En las últimas semanas miles de maestros en varios departamentos han entrado en paro por falta de cancelación de sus salarios. Esto ha coincidido con la quiebra de numerosos departamentos que se encuentran enormemente endeudados. Esta crisis financiera de los departamentos se ha visto agravada porque los recursos que el Gobierno Nacional debe girar para educación y salud, se encuentran en el mismo porcentaje desde hace varios años y no alcanzan para cubrir satisfactoriamente las necesidades de estos sectores. El gobierno neoliberal de Pastrana ha incumplido la disposición constitucional de asignar un porcentaje creciente de los ingresos corrientes de la nación para atenderlas satisfactoriamente. Los educadores se han visto obligados a librar luchas por sus salarios y mientras tanto el gobierno habla no solamente de recortar las transferencias, disminuir el ritmo de crecimiento de los dineros del situado fiscal, sino eliminar varias conquistas de los educadores en materia prestacional y pensional.
Hacía veinte años no se atrasaba el pago de los maestros a cargo de la nación “unos doscientos cincuenta mil” ni siquiera un mes. En los pasados tres meses, no se le pagó a los maestros de seis departamentos. Muy posiblemente, sucederá lo mismo con otras entidades territoriales en los meses que vienen. Pero a los maestros a cargo de los municipios y departamentos, el atraso va desde un mes hasta un año. ¿Por qué no le están pagando a los maestros? Esta es la pregunta. Existen tres razones principales (situado fiscal, Fondos Educativos Regionales, FER, y presupuesto).
El déficit del situado fiscal para el salario del magisterio a su cargo ronda por el billón doscientos mil millones de pesos. Este faltante que viene apareciendo cada año desde 1996 se resolvió inicialmente con un llamado “fondo de compensación educativa”. En su lugar, este año el gobierno se inventó un adicional en el presupuesto destinado a créditos para el pago de los salarios. Con el “fondo” el gobierno nacional tenía una facultad discrecional para el manejo de los recursos faltantes, algo así como una caja menor disponible a su voluntad. Con el crédito se le hace un chantaje a las entidades territoriales mediante lo que se denomina “convenios de desempeño” condicionando el pago de los educadores al cumplimiento de una serie de medidas atentatorias contra el magisterio y la educación. Tanto el “fondo de compensación” como los créditos se constituyen en un instrumento de presión al imponer requisitos para el pago del salario que nada tienen que ver con el cumplimiento de los maestros. Son inaceptables.
Existe otro factor. Varios departamentos han desviado los fondos del situado fiscal hacia gastos distintos a educación, como en Tolima y Córdoba, por ejemplo. Durante más de cuatro lustros nunca sucedió esto. Pero el Ministerio de Hacienda, en lugar de girar los recursos a los Fondos Educativos Regionales, FER, los ha enviado a las tesorerías de los departamentos, dejando a discreción de los gobernadores el uso del situado fiscal para educación. Y se han utilizado para pagar tutelas, construir escenarios deportivos, cubrir deudas, etc. Con lo que se ha cometido peculado.
Entre tanto, los municipios creaban una feria de vinculación de docentes a cargo de sus recursos propios, bien fuera por necesidades del servicio, bien por favores políticos. Pero no contaban con los recursos necesarios. Nunca lo deberían haber hecho y en cambio tendrían que haber exigido su cubrimiento a los recursos nacionales del situado fiscal. Prefirieron embarcarse en nombramientos municipales por los que no podían responder. Hoy la situación es verdaderamente dramática.
En toda esta tragedia del pago del magisterio subyace una política deliberada agenciada por el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional de privatizar la educación pública. Desmantelando los recursos del situado fiscal definidos claramente en el artículo 10° de la Ley 60/93, pretenden transferirle la responsabilidad de la educación principalmente a los municipios. Para que una vez quede claro que ellos no tienen como atender el financiamiento de la educación, utilizar el situado fiscal como un subsidio a los planteles educativos con una suma fija por cada estudiante atendido sobre la base de cumplir estrictos “criterios de eficiencia”, es decir, de rendimiento lucrativo.