Javier Gaviria Betancur, Presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios
El pasado 31 de junio, expiró el término de cinco años durante el cual rigieron las primeras fórmulas de tarifas adoptadas por la CRA para el sector de agua potable y saneamiento básico. Se encuentra en estudio, por tanto, la elaboración de un nuevo marco regulatorio. Asesorada por el chileno Pablo Spiller —consultor del Banco Mundial, experto en reformas a los regímenes de servicios públicos domiciliarios y reconocido neoliberal—, la Comisión de Regulación de agua potable de Colombia ha presentado un diagnóstico del sector y una propuesta de cambios en la organización del servicio. En el estudio se afirma que las tarifas que pagamos los colombianos por el agua están lejos de alcanzar su meta de rentabilidad, pues —dice— los estratos residenciales 1, 2, 3 y 4 pagan hoy, en promedio, “apenas” el 48 por ciento de la tarifa a la que quieren llegar. En sentido estricto, lo que están anunciando, entonces, es que vendrán nuevas y más escandalosas alzas. Esto en cuanto a tarifas, porque las reformas propuestas tienen más elementos repudiables, como que piden abrir más el mercado de agua potable al capital privado, para darle mayores incentivos, a través de los siguientes mecanismos, especialmente:
1. Adopción de un reglamento de tratamiento y venta de agua en bloque. Esta iniciativa busca establecer un mecanismo similar al que se aplica en el sector de energía eléctrica, llamado de “negociación en bolsa”, que es el responsable de tantas maniobras especulativas contra los usuarios y del correspondiente encarecimiento de las tarifas, pues permite la injerencia en el mercado de agentes extraños a la actividad productiva del sector, como los intermediarios del capital financiero.
2. Adopción de un reglamento de interconexión para que el nuevo operador, negociante mayorista, se pueda interconectar en cualquier punto de la red y ofrecer a nuevos y antiguos usuarios el recurso, al precio que impongan las llamadas “leyes del libre mercado”.
3. División del servicio en tres fases: producción, distribución y comercialización, mecanismo que —según la opinión de economistas autorizados, como Eduardo Sarmiento Palacio— contribuye a perder las ventajas de la unidad de empresa y encarece los costos de prestación del servicio.
4. Desregulación en las fases de producción y comercialización, para que, en su “libertad de competencia”, el mercado actual y la expansión del servicio alcancen precios rentables. Y regulación de la fase de distribución, a través de la llamada “empresa eficiente“.
Todas las organizaciones de usuarios debemos participar en este debate, para elevar la voz de protesta contra este nuevo marco de regulación, surgido de intereses ajenos a la Nación colombiana, el cual busca organizar el servicio de agua potable cada vez más en función de otorgarle mayores ventajas al capital financiero, produciendo más altas tarifas.