Empecemos saludando el esfuerzo que está haciendo la Procuraduría General de la Nación al promover un trabajo de investigación grande sobre este asunto del sistema electoral, que determina la suerte del Congreso de la República, la Presidencia de la República, los alcaldes y los gobernadores. Pienso que si hay un asunto clave en cualquier análisis o lógica democrática es este. Me parece entonces bien importante el trabajo que se está haciendo para mejorarlo y saludo el esfuerzo que, según tengo entendido, se va a hacer de una manera sistemática y continuada.
Lo segundo, saludar que dentro de la propuesta se plantee un enfoque integral, no solo sobre la forma como se hacen las elecciones, sino también sobre las garantías democráticas y de honradez que han de tener los exámenes electorales.
Lo tercero, por lo que conocí, una buena parte de las intervenciones se está dedicando a reformar la legalidad del sistema electoral y a buscar garantías para que el proceso sea lo más limpio posible. Pienso que el señor Procurador, en la intervención que hizo al respecto, lanza una acusación supremamente grave que en buena medida refleja la inmensa dificultad por la que atravesamos, resumida en una frase que él expresó. Dice: “Entre los problemas técnicos de mayor envergadura, hemos enfatizado en el fracaso del modelo de tarjeta electoral. Lo que en su tiempo se presentó como una innovación para conjurar la venta de votos y el control externo de los electores por parte de los partidos, ahora se traduce en un modelo más afinado de corrupción electoral que no compra electores, sino jurados y que igualmente tiene capacidad de adulteración de los resultados a través de la trascripción y la sumatoria amañada de los datos que provienen de los tarjetones”. Esta sola denuncia debiera conmover al país. Estamos hablando nada menos que de una declaración del Procurador en un párrafo muy breve, si ustedes quieren, pero explicando la monstruosidad que padecemos. Ya no se compran los votos, sino que se trafica con jurados enteros. Hay un proceso de adulteración de los resultados electorales, que si no cubre el ciento por ciento de los casos, sí reviste proporciones de gravedad. Y por ello habrá que tomar todo tipo de medidas que apunten a resolver este problema. Cómo hacer para acabar con la corrupción que falsea la voluntad de los votantes, es una necesidad que está ahí.
Mecanismos corruptos previos al acto de votar
Sin embargo, y ante denuncias tan contundentes, que reflejan la gravedad del asunto, pienso que se vuelve muy importante que discutamos otro aspecto, y en él voy a centrar mi intervención. Las formas de corrupción o de manipulación o de adulteración del querer de las gentes, métodos si se quiere más sutiles y que en buena medida explican la denuncia del señor Procurador. Son formas previas de corrupción, diría yo, y separarlas resulta medio absurdo, porque hacen referencia no solo al funcionamiento de las instituciones, sino también a la actitud de los propios dirigentes políticos, que preparan los resultados electorales mediante mecanismos, no estrictamente fraudulentos, pero que a mi juicio terminan falsificando los resultados electorales. Voy a hacer una presentación centrada en este aspecto. Y voy a ir explicando por el camino a qué es a lo que me estoy refiriendo.
Lo primero, a lo que uno podría llamar de manera muy directa compra de votos. En Colombia, todos sabemos, se compran y se venden votos. Probarlo es sumamente difícil, pero a cada rato salen las denuncias y todos conocemos casos de uno y otro tipo. Compras que se dan antes de la votación o en el propio día de las votaciones, con pago de contado. Uno sabe de dirigentes políticos o de candidatos que compran votos el día de las elecciones, tanta plata por un voto. Pero hay otro sistema de compra de votos que viene volviéndose cada vez más común, y es lo que podría llamarse compra de votos mediante pagos en especie, también muy comunes y suficiente denunciados. Entre los preferidos, figuran los bultos de cemento y demás materiales de construcción y los mercados. Son los más directos dentro de esta lógica de compraventa, pero voy a explicar que también se aplican métodos, aunque también directos, tal vez un poco más sutiles.
Hay prácticas que se han ido volviendo costumbre y que ya ni se ocultan porque aparecen como normales. Hoy en día resulta bien difícil encontrar reuniones de directorios o de comandos electorales que no incluyan una rifa. No a las escondidas, sino de la manera más abierta. A mí me tocó en un pueblo de Caldas presenciar la rifa en pleno parque con un candidato al Congreso y la rifa se hizo de una manera completamente directa. Alguien en el Congreso me contaba en estos días la historia de un candidato que se gastó cerca de 500 millones de pesos en las pasadas elecciones adquiriendo al por mayor electrodomésticos en alguna cadena de hipermercados, y después se lamentaba porque a pesar de haberse gastado una planta tan grande, fue derrotado por un contrincante que salió a comprar en efectivo los votos. Hechos de este tipo resultan paradójicos y dolorosos, porque se cuentan como un chiste y todo entonces se vuelve burla. Es otra forma de compra de votos que estamos padeciendo.
Hay una serie de prácticas que se vienen presentando, particularmente en las alcaldías, tanto más comunes cuanto más pequeño el municipio. En estos días estuve en un pueblo. Hicimos una reunión en un auditorio grande y vi en un rincón una montaña de cajas de cartón desocupadas. Me puse en el trabajo de investigar y logré saber que esas cajas guardaban televisores, ventiladores, ropa y zapatos. Pregunto, y esto cómo fue. Me dicen, una mercancía que al parecer la DIAN sacó a remate, una serie de decomisos de contrabando y que se entregó a unos alcaldes. Hoy me precisaron la información. No es ni siquiera que la DIAN sacara a remate, sino que regaló. Y esos alcaldes beneficiados, no sé si todos los de Colombia o unos pocos, fueron con sus camiones hasta Maicao o no sé adonde, se trajeron la mercancía e hicieron un reparto entre sus amigos, como es apenas obvio. Una actitud a mi juicio corrupta de clientelismo absolutamente descarado.
Se volvió normal en las alcaldías el reparto de mercados, no solo en tiempo electoral, sino en todas las épocas. Es fácil constatar que los alcaldes regalan mercados, si no en todos los municipios, por lo menos en muchos y me ha tocado verlo. El día del mercado el alcalde se instala en su oficina, y hay una larga cola de gente pobre y de las zonas rurales, y el alcalde despacha como una especie de señor medieval. Al uno le paga la factura de los servicios públicos, al otro le da para drogas, etc., dádivas personales de los alcaldes a unos electores atendiendo todo tipo de peticiones. Me he puesto a averiguar de dónde salen estas platas y resulta que el 28% de las transferencias a los municipios son de libre destinación. Y “libre destinación” incluye precisamente este tipo de dádivas clientelistas, y estamos hablando de 2.95 billones de pesos de solo transferencias del gobierno nacional a los municipios. No alcancé a calcular cuánto valen las rentas propias de libre destinación de los presupuestos municipales, pero de todos modos el 18%, nada menos, puede gastarse en este tipo de favores. En el caso de las gobernaciones, el rubro de libre destinación son 660 mil millones de pesos. En una palabra, estamos hablando de sumas astronómicas. Quiero ser amable y suponer que la gente, después de que le pagan la factura, va y vota libremente, pero nadie deja de abrigar inmensas dudas de que no sea así.
Queda un tercer aspecto de compra de votos, este no tan abierto, y es la operación clientelista más típica, la relacionada con la burocracia. El dar un empleo suele ir amarrado a que se vota por alguien. Las inversiones en obras públicas, el que un puente se haga en un sitio o en otro, o una escuela en un sitio o en otro, depende también de los compromisos electorales que hagan las comunidades que van a ser favorecidas. Los dos métodos anteriores, el del compromiso que exige la burocracia o el compromiso que exige el gasto en obras públicas son muy viejos en la política tradicional.
El “gasto social” de la Presidencia
Lo nuevo, lo que viene ganando fuerza, un asunto muy interesante que dejo planteado aquí a manera de discusión para que lo miremos con más detenimiento, es una descomunal operación asistencialista que se está adelantando en nombre de lo que se llama el gasto social, a mi juicio abiertamente clientelista en una proporción enorme de los casos y que apunta a torcerle la voluntad al electorado.
Y me voy a referir en particular a un caso que me viene llamando mucho la atención y que es un hecho relativamente nuevo, de hace apenas un par de lustros. Presidencia de la República ha estado asumiendo una serie de funciones que no tenía antes del período neoliberal. En Presidencia de la República había un presupuesto que era para los gastos de funcionamiento, me supongo, la plata de los celulares, la gasolina de los carros, mercados para la presidencia, todo lo del trajín cotidiano. Lo nuevo es que Presidencia de la República viene asumiendo una serie de gastos que antes estaban a cargo de los ministerios y otras entidades. Doy las cifras para que dimensionemos el fenómeno en su verdadero tamaño. Presidencia de la República cuenta con dos rubros en el presupuesto del 2007: 140 mil millones de pesos, una suma inmensa, para gastos de funcionamiento. Y una cosa que se llama Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con un rubro de 1,4 billones de pesos. Para que nos hagamos una idea de cuánta es la plata, es bueno saber que el presupuesto del Ministerio de Defensa vale siete billones de pesos. Luego estamos hablando de un rubro de una importancia enorme. ¿Para qué? Lo que cubre el tal rubro es apoyo integral a la población desplazada, atención a las víctimas de la violencia, programas de infraestructura, donaciones, red de solidaridad alimentaria, minicadenas productivas, familias en acción, familias guardabosques, reconversión social y laboral, cooperación internacional. Para decirlo en dos palabras, el presidente de la República se gasta 1,4 billones en lo que se le antoja, con un propósito político a mi juicio absolutamente evidente y es el de crear una relación clientelista directa con la Presidencia de la República. El fenómeno es nuevo, aunque no empieza con Álvaro Uribe Vélez. Quiero dejar en claro que viene desde antes, pero la lógica es que la Presidencia de la República ya no va a hacer política solo a través de ministerios e institutos descentralizados, sino que ahora la está haciendo de manera directa.
¿De cuánto estamos hablando, cuánta gente está en juego, cómo afecta el voto libre de los ciudadanos? El tema en este debate es justamente ese, con qué tanta libertad pueden votar los ciudadanos, no solo porque su decisión resulte tergiversada si el jurado hace fraude, sino también porque algún político le compre el voto a ese ciudadano, bien sea de contado o bien con pagos diferidos, o porque se le tuerza el sentido a la libertad ciudadana sobre la base de que el elector vota por uno u otro dependiendo de qué reciba. Según la Presidencia de la República, estamos hablando de un total de subsidios familiares, entre 2003 y 2006, de 3,3 billones de pesos, que favorecen a 880 mil familias, y de subsidios individuales por 4 billones de pesos para 14 millones 900 mil personas. Platas supremamente grandes. ¿Cuál es su efecto sobre el sistema electoral? Sobre este punto nadie ha hecho un estudio cuidadoso, porque hay subsidios y mecanismos de resorte individual y otros de resorte familiar, y habría que detallar cuáles de ellos son más eficaces, digamos, para generar la relación clientelista y amarrar el voto. Este trabajo no lo ha hecho nadie. Es una investigación que amerita un análisis en detalle, pero pienso que la cifra anterior puede dar una idea. Podemos estar hablando de dos o tres votos por familia, lo que daría, mal contados, dos millones de votos que podrían estar siendo determinados mediante este tipo de mecanismos.
Voy a ilustrar con cifras oficiales el tamaño del asunto. Sisben, no por individuo sino por familias, y aquí hicimos un cálculo de cuatro personas por familia, favorece, según el gobierno, a 18.580.000 individuos, lo que nos da unas 4,6 millones de familias. Son cifras suministradas por el gobierno. Subsidios al desempleo, 211 mil familias. Atención a los adultos mayores, 595 familias. Familias en acción, 564 mil familias. Entre paréntesis, les comento que en las pasadas elecciones sufrimos en el Polo con esto de las familias en acción, porque hubo sitios en Colombia donde se regó la especie de que si el Polo ganaba, se iba a acabar el programa Familias en Acción. Campesinos en Red de Solidaridad, 333 mil familias. Familias guardabosques, 32.900 familias. Subsidios de vivienda, 372 mil familias. Para un subtotal de 6,75 millones de familias. Algunas pueden estar repetidas, claro está, por alguien que reciba por un lado y por el otro, y la suma por ende puede ser menor. Hay además otros programas, niños beneficiarios de los restaurantes escolares, 2,3 millones, y si hablamos de dos niños por familias, serían un millón ciento cincuenta mil familias. Niños beneficiarios de programas de desayunos, 500 mil. Todos los anteriores son planes nacionales, porque si cogemos los planes departamentales, distritales y municipales, estaríamos hablando de sumas mayores.
La pobreza como carne de urna
Todo este carrusel se está convirtiendo, a mi juicio casi de manera inevitable y en muchos casos de manera absolutamente intencionada en un método para manipular las elecciones sobre la base de ofrecerles a los ciudadanos, no una salida a los problemas nacionales, sino un mecanismo que en algo palie su lamentable situación. Ahora, este tipo de prácticas cuentan con una base social descomunalmente grande y de ahí que sea tan difícil corregirlas, porque, según datos de la Universidad Nacional de Colombia, el 66% de compatriotas vive en la pobreza y hay un total de 27,5 millones de colombianos pobres. Y en la indigencia 27%, o sea, once millones de indigentes. Luego es muy difícil que una porción inmensa de esos compatriotas no se convierta en carne de urna. Estoy intentando ser amable, pero abrigo la absoluta convicción de que una parte muy grande de los votos en Colombia se direcciona mediante este tipo de mecanismos.
Añadamos, en términos de discusión, que esta no es la parte más grave del asunto. Lo más grave es que las operaciones clientelistas han venido pervirtiendo la política nacional, pues han convertido la lucha política, no en una digna actividad que apunta a resolver los problemas de todos los colombianos, sino en un chaleco salvavidas que exime al elector de las peores consecuencias de la pobreza, siempre y cuando vote por fulano o por zutano, que controlan el poder del Estado. Se sustituye la lucha política por una operación clientelista. No se le ofrece al elector construir un país que funcione de verdad, con una economía que funcione de verdad, donde el empleo dé derecho a tener buena atención en salud y a educar a los hijos y a tener un ingreso digno, sino que se mantiene el desempleo como desgracia crónica y al elector se le entrega, después de hacer mil colas, un carné del Sisben, que no le resuelve su problema general, pero sí le crea una dependencia clientelista frente a quien le está entregando ese carné de una manera selectiva y en función de compromisos de tipo político.
Aparece una especie de maniobra política que no vacilo en censurar enérgicamente. Las tragedias nacionales, el desempleo, la pobreza, la falta de salud, la falta de educación, en suma, todas las carencias que afectan a nuestra población, aparecen como un castigo del cielo o como una tragedia cuya causa es impersonal, cuyas razones nadie entiende. El ciudadano no sabe muy bien por qué es pobre, por qué es miserable, por qué perdió el empleo, por qué perdió la finca, por qué se le acabó el maíz. Desconoce por completo cuál es el origen de todos los males que padece, pero sí conoce muy bien el nombre propio, la cara y, sobre todo, el número del tarjetón de quien le concede un carné del Sisben, de quien lo vuelve una familia en acción, de quien lo vuelve un viejito no sé qué, porque ese acto sí genera una dependencia absoluta y directa en el funcionamiento de la vida política nacional. Este hecho es más grave que cualquier otro de los que he denunciado, porque entonces lo que tenemos no es una lucha de planteamientos y posiciones, una lucha a la cual vamos con ideas, buenas, regulares o malas, pero de todos modos con ideas, sino un sórdido carrusel de compra de votos. Bien sea, como ya lo explicó el señor procurador, comprándose al jurado de votación para que se robe las elecciones, o comprando los votos al contado, terrible, o recurriendo al clientelismo del Estado para aceitar unas decisiones que les faciliten a unos pocos el triunfo en las urnas.
Cómo resolver el problema
Este empieza a ser el problema principal del sistema electoral colombiano y que me lleva a plantear algo que no quise mencionar inicialmente. En las condiciones anotadas, resolver el problema de fondo del sistema electoral colombiano se vuelve supremamente difícil, porque no hay interés en que el problema se resuelva. Empieza incluso a suceder algo a mi juicio bastante perverso. Me pasó en una región pobre de Caldas. Hice una reunión con doscientas personas en una vereda donde se sabía que muchos de los votos se conseguían mediante el clientelismo o mediante la compra de votos. Llegué y un poco inocente, hablé un rato y dije que no daba nada, y efectivamente no di nada. Cuando nos montábamos en el carro, ya de salida, les dije a mis compañeros: “Hombre, yo vi a un señor de los que estaban en la reunión que me miraba fijamente y ¿saben de qué estoy seguro? De que ese señor pensó que yo sí soy el más pillo de los que por aquí han venido, porque pretendo quitarles los votos sin darles nada”. Que ya es el súmmum, diría tal vez, porque los otros nos quitan los votos pero por lo menos algo nos dan, desbaratan el país pero algo dan, y este tipo viene y nos quita los votos y no nos da nada. Yo me pregunto ahora: por qué tenía que creer ese viejito en mí, a cuenta de qué. Ese es un poco el asunto que viene sucediendo y a los que jugamos un juego de honradez y cero clientelismo nos empieza a pasar en cierto sentido que aparecemos como los peores. Yo les planteo con franqueza: cuántos colombianos habrá absoluta, honradamente convencidos de que las elecciones tienen que ver con un sistema de compraventa del voto. Es probable que haya millones de colombianos que nunca lo hayan hecho de otra manera ni nadie les haya explicado que se puede votar de otra manera, por lo que les parece natural la compraventa. Ellos votan por quien les contribuye de alguna manera, en la lógica de “usted coge lo suyo, senador, y yo lo mío, y listo”.
Una vez me tocó ver que una alcaldesa, a quien le reclamaban a los gritos unos electores que por qué no les había hecho el acueducto, les replicó también airada que ya les había pagado por los votos y que lo que querían era hacerle trampa, porque ya ella había cancelado la obligación.
Cual es el lío de cambiar el sistema. Hasta ahora he llamado la atención sobre una realidad que no podemos evadir. Cuánto es el porcentaje de compra de votos, cómo funciona, realmente no es fácil establecerlo, pero estoy convencido de que todo lo aquí denunciado asume proporciones supremamente graves en la política nacional. Y el lío es que resolverlo no es fácil, primero, porque está muy arraigada la concepción de la política como un instrumento de salvación individual, no solo para los electores sino también para los dirigentes políticos. La política se ha vuelto el instrumento mediante el cual yo separo mi suerte personal de la suerte de la nación. Es decir, al país le va mal pero uno mediante la política se aparta. El país se llena de desempleados, arruinados y empobrecidos, pero yo mediante la política me salvo, yo y una banda de amigos míos a quienes llevo en el negocio. El barco en el que navega la nación colombiana se está hundiendo, pero yo y mis amigos, y cada combo tiene sus amigos, me consigo con la política, o un chaleco salvavidas, o una lancha con motor fuera de borda, o hasta un helicóptero, todo con tal de separar la suerte personal de la suerte de la nación.
Hay además otro obstáculo que hace muy difícil cualquier reforma. ¿Quiénes son los que tienen que arreglar el sistema electoral? Pues los actuales congresistas, es decir, los que ganamos con el sistema que se piensa modificar. Qué tanto afán tendrán en corregirlo no solo los que han ganado políticamente con él, sino los que han ganado económicamente, los que se han enriquecido con el régimen, en buena medida por sus relaciones con el Estado, que les da prebendas, no les cobra impuestos o les cobra pocos, les otorga una licencia para importar o para no dejar importar, los incluye en una licitación, los hace partícipes de una privatización, en fin, mil mecanismos mediante los cuales el gobierno de turno enriquece a sus amigos. Es este sistema electoral que tenemos el que ha puesto los presidentes, los ministros, los gobernadores, los alcaldes y los congresistas, ¿y se espera que sean estos los que lo cambien? ¿Quién está interesado en cambiar esto que he dicho del clientelismo? Tal vez solamente los que no usamos ese sistema. Pero a los otros ¿les interesa cambiarlo? He conocido congresistas que son unos magos en la mecánica electoral, pero absolutamente inhábiles en asuntos de economía o de política o en el tema social, no voy a decir que sean brutos, sino inhábiles. Nada saben de economía, pero sí se conocen cinco mil maneras de conseguirse un voto.
Ahora, ¿para qué el voto? Buena parte de los votos que estos parlamentarios se consiguen se convierten en un cheque en blanco para que ellos vayan al Congreso a hacer y deshacer contra el pueblo. Ocurre entonces algo muy perverso. Al productor de trigo y cebada de Boyacá a quien le sonsacan el voto con un carné del Sisben jamás le dicen que le arruinaron el trigo y la cebada con la apertura económica. Cuando a ese campesino le dan un carné del Sisben a cambio del voto, no le explican tampoco que con el TLC no volverá a haber nunca más trigo y cebada en Boyacá, que es la fuente de su pobreza. Al obrero de Manizales que hoy vive en un barrio miserable porque se cerró la fábrica de Tejidos Única, producto de las importaciones de textiles, jamás le aclaran, cuando le compran el voto con un carné del Sisben, por qué cerró la empresa donde él trabajaba y donde no necesitaba ningún carné del Sisben. Esta es quizá la parte más perversa del sistema clientelista.
Ojalá, y lo digo con toda franqueza, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría cuenten con éxito y logren avanzar en los controles administrativos de todos estos aspectos que he estado denunciando, pero realmente no soy muy optimista, porque, exceptuando a unos pocos dirigentes políticos, no veo en este país que haya un propósito de hacer los correctivos necesarios. No lo hay por parte de quienes se han beneficiado con el sistema clientelista. Y hasta razón tienen en no quererlo cambiar. Probablemente les iría mal si aquí se llegara a votar como en otros países donde el voto es bastante más libre que el de aquí.
Con todo, hago votos porque haya éxito al respecto. Si alguien me preguntara qué habría que hacer para acabar con el clientelismo, le diría que tendríamos que emprender en Colombia transformaciones bastante más complejas de las que estamos en condiciones de lograr en este momento, empezando por introducir en la propia nación colombiana un sentimiento de rebeldía, una especie de actitud que permita comprender la lucha política como algo bastante más importante que conseguirse un ventilador o un radio o un carné del sisben o un subsidio de cien mil pesos. Mientras el pueblo colombiano, los de abajo, los descontentos, la nación toda, no logren entender que la lucha política ha de apuntar a mucho más que a paliar un tanto las tragedias que a diario se viven, cambiando un voto por un tamal o por un mercado, va a ser imposible acabar con el clientelismo. Más que un problema administrativo, sin negar que haya que luchar también en este campo, se trata de transformar profundamente la conciencia ciudadana, si queremos arreglar este país.