país a las necesidades de la globalización norteamericana necesitan hoy ser colocadas a tono con las mayores exigencias del capital financiero internacional y sus organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID, etc.). Las exigencias del ALCA y el Tratado de Libre Comercio bilateral son tenidas en cuenta en todo el paquete legislativo que el gobierno de Uribe se dispone a poner a consideración del Congreso de la República.
Lo que está en discusión es un problema político de fondo: para consumar la política de recolonización que le dicta Washington, el gobierno de Uribe necesita socavar los controles y funciones de la Corte Constitucional, o suprimirla; obstruir la reclamación de derechos económicos y sociales, y tener una Fiscalía de bolsillo. La reforma a la justicia, junto a expedientes como el estatuto antiterrorista y medidas como el empadronamiento de los ciudadanos, completan el cuadro de autoritarismo que precisa Uribe Vélez en su intento de segar la resistencia que contra su política antinacional y antipopular han emprendido los colombianos, que en su mayoría atesoran un inextinguible espíritu de patriotismo y democracia.
La Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, ante las graves consecuencias que para la nación acarrearía la aprobación de semejantes medidas en materia judicial, convoca a los estudiantes colombianos a que, junto al resto de compatriotas __en especial los integrantes de las organizaciones de juristas, los estudiantes y profesores de las facultades de derecho de todas las universidades, los empleados de la rama judicial aglutinados en Asonal y miembros de los sindicatos y las distintas organizaciones sociales__, desarrollemos la mas amplia campaña de denuncia y combate contra esta reforma a la justicia que encarna las aspiraciones reaccionarias de Uribe.