De allí que se le hubiera ordenado a los administradores de las empresas públicas, bajo pena de sanciones, disparar las tarifas
Cuando se decidió crear la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec), el municipio de Manizales le cedió sus tres plantas de generación y todas sus redes, subestaciones y transformadores. A cambio, quedó legalmente establecido que la Chec no le cobraría a la ciudad la energía de su alumbrado público. Lo que los manizaleños le pagan al Invama por alumbrado público no es el fluido, sino los costos de operación de la red.
Pero en 1994, mediante la Ley 142, el gobierno nacional, con el consabido y genuflexo respaldo del congreso de la república, decidió garantizar por norma legal que los servicios públicos se convertirían en atractivos negocios para el capital privado. De allí que se le hubiera ordenado a los administradores de las empresas públicas, bajo pena de sanciones, disparar las tarifas. Y en la misma norma se estableció que bajo ninguna consideración o motivo las empresas de energía, telecomunicaciones y acueducto podían “regalar” el servicio. Así terminaron pagando altas tarifas: iglesias, escuelas, juntas de acción comunal y demás. Con bajas tarifas y exenciones no hay neoliberalismo que valga.
Entonces, la Chec debió demandar el acuerdo que le daba gratis la energía del alumbrado público a Manizales. La demanda ya se perdió en primera instancia y, si se pierde en la segunda, los manizaleños tendrán que pagar otros cinco mil millones de pesos anuales por el alumbrado público de la ciudad.
Y para acabar de complicar las cosas, hay fuertes rumores que señalan que hay quienes quieren volverse socios de la privatización del alumbrado público de Manizales y del de todos los municipios del departamento, lo cual generaría, por este sólo motivo, más alzas en las ya altas tarifas.