Después de más de diez meses de ardua lucha, la ciudadanía ibaguereña echó atrás la decisión de la alcaldesa Carmen Inés Cruz de entregarle el acueducto de Ibagué, con sus más de 80 mil usuarios y por veinte años, a la empresa privada Aguas de Barcelona. Esta privatización se haría mediante la figura de concesión, la cual significa que los activos de las empresas se les entregan gratuitamente a los particulares.
Una vez se supo del atentado que se pretendía, la CGTD, la CUT y el Comando Departamental Unitario, en compañía de dirigentes populares, comunitarios, de las Jal y de la ciudadanía en general, crearon el Comité Prodefensa del Ibal, el cual dirigió la llamada “Marcha de las Sombrillas” en contra de su privatización. Luego, el concejo municipal, la Cámara de Comercio y el Sena promovieron análisis y foros, dieron a conocer las experiencias de las empresas oficiales Aguas de Manizales y Empopasto y se opusieron a la concesión. En mayo de 2000 se realizó una gran audiencia pública que también concluyó que se debía suspender la privatización. Y en agosto se efectuó otra audiencia en el Congreso de la República, que igualmente se pronunció en favor de mantenerle al carácter público al Ibal. No obstante, la alcaldesa señaló que, “costara lo que costara, continuaría con la concesión”, actuando con toda sumisión frente a las orientaciones del Ministerio de Desarrollo.
Como era apenas natural, la venta del Ibal se volvió uno de los principales temas de la campaña electoral. De una parte, el candidato a la alcaldía de Ibagué escogido por la alcaldesa anunció que continuaría con la privatización. Y de la otra, los candidatos Miguel Gordillo y el hoy alcalde electo Jorge Tulio Rodríguez señalaron su rechazo a la concesión, planteamiento que también hizo Guillermo Alfonso Jaramillo, a la postre elegido como gobernador del Tolima, todos los cuales encabezaron una gran marcha de más diez mil personas en contra de la privatización del Ibal.
A la postre, y tras la estruendosa derrota electoral del pupilo de la alcaldesa, ésta no tuvo alternativa distinta que enviarle al nuevo alcalde, Jorge Tulio Rodríguez, una carta en la que afirmó: “el resultado democrático de su elección plantea una necesaria revisión del proceso de concesión del Ibal… Por ello, manifiesto que a partir de la fecha declaro suspendido este proceso”.
La experiencia de esta lucha demuestra que sí es posible derrotar las políticas neoliberales, si se cuenta con el respaldo de las gentes y una correcta dirección. No obstante, también es cierto que habrá que mantener la vigilancia, porque es seguro que el gobierno Pastranista no cejará en sus propósitos, según lo acordado en el Plan Colombia y en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.