En una demostración de cómo se está manejando la política económica de Colombia, la primera semana de septiembre, el ministro Juan Manuel Santos viajó a Washington a rendir cuentas al FMI sobre la evolución del compromiso firmado entre el gobierno y dicha entidad; El FMI dio visto bueno a la reforma tributaria, especialmente a la eliminación de las exenciones en el impuesto a la Renta, que afecta entre otras a las cajas de compensación y a las empresas de servicios públicos y en IVA, el cual se pretende extender a nuevos productos de la canasta familiar. Dos semanas antes de que esta reforma fuera conocida por el Congreso o por la opinión pública, fue evaluada por el FMI el cual recomendó adicionalmente acelerar las privatizaciones y llevar al Congreso la reforma en el sistema pensional antes de finalizar el año.

Una semana después de haber recibido la aprobación, el 11 de septiembre el ministro presentó ante la Comisión de Concertación Laboral, el programa de ajuste que incluye un aumento de 6,2% para los trabajadores estatales y la reforma tributaria con la cual se pretende recaudar cerca de 4 billones de pesos dos de los cuales se dedicarán a gastos de inversión. El ministro señaló tajantemente que el ajuste no se negociaría con los trabajadores sino con el Congreso y nuevamente ofreció sudor y lágrimas.

Finalmente el 15 de septiembre el gobierno anunció la reforma que afecta gravemente al sector solidario, a las cajas de compensación, al sector agrario, a las empresas de servicios públicos, a los asalariados y a todos los colombianos que consumen los productos de la canasta familiar. En una dramática intervención esa misma noche Pastrana señaló que sin la reforma habría una catástrofe.

El gobierno venía presionando en el Congreso la aprobación del presupuesto de 2001, la cual se dio a mediados de septiembre. En este el 40% se dedicará al pago de la deuda interna y externa y el 50% a gastos de funcionamiento y transferencias a municipios y departamentos, de esta forma sólo el 10% es para inversión y este rubro está desfinanciado en dos billones de pesos. La argucia del gobierno era hacer aprobar un presupuesto desfinanciado y acto seguido presentar la reforma para cubrir el faltante. Como el país está en vísperas de las elecciones municipales y departamentales, hasta el partido conservador ha objetado la reforma y aun en el seno del gobierno surgieron quejas. El partido liberal, sin negar la necesidad del ajuste, calificó la reforma de inoportuna y las centrales también la han condenado. Un amplio espectro de colombianos la rechaza y es necesaria una amplia movilización popular para que el resultado final sea un no rotundo a esta reforma y no una transacción post electoral como lo quiere el gobierno.

El problema del déficit fiscal se debe a una deuda externa que ya representa el 40% del PIB y por la cual se pagan intereses que superan ampliamente no solamente el crecimiento de la inflación, sino el aumento de los ingresos corrientes del Estado, con lo cual el pago de intereses y servicio a la deuda ocupa un lugar cada vez mayor de las finanzas estatales. Solamente el replanteamiento de estos pagos y la reactivación de la economía que se produciría con la reversión de la apertura económica, permitiría incrementar los ingresos del Estado y aliviar el déficit, dentro de este marco cabría que un gobierno comprometido con la defensa de la producción nacional, acudiera al crédito del Banco de la República, para reactivar la demanda interna, a través del fomento al empleo estimulando la actividad productiva en todos los campos.

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