El alza en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios se explica por la aplicación de la política neoliberal de apertura y privatización que se impuso al país por éste y los anteriores gobiernos, y como resultado de la aplicación del llamado «Consenso de Washington». La Constitución de 1991 y la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994 y sus decretos reglamentarios, condujeron a que se cambiara la anterior concepción estatal de que los servicios son servicios, por la nueva de que son negocios, desplazando lo público por lo privado y el monopolio estatal por el monopolio privado, principalmente extranjero. Este cambio, en el cual la prestación de los servicios deja de ser un derecho de los ciudadanos para convertirse en un negocio y los usuarios dejan de ser usuarios para convertirse en clientes, significa que las prioridades de atención a la población en servicios tan esenciales para su nivel de vida y bienestar se invierten, pasando a ser más importante la tasa de ganancia, la acumulación de capital del inversionista, que la calidad, la cobertura y la tarifa en la prestación del servicio.
Con esta concepción, en la Ley 142 se fijan los criterios y políticas que se han venido desarrollando en estos años y que han conducido a las continuas y exageradas alzas en las tarifas. Veámoslo:
En el Título VI Capítulo I Artículos 86 y siguientes se definen el régimen tarifario y las formulas y prácticas de tarifas, que se deben aplicar y se vienen aplicando a los usuarios. La esencia es garantizar la rentabilidad de las empresas prestadoras de los servicios. A fin de alcanzar esta meta, las fórmulas tarifarias tienen que garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de la operación, incluyendo la expansión, reposición y mantenimiento del servicio, al igual que deben remunerar de manera adecuada el capital de los inversionistas dueños de la empresa. La ley precisa también que para la elaboración de las formulas que definen los criterios que fijarán la tarifa final al usuario, se tendrán en cuenta los criterios de simplicidad, transparencia, rentabilidad, solidaridad, distribución, eficiencia económica y suficiencia financiera. Pero de todos los criterios anteriores el que finalmente decide es el de suficiencia financiera, incluso si llegaré a estar en contradicción con el de eficiencia económica. El criterio es claro. Garantizar la rentabilidad del capital, para enriquecer los monopolios privados nacionales o extranjeros que han tomado para sí buena parte del inmenso patrimonio público nacional.
Así en la Ley 142 se escriba que se conservarán los subsidios para los usuarios más pobres, la verdad es que estos se eliminarán progresivamente. Se dice que los habitantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 serán subsidiados con 50, 40 y 15 por ciento del valor del consumo, respectivamente. Lo que no se difunde, pero que la ley sí aclara, es que el Estrato 3 recibirá ese subsidio siempre y cuando alcance el dinero para pagarle a las empresas el valor del mismo, lo que quiere decir que lo eliminarán cualquier día, alegando que no hay con qué pagar. La razón es sencilla. La plata de los subsidios no sale del presupuesto nacional sino de las contribuciones que reciben los «fondos de solidaridad y redistribución» que administra el Estado a través de las comisiones de regulación y las alcaldías. Hoy el gobierno nacional le adeuda a las empresas cientos de miles de millones de pesos por concepto de subsidios. Para que no quede duda de lo anterior, hay que señalar que ya el gobierno expidió el decreto donde autoriza se le cobre a los usuarios los valores que el Estado no ha cancelado.
De otro lado, los subsidios para los estratos 1, 2 y 3 no son sobre el costo total de la factura, ni siquiera sobre el consumo total del hogar, sino sobre los llamados «consumos de subsistencia». Y como el consumo se cobra sobre la base del costo medio de prestación del servicio y este se factura de acuerdo con las formulas ya explicadas, al final los usuarios terminarán pagando mucho más que lo que cancelaban antes de la aplicación de la ley y por un servicio que es, en muchos casos, igual o peor.
Para definir los hogares que pueden recibir los subsidios, reestratificaron los predios urbanos y rurales, con base en una metodología diseñada por el Banco Mundial y aceptada por Planeación Nacional. Miles de hogares colombianos subieron de estrato. El objetivo era claro: reducir la cantidad de hogares susceptibles de ser beneficiados con los subsidios. A los alcaldes los obligaron a aceptar esta medida así muchos no la compartieran. Y se la han impuesto a las comunidades, incluso con la policía, cuando protestaron.
Pero el asunto es más grave porque los subsidios dejarán de ser generales, es decir, que ya no se entregarán a todos los usuarios clasificados en los estratos 1, 2 y 3, como sucede hoy. Serán girados por los fondos que administra la nación a los municipios y éstos, a su vez, los cancelarán a las empresas para cubrir a unos usuarios previamente seleccionados por las alcaldías, lo que significa que además de las interferencias propias de la politiquería, el gobierno nacional nunca girará lo suficiente para atenderlos a todos. Y la razón es obvia: porque no es el Estado el que coloca los recursos sino los usuarios de los estratos «altos», que son los que los tienen que aportar. Y no alcanzan, ni alcanzaran jamás. Algo parecido a lo que sucede hoy con el famoso Sisben en la prestación de salud a los colombianos.
Para cancelar el valor de los subsidios, la ley crea los «Fondos de solidaridad y redistribución» mediante el establecimiento de elevadas contribuciones para los estratos 5 y 6 y para el sector industrial y comercial. El Estado se descarga así de la responsabilidad de atender a los más pobres y deja esa tarea a los otros usuarios.
Pero la gran industria y el gran comercio, por sus elevados consumos, están clasificados en la ley como sector no regulado, y esa clasificación les otorga ventajas para que aporten menos a los Fondos de Solidaridad y Redistribución. Por ejemplo, en la Bolsa Energética Nacional la electricidad se les vende a un costo mucho menor al que debe pagar el sector regulado, y solo se la venden a esos precios menores a quien tenga consumos superiores a 0,5 megavatios hora mes. De esta forma los grandes monopolios contribuyen proporcionalmente mucho menos a los «Fondos de Solidaridad». El sector industrial y comercial regulado, en su gran mayoría pequeños y medianos industriales y comerciantes y talleres artesanales, que no tienen altos consumos para obtener servicios con precios rebajados, aporta mucho más que los monopolios.
Todas las medidas anteriores permiten la elevación desmesurada de las tarifas para los usuarios, política sin la cual sería imposible la privatización de las empresas. Política que además tiene como finalidad quitarle al Estado la responsabilidad social de asistir a los más pobres en sus necesidades básicas y que, con el pretexto de reducir el «déficit fiscal», descarga sobre los pobres y las capas medias el costo de la crisis.
Hay otros que también están perjudicados, pues se adoptaron medidas para eliminar la prestación de servicios gratuitos o subsidiados para alcaldías, colegios, escuelas, iglesias, ancianatos, guarderías, hospitales, juntas comunales y en general organizaciones sin ánimo de lucro, ya que se vuelve ilegal rebajar o no cobrar el servicio.
Apartes de la ponencia aprobada en el Encuentro de Usuarios de los Servicios Públicos del Eje Cafetero. Pereira, 29 de abril del 2000.