Por: Gustavo Mora Perea, Presidente Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Huila
Como la ley, aprobada en el gobierno neoliberal de Gaviria, transformó las empresas en negocios y a los usuarios en clientes, era de esperarse toda suerte de abusos, atropellos y atracos, sin que para ello se necesitara de instrumentos diferentes a las propias normas legales
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En 1996, dos años después de haberse expedido la Ley 142 o de Servicios Públicos Domiciliarios, el señor Jaime Losada Perdomo, gobernador del Huila, vendió a precio de burro apestado las acciones que el departamento poseía en la empresa distribuidora de gas Alcanos del Huila, hoy Alcanos de Colombia S.A.-ESP. Como la ley, aprobada en el gobierno neoliberal de Gaviria, transformó las empresas en negocios y a los usuarios en clientes, era de esperarse toda suerte de abusos, atropellos y atracos, sin que para ello se necesitara de instrumentos diferentes a las propias normas legales.
Este paso de un monopolio oficial a uno privado fue, además, un auténtico asalto al patrimonio de la Nación que se tramitó alrededor de la venta de la hidroeléctrica de Betania y la entrega de la Licorera del Departamento y también produjo una escandalosa escalada en las tarifas, injustos cargos fijos de conexión, reconexión, contribución y revisión, IVA, etc., de donde salieron miles de usuarios morosos torturados por la crisis económica y blancos del terror jurídico, así como por la suspensión y corte de los servicios. Es por todo ello que los huilenses están más dispuestos que nunca a desechar la mansedumbre y optar por la rebeldía, como única alternativa para enfrentar el arsenal de oprobios que los Estados Unidos –a través del Fondo Monetario Internacional y con el beneplácito y colaboración de los apátridas burócratas y legisladores criollos– cuajaron en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios.
Ahora Alcanos, que también participó en la elaboración del Código de Gas Combustible por Redes adoptado por la Resolución 067 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), lanzó una voraz arremetida con la intención de arrebatarle otros 1.200 millones de pesos a los arruinados usuarios, utilizando esta vez como pretexto la revisión de los contadores de gas que superen los cinco años de uso, para lo cual pretende cobrar por cada uno de los aproximadamente 55 mil medidores la suma de 19.500 pesos.
La réplica de los usuarios a tan despreciable pretensión movilizó veedurías, órganos de control fiscal y otras expresiones sociales, y la Personería impetró una acción popular contra la empresa, acción que finalmente no prosperó. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, interpretando la “Ley”, convalidó el inaceptable negocio. En esa providencia, así mismo, se mostró el total sometimiento e indefensión de los usuarios ante las normas. Y la distribuidora de gas, presurosa, consiguió que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunciara a favor de su tentativa de asalto a los bolsillos de las gentes.
La felicidad, entonces, parecía sonreírle a los empresarios de Alcanos, porque supusieron que habían removido todos los obstáculos. Pero el 14 de marzo pasado, centenares de líderes convocados por la Red de Veedurías, la Asociación de Consumidores de Neiva y la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Departamento del Huila, en acto popular, democrático y de repudio votaron la Desobediencia Civil, actitud valiente que impedirá la revisión de los contadores hasta cuando se establezca que esa revisión se pagará con cargo a las multimillonarias utilidades que obtiene la empresa. Para este justo propósito se ha desplegado una sin igual labor educativa cimentada en el origen de las desgracias de los usuarios, así como en la inaplazable tarea de construir la más poderosa organización de usuarios patriotas.
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[1] Texto ligeramente editado.