La pretensión de la alcaldía de Ibagué de privatizar la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL), sirve para ilustrar cómo son los negocios en estos casos.
La privatización de los servicios públicos tiene origen legal en la Constitución neoliberal de 1991, que en su Artículo 365 señala que “podrán ser prestados por particulares”. Luego, la Ley 142 de 1994 tomó un conjunto de disposiciones que tienen como objetivo primordial presionar las privatizaciones. Y de entonces para acá el Ministerio de Desarrollo asumió como una de sus tareas principales arriar las ventas, propósito que cumple a través de los convenios interinstitucionales que realiza con las empresas públicas prestadoras de los servicios y que se financian con créditos de la banca internacional. En este momento, 363 municipios del país tienen firmados esos convenios.
En Ibagué, la privatización ha sido justificada por la Banca de Inversión CapitalCorp, institución del parasitismo financiero pagada por el Banco Mundial para que demuestre la necesidad de la privatización y para que organice un negocio que sea atractivo para los inversionistas privados seleccionados para esquilmar a los ibaguereños. Es obvio que si las políticas de privatización no existieran, CapitalCorp ni siquiera se hubiera constituido y menos tendría el negocio de organizar la privatización de 11 acueductos en ciudades colombianas.
A diferencia de lo que ocurre con los otros servicios públicos, los acueductos y los alcantarillados no se privatizan en el sentido en que los activos de las empresas se les vendan a los particulares. La privatización en estos casos consiste en que las empresas se les entregan casi gratuitamente a los particulares, por concesión, por veinte y más años, para que éstos las exploten en su beneficio. La explicación de por qué unas empresas sí se venden y otras no, es sencilla. De acuerdo con Klas Ringstkok, consejero del propio Banco Mundial, para que la empresa privada se gane un dólar en telecomunicaciones debe invertir tres (de 3 a 1), en tanto que para ganarse ese mismo dólar en acueducto y alcantarillado debe invertir doce (de 12 a 1) y eso en redes tan grandes y bien tenidas como las de las mayores ciudades del mundo desarrollado. Entonces, en Colombia y en casi todo el mundo la privatización de este servicio tiene que asumir la forma de la concesión o no podría hacerse.
Las concesiones a los particulares significan que éstos solo asumen la administración de las empresas estatales, cobrando por esa administración fuertes sumas en dinero contante y sonante, para lo cual deben subirse fuertemente las tarifas. Y las nuevas inversiones que deban hacerse salen, en lo fundamental, no de los aportes de los concesionarios, sino de las mismas tarifas. En el caso de la privatización del acueducto de Ibagué, el concesionario se compromete a administrar nuevas inversiones por 135 mil millones de pesos en los veinte años que dura el contrato, es decir, 6.750 millones de pesos anuales, suma que en su casi totalidad saldrá fácilmente de las tarifas de los 82 mil usuarios de hoy, más los nuevos que lleguen. Con que le suban la tarifa promedio a los actuales usuarios en 6.859 pesos mensuales, se paga esa inversión.
Entonces, si la privatización de la energía y las telecomunicaciones es un evidente negociado en favor de los particulares, la de los acueductos y los alcantarillados ni se diga. Porque en la primera los monopolistas extranjeros aunque sea compran las empresas, así sea a menosprecio, mientras que en la segunda las reciben casi gratis para su explotación. Y las reciben casigratuitamente, además, con una cláusula llamada de “equilibrio económico del contrato”, la cual quiere decir que si por cualquier imprevisto los concesionarios no lograren las utilidades con las que hicieron sus cuentas, pueden pedir que se modifique en su favor lo pactado. La alcaldía de Ibague explica que “el restablecimiento del equilibrio (es decir, de las ganancias) se hará mediante ajustes tarifarios, los que se harán en la proporción indispensable para restablecer dicho equilibrio”, y agrega que si las tarifas no pudiesen llevarse al punto deseado por el concesionario -por protestas ciudadanas, por ejemplo-, entonces se alargará el plazo de la concesión. O se dejará tirado el contrato o se le bajará la calidad al servicio -decimos aquí- porque no hay poder humano capaz de hacer que los monopolios extranjeros se mantengan en un negocio en un país atrasado si no les da ganancias superiores a las que logran en sus países de origen.
No es de extrañar, entonces, que en Ibagué se haya generado un inmenso repudio en contra de la privatización del IBAL, según las protestas y propuestas expresadas por comités de usuarios de servicios públicos, organizaciones sindicales, gremios, dirigentes políticos y gentes del común. Esta privatización tiene tanto rechazo que Acopi, Fenalco y Cooperamos presentaron una propuesta contra la concesión y que Oscar Forero, miembro de la Junta Directiva del IBAL, es uno de los líderes del repudio a este regalo de la propiedad pública a algunos particulares privilegiados, y para colmo seguramente extranjeros, dadas las condiciones que se establecen en la licitación para escoger la empresa privada que se favorecerá. Y si la alcaldesa de Ibagué, Carmen Inés Cruz, insistiera en proceder en contra de los intereses de la comunidad podría haber un paro cívico en defensa de este patrimonio municipal.