La crisis de la deuda externa, el derrumbamiento (para fortuna de los pueblos del mundo) de la Unión Soviética y la agudización de la competencia por el control de los mercados, las mercancías, la mano de obra barata y la colocación de capitales, es decir, la batalla por el manejo del mundo entre los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y el Japón, al igual que la profunda crisis interna de estas naciones, hizo que, liderado por los Estados Unidos, se elaborara por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la política de globalización o programa de internacionalización de la economía.
Aspirando salir de su crisis, los Estados Unidos de América, redoblan su política de control y colonización de los pueblos de América Latina.
Por eso, en febrero de 1990, en las postrimerías de su gobierno, Barco toma la decisión de embarcar al país en la política de apertura económica.
A fin de poder implementar dicha política, se hizo necesario reformar la Constitución y todo el ordenamiento jurídico de la nación. Echando mano hasta de los deseos de cambio de la población, se citó la Constituyente y se expidieron nuevas leyes, entre ellas, a mitad de julio de 1994, las 142 y 143 que tratan sobre servicios públicos domiciliarios y electricidad.
La esencia de las leyes es permitir la privatización de las empresas estatales, quitarle la responsabilidad y manejo de los servicios públicos al Estado para entregárselo a los particulares, principalmente grandes monopolios extranjeros que vendrán a usufructuar dichos servicios para su desmedido enriquecimiento. Algo también les tocará a unos cuantos grandes capitalistas nacionales.
Para poder llevar a cabo la privatización, se definieron en la ley, la elaboración de nuevas formulas tarifarias, la eliminación de los subsidios a la población, la creación de contribuciones (impuestos disfrazados) para los estratos 5 y 6 residencial y para el sector comercial e industrial, y la elaboración y aplicación de una nueva estratificación socioeconómica, medidas todas tendientes a garantizar la rentabilidad para el capital privado nacional y extranjero, y el ahorro para el Estado de los recursos que hoy trasfiere para el desarrollo de las empresas, a fin de reducir el “déficit fiscal” y atender oportunamente el pago de la deuda externa.
Para aquellas empresas prestadoras de servicios que hoy son rentables, Telecom, ISA, Empresas Públicas de Medellín, etc, lo que se prevé es que se les quitará su carácter de monopolio estatal y se abrirán dichos sectores a la “competencia” extranjera o dividirlas por servicios e ir poco a poco entregando, por concesión, la prestación del servicio. También se contemplan los contratos “Joint Venture” por los cuales se entrega a monopolios privados la extensión de redes y la prestación del servicio compartido con empresas estatales.
Por cualquier camino, venta, concesión, contrato de prestación compartida, prestación por cooperativas, el objetivo es uno solo: Privatizar.
La experiencia de otras naciones latinoamericanas que empezaron antes que nosotros la enajenación de sus activos en empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que enseña es claro: Pérdida del ahorro y patrimonio nacional y público, elevadas tarifas en la prestación del servicio, extensión de la cobertura y mejoramiento de la calidad sólo a aquellos sectores que puedan pagar, y atraso general en la prestación de los servicios para los sectores sociales más pobres, incluido el campo y las zonas más alejadas de los centros urbanos.
La enajenación de la propiedad estatal se hace sobre la base de menospreciar los activos de las empresas para poderlas feriar entre las multinacionales, vendiendo por debajo de sus valores los equipos, redes, maquinarias, centrales, terrenos, y todos los demás bienes necesarios para la prestación el servicio. Esta política cuenta con el beneplácito del actual gobierno, así como contó con el apoyo del anterior.
A fin de poder detener semejante atentado y la expropiación que del patrimonio nacional se quiere hacer, es que diversos sectores sociales nos hemos dado a la tarea de constituir Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, que nos permitan no sólo la defensa de nuestros intereses en cuanto a la extensión, calidad y costo de los servicios, sino, fundamentalmente, para luchar por la defensa del interés y patrimonio de la nación oponiéndonos a la privatización en sus diversas versiones.
Hoy publicamos el primer número del Usuario de Caldas, periódico que aspira a servir de medio de organización de todos aquellos que, unidos alrededor de las diversas Ligas y Comités, respaldemos el programa y declaración de lucha de la Asociación de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos de nuestro Departamento.