Nadie recuerda, porque no existe, una etapa peor en la historia económica de Colombia que la que se inició en 1990, una vez César Gaviria Trujillo decidió aplicar en el país las políticas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos, orientaciones que, al pie de la letra, continuaron Samper y Pastrana. En un país en el que siempre muchos han vivido en medio de todo tipo de estrecheces y carencias, éstas han llegado a niveles que ni los más pesimistas pudieron imaginar: 26 millones de colombianos en la pobreza y, entre éstos, nueve millones en la indigencia, cifras que resumen el impacto de abrir el país a las importaciones de todo tipo de géneros agrarios e industriales, de convertirlo en el paraíso de prestamistas y especuladores de todas las layas y de poner en venta una buena porción del patrimonio público, todo en medio de una corrupción que en el país de las corruptelas ha batido todas las marcas.
Dada la experiencia nacional e internacional con el neoliberalismo, la administración Pastrana decidió comprometer a Colombia con el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, acuerdo mediante el cual, a partir del 2005 y a plazo definido, se eliminarán todas las barreras al movimiento de los capitales y las mercancías en el continente. Según Robert Zoellick, representante de Comercio de Estados Unidos, “El ALCA abrirá los mercados de América Latina y el caribe a las empresas y agricultores de los Estados Unidos al eliminar las barreras al comercio, a las importaciones y los servicios…”, lo que significa aplicarle al país la dosis definitiva del mismo veneno que lo viene matando desde 1990. Y decimos que la dosis definitiva porque con lo perniciosa que ha sido lo que podría llamarse la primera apertura, ésta no fue total. Todo lo que sobrevive en la economía del país está protegido por aranceles o cuotas, como bien lo ilustra el caso del agro donde los impuestos a las importaciones llegan al 72 por ciento en el arroz, al 45 por ciento en el azúcar, al 15 por ciento en la papa y al 105 en los trozos de pollo, productos que, obviamente, desaparecerán si se impone esta segunda apertura. Además de llevar hasta el ciento por ciento la desprotección del mercado interno, la diferencia entre lo determinado en la década pasada y lo que viene reside en que Gaviria tomo las medidas en medio de la demagogia del “bienvenidos al futuro” y la Constituyente, mientras que éstas se quieren imponer casi que a las escondidas.
Tan desventajosas se pondrán las cosas para Colombia con el ALCA, que, en El Tiempo del 2 de febrero de 2001, Myles Frechette —el embajador gringo que ejerció de virrey durante la administración Samper— advirtió que Bush escogerá los acuerdos “que sean más provechosos para E.U.” y preguntó: “¿Estará listo el sector privado (colombiano) para competir con los productos norteamericanos antes del 2004?”.
¿Cómo explicar que una política tan dañina se hubiera aplicado a pesar de las advertencias que se hicieron, se haya mantenido por más de más de una década y, peor aún, se quiera aumentar y corregir? La explicación es simple: es mala para nosotros, pero buena para otros. Por ejemplo, importar un millón y medio de toneladas de maíz a Colombia es una desgracia nacional. Pero para los agricultores gringos que producen y venden esas mismas toneladas significa una fiesta, así como lo es para los propietarios de la flota naviera que las transportan y para los banqueros norteamericanos que financian dicha operación. Y lo mismo puede decirse de las privatizaciones ¿Pero por qué toman estas determinaciones Pastrana y quienes lo llevaron y mantienen en el poder? Porque son socios menores, palafreneros, testaferros, como quiera llamárseles, de los intereses foráneos. No solo, como era antes del 90, les va bien aunque al país le vaya mal, sino que, ahora, les más mejor si al país le va peor.
De ahí que el pleito contra la globalización neoliberal sea bastante más complejo que vencer en el debate teórico, debate que, la verdad sea dicha, los patriotas ganamos desde el mismo momento en que se planteó. Aquí lo que hay es un choque de intereses entre quienes tenemos nuestra suerte atada a la suerte de la nación y el capital extranjero, el cual actúa a través de la minoría criolla que convirtió en su negocio vender la patria a pedazos. Por ello, a la fuerza de los argumentos en defensa del interés nacional hay que sumarle los argumentos de una fuerza social, gremial y política que sea capaz de oponerse a la ofensiva neoliberal, hasta desplazar de la dirección del Estado a quienes trafican con la soberanía de la nación. Entre tanto —y como el mejor mecanismo en la consecución del músculo necesario para unificar a los patriotas con independencia de su posición económica, social y religiosa—, hay que ofrecerle oposición civil, desobediencia civil y resistencia civil —y se subraya la palabra civil— a todas y cada una de las medidas definidas por el Fondo Monetario Internacional en contra del progreso del país.
En el caso de los servicios públicos la lucha se centra en impedir las privatizaciones que aún hacen falta en la agenda neoliberal y por darle reversa a las que ya se hicieron, por modificar el artículo de la constitución que autoriza que los servicios públicos sean negocios privados y por derogar la Ley 142 de 1994, que desarrolla la privatización y las políticas que la respaldan, todo con el objetivo de lograr servicios excelentes y tarifas al alcance de la capacidad de pago del pueblo.