Los dos millones de hogares que hoy están conectados al gas domiciliario, luego de hacer importantes gastos en los aparatos domésticos necesarios, no sabían lo que les tenían preparado los neoliberales una vez los hubieran convertido en un mercado cautivo.
A la par con la decisión de privatizar los servicios públicos de Colombia, el gobierno decidió estimular el uso del gas en las faenas domésticas. Una decisión obvia que sospechosamente no se había tomado —y que Ecopetrol siempre tuvo capacidad técnica y económica para realizarla— porque el gas constituye una fuente de energía bastante más barata que la eléctrica y porque en el territorio nacional existe ese recurso en abundancia. Así, de la nada, el Estado creó ese mercado y, como era obvio en medio de las concepciones neoliberales, se lo entregó al capital privado, garantizándole, además, a cada firma distribuidora el absoluto monopolio en su región.
La decisión de ofrecer gas para uso doméstico era complementaria con la privatización del sector eléctrico. En la medida en que las tarifas de la energía subieran como tenían que subir para poder atraer a los inversionistas privados que comprarían a menosprecio las empresas estatales, se abría la posibilidad económica de ofrecerles a los colombianos una alternativa más barata. Pero los dos millones de hogares que hoy están conectados al gas domiciliario, luego de hacer importantes gastos en los aparatos domésticos necesarios, no sabían lo que les tenían preparado los neoliberales una vez los hubieran convertido en un mercado cautivo.
Por iniciativa del gobierno nacional, el Congreso de la República acaba de aprobar la libertad de precios del gas en boca de pozo, decisión que tiene como propósito principal favorecer a las transnacionales que lo extraen junto a Ecopetrol —la British Petroleum y la Texaco—, y que debe costarle a los colombianos, por la vía del incremento de las tarifas del gas domiciliario y de la energía que requieren las termoeléctricas, entre 800 y 1.100 millones de dólares en los próximos tres años. Según Carlos Ossa Escobar, la “ley obedece a las aspiraciones de las empresas que hoy, como monopolio, lo producen y en particular de la British Petroleum en Casanare y en un proyecto off shore en La Guajira”. Y eso que los precios que éstas tienen fijados duplican y hasta triplican los que rigen en otros países. Cómo será de contraria a los intereses nacionales la decisión de liberar los precios del gas que Carmensa Chaín, presidenta de la Creg, se opuso públicamente a esa decisión y que el Contralor General de la República le hizo un llamado a Pastrana para que no sancionara dicha ley.
Pero que nadie se haga ilusiones. El ministro de Minas, Carlos Caballero Argáez, no pasó el proyecto de ley sin permiso del Presidente, su jefe inmediato, y no ha cesado de repetir que esa medida tiene como propósito principal hacer “más atractivo” el país al capital extranjero. Además, como el mercado del gas ya se creó y como las tarifas de la electricidad seguirán subiendo por encima de la inflación por lo menos hasta el 2004, los colombianos no tendrán alternativa diferente a la de seguir contribuyendo con el éxito del capital extranjero vinculado al negocio del gas.