José Arlex Arias, Cartagena, enero 2 de 2019
Absolutamente todos los gobernantes, no solo los dictadores y reyezuelos, sino también aquellos que posan de demócratas, saben que tienen que tener unos medios de comunicación proclives, o en el mejor de los casos amigos, para sacar avante sus propuestas, máxime cuando se implementa un modelo como el neoliberal que concentra la riqueza en manos de los potentados. La implementación de medidas antipopulares como: privatización de derechos fundamentales, flexibilización laboral, adelgazamiento del Estado, incremento en las tarifas, eliminación del crédito de fomento, concesiones, Tratados de Libre Comercio –TLC– y la imposición de reformas tributarias regresivas que le rebajan los impuestos a los poderosos para aumentárselo a las clases media y pobre; todas son medidas que enardecen a los afectados generando su reacción, que debe ser controlada. Para ello están el fortalecimiento de la fuerza militar disuasiva –represión– y los medios de comunicación.
En Colombia el modelo neoliberal avanzó con mucha fuerza en los dos períodos de Juan Manuel Santos, quien logró aprobar varias reglamentaciones aglutinando un gran respaldo detrás de los anhelos de paz de muchos sectores de la población. Entre las medidas que tomó Santos están diferentes leyes que criminalizan y pretenden controlar la protesta social, amén de un amplio respaldo de los grandes medios de comunicación. El favor les es retornado con creces cuando la Junta Nacional de Televisión fijó la prórroga de los contratos de concesión de Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A., pagando cada uno la rentable suma de $128.076 millones por un período de diez años, contados a partir del 11 de enero de 2019. Son precisamente estas cadenas de televisión, radio y grandes medios masivos los que unifican las noticias, marcan la agenda, califican y descalifican personajes y ayudan a elegir al Congreso y al presidente con encuestas y sondeos e incluso como sus financiadores. Son los mismos grupos económicos que luego tienen el cinismo de hablar de objetividad e imparcialidad periodística.
Con el gobierno “UriDuque” se están mostrando hechos que permiten visualizar que avanza una dura mordaza para el periodismo verdaderamente independiente: una ley del periodismo que busca crear una especie de Comité Rector de la profesión de la mano tutora del propio gobierno; y de manera atropellada se quiere aprobar la ley de reforma de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones –TIC–, que está concebida para entregar a las multinacionales el espectro electromagnético, prácticamente acabando con la televisión pública y la independiente, limitando aún más la posibilidad de competencia a los monopolios, afectando en materia grave toda la soberanía y la cultura del país. Pero paralelo a esto hay otros signos que muestran cómo a quienes critiquen al gobierno de “UriDuque” lo descabezan, como sucedió con los periodistas que denunciaron censura en entrevista con “UriDuque”, a quienes les cancelaron su espacio radial “La Señal de la Mañana” en la Radio Nacional de Colombia, lo cual sucede 13 días después de la denuncia del periodista Santiago Rivas, de ‘Los Puros Criollos’, que también fue retirado del aire. En ambos casos por críticas al “demócrata “UriDuque”. ¡Alerta: la mordaza avanza a pasos agigantados!