José Arlex Arias, Cartagena, septiembre 10 de 2018
Los resultados de la Consulta Popular contra la Corrupción del pasado 26 de agosto, que en las 7 preguntas obtuvo umbrales entre el 32,01 % y 32,05 %, como la número dos sobre “cárcel para corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado” que estuvo a solo 1,28 puntos porcentuales de cruzar el umbral general del 33.33 % del censo electoral, si bien desde lo legal no tiene los alcances vinculantes para obligar al Congreso y al Presidente a convertirla en mandato popular, sí fue una portentosa respuesta de los colombianos, cansados de ver cómo se roban los recursos en todas las instancias gubernamentales por parte de funcionarios de todos los pelambres con la participación de “encumbrados” representantes del sector privado.
La más grande connotación de esta Consulta Popular es haber derrotado la táctica politiquera de quienes se empeñaron en que no saliera adelante, con argumentos falaces, como que se iban a desperdiciar 300 mil millones de pesos, o que rebajaría los salarios a todos los funcionarios públicos, o que los promotores se ganarían 5 mil pesos por voto, y con cortinas de humo de uno de los principales derrotados, Álvaro Uribe, quien pretendió manipular a la población, primero dándole el respaldo a la Consulta si se hacía después de las elecciones presidenciales, pero elegido Iván Duque, “su presidente”, se declaró enemigo de la Consulta y para envolatar a la gente presentó un proyecto de aumento extraordinario del salario mínimo, que tiene pocas probabilidades que llegue al bolsillo de los colombianos. Como Uribe, así jugaron los partidos de gobierno que no hicieron nada por impulsarla, así dijeran que la respaldaban de dientes para afuera. Esos casi doce millones de colombianos salieron a votar contra todo pronóstico, a conciencia y no necesitaron ningún “estímulo” diferente a su inmenso deseo de construir una mejor Colombia.
El resultado de la Consulta debe saberse administrar por parte de los dirigentes, puesto que todo mundo quiere adueñarse de ellos y no con las mismas intenciones del pueblo, que es derrotar a los corruptos. Es cierto que se necesita de la voluntad política del Congreso y del Presidente para convertir el resultado en leyes, pero también es más cierto que los partidos que conforman el nuevo Frente Nacional alrededor de Duque –Conservador (Pastrana), Liberal (Gaviria) y Centro Democrático (Uribe)– más los “independientes” Cambio Radical (Vargas Lleras) y La U (Santos), tienen sus intereses y coinciden en profundizar un modelo neoliberal que trae consigo altas dosis de corrupción inherente a la venta del patrimonio del Estado, liquidaciones de entidades y garantías a los inversionistas, entre muchas otras. Solo cuando el pueblo logre llevar a dirigentes probos, que pongan los intereses de la Nación por encima de sus intereses personales, podremos controlar la corrupción. Razón tiene el senador Jorge Robledo de no asistir a la “Cumbre anticorrupción” y quien denunció: “Muy mal cayó que la reducción de los sueldos de los congresistas informada por la reunión de la Casa de Nariño, a la que decliné asistir, no sea inmediata… sino diferida a lo largo de los años”. ¡Va a ser dura la lucha por impedir que la mayoría del Congreso convierta en letra muerta las leyes anticorrupción!