Antonio José Gutiérrez Blanco, Corresponsal del Usuario en Armenia
En junio del año pasado, al amparo de las facultades extraordinarias concedidas por la mayoría uribista del Congreso, para «reestructurar» el Estado, el gobierno nacional, expidió, entre otros, los decretos de liquidación de Telecom., Telearmenia, Telecalarcá y otras 10 teleasociadas, con el falaz argumento de que la carga laboral y pensional tenía quebradas a las empresas y que si no se liquidaban, a partir del mes de enero del 2004 entrarían en cesación de pagos y estarían en peligro la prestación del servicio, el pago de la deuda y la estabilidad del sector. Militarizó las empresas, impidió la entrada de sus trabajadores y echó a la calle a más de 10 mil de ellos.
Pero la verdad es que la crisis del sector de las telecomunicaciones tiene unas causas muy diferentes, y la opinión pública debe conocerlas:
Con la aplicación del modelo neoliberal de apertura y privatizaciones, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y acatado sumisamente por los últimos cuatro gobiernos, el proceso del sector ha sido el siguiente: En 1991, se adecuó la Constitución a la nueva política, abriéndole las puertas al sector privado para ofrecer servicios públicos (Artículo 365). En 1992, Gaviria intentó vender a Telecom, pero la lucha de los trabajadores se lo impidió. En 1994, aprobaron las Leyes 142 y 143, que dan vía libre a las privatizaciones de las empresas de servicios públicos. Se le entregó a los particulares el negocio de la telefonía celular. Se aceptó que dos empresas privadas (con el 05 y el 07), entraran, utilizando la infraestructura de la empresa nacional, a competir con la larga distancia.
Y para completar, durante los gobiernos de Gaviria y Samper, de 1993 a 1997, Telecom firmó 19 contratos de riesgo compartido (los famosos Joint Ventures) con las transnacionales Alcatel, Nortel, Ericsson, Siemens, Itochu y Nec. Estas empresas se comprometieron a instalar un millón 800 mil nuevas líneas. Los contratos señalaban que las inversiones que hicieran, se recuperarían con la venta de las líneas y el cobro de tarifas, pero que si no se vendían las líneas ni se obtenían ganancias (la Ley 142 garantiza al inversionista privado las utilidades), Telecom tendría que asumir las pérdidas. ¿Y qué ocurrió?. Que ante la ausencia de compradores, las líneas instaladas se redujeron a 1.590.000 y de éstas hay más de 400 mil sin vender. Los tribunales internacionales de arbitramento, a donde esas empresas han llevado el pleito, le exigen a Telecom que debe pagar cerca de 1.800 millones de dólares y por eso es que el gobierno decide liquidarla. Queda claro entonces, que si algo ha causado la crisis de la empresa son esta clase de negociados.
Las anomalías
de la «nueva empresa»
Paralelamente a los decretos de liquidación, se creó «Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP», siendo éste, un paso más hacia la privatización total del sector. Esta empresa queda cerrada y deja de expedir las facturas de cobro del servicio durante 3 meses; luego empieza a facturar cada 45 días, lo que llevó a que muchos de los usuarios no pudieran pagar los cobros acumulados, y terminaran siendo víctimas del corte del servicio, (con esto, la empresa violó el contrato de condiciones uniformes donde señala como un derecho del usuario, el que se le facture oportunamente), pero además, a otros les cobran facturas ya canceladas o llamadas que nunca han hecho. El promedio de impulsos con la nueva empresa se elevó en general en más del 50% y en los municipios continúa cobrando el impulso al doble del costo de lo que se paga en Armenia y Calarcá.
La resistencia
no se hizo esperar
Como respuesta a esta situación, se ha constituido un Comité Prodefensa de los Usuarios de los Servicios Públicos del Quindío (del cual hace parte la Liga de Usuarios del departamento), que ya organizó y realizó una gran movilización de protesta con unos 5 mil usuarios el 27 de enero, que culminó frente a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., con la quema masiva de facturas y la entrega de un pliego de peticiones a la empresa y al gobierno, exigiendo solución a puntos como: la derogatoria de los decretos 1603 al 1616 de junio 13 de 2003, y reforma del Artículo 365 de la Constitución Nacional, de tal manera que sea el Estado soberanamente el que asuma la prestación de los servicios de una manera subsidiada, cerrando la posibilidad de que los particulares conviertan los servicios en negocios. La rebaja del costo de las tarifas al nivel más bajo del país y su congelación por 2 años. La condonación de las deudas de quienes no han podido cancelar, por las fallas de la empresa. Que el cobro de la facturación se haga exclusivamente con base en el consumo del usuario (Ley 812/03) y por consiguiente que se elimine el cargo fijo, el costo de reconexión, reinstalación y mora, recuperación, contribuciones, IVA, y demás sobrecostos. La sustitución del cobro que tradicionalmente se ha hecho por impulsos, por un método que permita cobrar por segundos, entre otros.
De las respuestas a estas peticiones, algunas sólo se lograrán con una lucha nacional, pero hay otras que la empresa y el gobierno pueden resolver ante la presión regional. Se convocó entonces para el 10 de febrero una Comisión de alto nivel con el Gobierno, la Empresa, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y los organismos de control, con el fin de iniciar la negociación del pliego. Dicha comisión no llegó, además a la empresa le fue solicitada una información con Derecho de Petición, de tipo financiero, de nómina de personal, de cartera, de autorizaciones de las alzas en las tarifas, etc. que fue negada con el argumento de que a pesar de que la empresa es de carácter oficial, se rige por el derecho privado, así mismo respondió por escrito que no era posible resolver ningún punto del pliego.
Ante esa situación, el Comité Prodefensa de los Usuarios, convocó a una reunión general de líderes la cual definió que no queda otro camino que empezar a preparar un paro de carácter departamental, porque parece que es la única manera de lograr que los reclamos de los usuarios sean escuchados.