Unión de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos, Seccional Atlántico, Barranquilla, septiembre de 2006
En estos días se siente una gran agitación en el departamento del Atlántico en torno al tema de la Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado S.A. E.S.P. (Triple A), al saberse que la junta directiva de la empresa ha convocado una nueva capitalización por 65 mil millones de pesos que serán destinados al pago de deudas con la banca internacional. De esta suma, el distrito de Barranquilla le correspondería poner 23 mil millones de pesos para poder conservar su participación accionaria minoritaria.
La historia de la Triple A es una crónica de desfalcos y defraudaciones del patrimonio público al abrigo de la política neoliberal impuesta a Colombia desde hace tres lustros. La historia se remonta al año 1991 cuando el Concejo Municipal de la época aprobó el Acuerdo 023 por medio del cual se autorizó al alcalde a participar, en representación del municipio, en la creación de “una Sociedad Anónima de Economía Mixta’’ para prestar los servicios de agua, alcantarillado y aseo. En consecuencia fueron liquidadas las Empresas Públicas Municipales que existían desde el año 1960.
El Acuerdo 023 estableció que el municipio de Barranquilla tendría la calidad de socio mayoritario con una participación de mínimo el 85 por ciento de las acciones, denominadas de clase A, y los particulares tendrían un máximo de 15 por ciento, de acciones clase B. Todo esto cambió en el año 1996 cuando sucedieron los hechos más bochornosos e ilegítimos durante la alcaldía de Edgar George González. Sin que se conozca hasta ahora ninguna autorización del Concejo municipal para cambiar la composición accionaria, la junta directiva y la asamblea de socios de la Triple A aprobaron el 19 de septiembre y el 21 de octubre de ese año, respectivamente, entregarle la mayoría de acciones a la empresa privada Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) constituida el 19 de septiembre con un capital de solo un millón de pesos y que tenía como socios a la multinacional Aguas de Barcelona (51 por ciento de acciones) y Fidugan (49 por ciento); todo esto en contravía del Acuerdo 023 de 1991. Además, Inassa quedó como socio calificado, con acciones tipo C, y como operadora la empresa Aguas de Barcelona.
Aunque ha aumentado la cobertura de los servicios de agua, alcantarillado y aseo, esta se ha dado a costa del endeudamiento de la Triple A con empréstitos internacionales que han resultado onerosos. Sobre este tema Carlos Ariza, gerente actual de la Triple A, en una respuesta a un cuestionario del Concejo Distrital a través del diario El Heraldo del 28 de Julio pasado, admitió que la empresa ha pagado por concepto de intereses entre los años 2003 y 2006 la suma de 76 mil millones de pesos y que buena parte de la capitalización que preparan, 42 mil millones de pesos, la utilizarán para cancelarle amortizaciones a la banca internacional. El concejal barranquillero Rafael Sánchez Anillo calcula que la deuda actual de la Triple A es de 280 mil millones de pesos, lo que indica cómo el modelo neoliberal de privatización de los servicios públicos beneficia principalmente a los sectores privados, principalmente foráneos. Es importante mencionar que a fines del año 2003, Inassa le vendió su participación accionaria mayoritaria a la empresa Canal Extensia Isabel II de propiedad de la municipalidad de Madrid, España, la cual ostenta hoy el título de socio controlante de la Triple A.
Como producto del manejo privado de la Triple A las tarifas del agua y alcantarillado han sufrido fuertes incrementos, al comprobarse que en los últimos quince años éstas han aumentado más de mil por ciento, lo cual ha golpeado a todos los estratos sociales, principalmente a los sectores populares.
SE CONSTITUYE EL COMITE PRO DEFENSA DEL PATRIMONIO PUBLICO
En los últimos días se ha calentado el debate en torno a la defraudación de que ha sido objeto esta empresa que es vital para el progreso y bienestar de cerca de 1.7 millones de habitantes del Área Metropolitana de Barranquilla que comprende también los municipios de Soledad, Puerto Colombia y Malambo. En el Concejo Distrital se han dado importantes debates de varios concejales que han denunciado las irregularidades y los medios de comunicación han publicado importantes columnas indagando al respecto, lo que ha llevado a la opinión pública a estar expectante.
El 10 de agosto pasado se constituyó en Barranquilla el Comité Pro Defensa del Patrimonio Público del Atlántico integrado por el Polo Democrático Alternativo, la Gran Coalición Democrática, la Federación de Pensionados del Atlántico, la Sociedad de Pensionados de Empresas Públicas Municipales, La Unión de Usuarios y Defensores de los Servicios Públicos, la Federación Comunal del Distrito, el Comité Permanente de Estudio de las Tarifas de los Servicios Públicos, la Asociación de Profesores Universitarios, la Coordinadora estudiantil de la Universidad del Atlántico, entre otros. Este organismo ha convocado un Foro Sobre la Situación de la Triple A para el martes 3 de octubre en el cual se analizará la grave situación y se trazarán tareas que tienen los siguientes objetivos: rescatar la empresa para que el distrito vuelva a tener la mayoría accionaria como lo dispuso el Acuerdo Municipal 023 de 1991, preparar las demandas jurídicas que sean del caso, denunciar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con el cual todos los servicios públicos serían privatizados y ligar estas acciones a la lucha por la derogatoria de la ley 142 de 1994, que es el marco jurídico que permite estos desfalcos y anomalías. Con estos hechos toma más fuerza la exigencia de que el servicio público del agua sea un derecho fundamental de todos los colombianos, por lo cual estas empresas deben ser de naturaleza pública, manejadas eficientemente, sin ánimo de lucro y no fuentes de exorbitantes ganancias de compañías trasnacionales. En este sentido también debe rechazarse la privatización de Ecopetrol, Corelca, Seguros Sociales, Adpostal, Telecom y demás empresas que son patrimonio público del pueblo colombiano.