Por: Javier Gaviria Betancur,Presidente Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos
La reestratificación no es más que un mecanismo de eliminación de subsidios y de incremento de las tarifas, a pesar de que ya hoy todos hemos sido reestratificados pues las costosas tarifas que estamos pagando, en todos los casos, corresponden a las de estratos más altos
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El pasado 25 de enero fue sancionada por el Presidente Andrés Pastrana la Ley 732, la cual le ordena a los alcaldes del país volver a realizar estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales, dentro de los siguientes plazos máximos, contados a partir del 31 de enero pasado.
A. 14 meses para los municipios de categoría primera hasta con 200 mil habitantes y de categorías segunda, tercera, cuarta y quinta.
B. 16 meses para los municipios y distritos de las Áreas Metropolitanas y de categoría especial y primera con más de 200 mil habitantes.
C. 19 meses para los municipios clasificados en categoría sexta y para los centros poblados y rurales.
Las metodologías serán las que suministre el Departamento Nacional de Planeación. Las Comisiones de Regulación determinarán la nueva gradualidad tarifaria en un plazo máximo de 6 meses, contados a partir del 31 de enero (fecha de inicio de vigencia de la Ley), es decir, antes del 31 de julio de 2002. Y las empresas de servicios públicos domiciliarios aplicarán los resultados al cobro de las tarifas a los usuarios residenciales a más tardar cuatro meses después de haber sido expedido y publicado el correspondiente decreto de adopción.
Hace apenas dos años fueron reestratificados los centros poblados rurales en aplicación de la Ley 505 de 1999. Esa experiencia, entre otras, le enseñó a las comunidades que la metodología de Planeación Nacional nada tiene que ver con sus ingresos y sus realidades económicas, pues se limita a reconocer características físicas externas de las fachadas de las casas, y los resultados de la clasificación empujan a la mayoría hacia estratos más altos. Recuerdan los pobladores de los corregimientos de Medellín, por ejemplo, que la reestratificación de Ley 505 le elevó el estrato al 65 por ciento de los habitantes, mientras que mantuvo en el mismo estrato al 20 por ciento y se lo bajó apenas al 15 por ciento.
Lo grave del asunto ahora es que este cronograma de cumplimiento de la nueva ley coincide plenamente con la época de aprobación de nuevas normas regulatorias y fórmulas, todas de mayor privatización e incremento de tarifas. Entre junio y octubre de este año se expedirá el nuevo marco regulatorio del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo. Está a punto de ser convenida por la GREG la nueva fórmula tarifaria para la energía eléctrica, la que regirá para un período de cinco años que se inicia el 1 de enero de 2003, y que ya se sabe incluirá un generoso aumento de la tasa de rentabilidad sobre los activos de las empresas, la misma que representará incrementos de tarifas entre un 50 y un 70 por ciento. Y en el Congreso de la República está pendiente de su aprobación la nueva ley de liberación de precios del gas natural. Se acerca pues una época turbulenta para los menguados ingresos familiares, mucho peor que la que vivimos hoy.
La coincidencia, sin embargo, no es tan casual. Corresponde a la puesta en práctica de un plan previamente concebido, cuyos propósitos están bien determinados. ¿Cuáles son los afanes de la medida oficial de reestratificación? Con gran insistencia vienen afirmando los inversionistas privados, nuevos dueños de las empresas de servicios públicos, que las tarifas actuales no les están remunerando satisfactoriamente sus capitales o que, francamente, están perdiendo plata. Rápidamente la inquietud ajena se ha convertido en preocupación propia. Los “expertos” de las Comisiones de Regulación, muy solidarios con la causa de los grandes poseedores, han diagnosticado que el mal se encuentra en que los colombianos “apenas” sí pagamos el 48 por ciento de lo que deberíamos estar pagando y que somos demasiados los que recibimos subsidios. Jorge Enrique Ángel, Director de la CRA, dijo en Medellín el pasado 4 de diciembre en la jornada de discusión del nuevo marco regulatorio de agua potable: “en el 84 por ciento de los municipios del país no hay quien aporte a los Fondos de Solidaridad, el 89 por ciento de los usuarios de estos municipios está en estratos 1, 2, 3, subsidiables, y, según el consumo de agua, el 61 por ciento corresponde a quienes deben ser subsidiados”. Y concluía afirmando que “no hay capacidad de generación de subsidios para las ciudades intermedias y menores, pero es imposible subir más tarifas a estratos 5 y 6”.
Y, más recientemente, el Superintendente de servicios públicos domiciliarios, Diego Humberto Caicedo, reconoció que “o se aumentan las tarifas —como estaba previsto— para salvar las empresas y hacer las inversiones requeridas, o es necesario que el Estado, a través de impuestos, vuelva a financiar el sistema”. (El Tiempo, marzo 31 de 2002, página 1-3). Más claro no canta un gallo. La nueva medida de reestratificación es una clara señal para animar a los inversionistas privados a que permanezcan en el sector, inyecten capital fresco y ayuden a salvar el descaecido modelo neoliberal de prestación de servicios públicos.
Entonces, la reestratificación no es más que un mecanismo de eliminación de subsidios y de incremento de las tarifas, a pesar de que ya hoy todos hemos sido reestratificados pues las costosas tarifas que estamos pagando, en todos los casos, corresponden a las de estratos más altos.
Afortunadamente, la dialéctica le muestra a las masas desposeídas el otro polo de la situación. A un mensaje para los inversionistas, corresponde un mensaje para los usuarios: las regulaciones de las desreguladas Comisiones y los controles de las descontroladas superintendencias vuelan en auxilio de las contabilidades de las empresas, no en socorro de las pobrezas de los bolsillirotos. Grandes jornadas de Resistencia Civil se avecinan para hacer la repulsa suficiente contra el atropello que se pretende consumar. Las Ligas de Usuarios estaremos al comando.