José Arlex Arias, Cartagena, enero 29 de 2018
La decisión causó gran impacto entre las víctimas, quizás tan fuerte como el que sintieron los familiares de las 21 víctimas fatales del desplome del edificio Blas de Lezo II, impacto del cual no se recuperan, sin recibir resarcimiento de sus victimarios y solo paliativos del Distrito. Hoy, el “cartel de la construcción” sigue “vivito y coleando”, felices de la vida, porque saben que a pesar de los graves daños que le causan a la sociedad, pueden disfrutar de sus ilegales ganancias en mansiones y fincas por cárcel y esconder sus capitales en paraísos fiscales. Es que el estado social de derecho está diseñado para ellos; la corrupción es inherente al modelo económico: “la máxima ganancia por encima de todo”. La decisión de desalojar de inmediato 16 edificios –14 de ellos construidos por los Quiroz, propietarios del Blas de Lezo II–, que albergan a 108 familias, la tomó un mozalbete al que le entregaron interinamente la alcaldía de Cartagena, puesto que el presidente Santos decidió tomarse todo el tiempo legal para convocar a las elecciones atípicas –el comentario es que se están gastando el presupuesto del 2018 para favorecer a sus grupos en la campaña electoral–, burlando al constituyente primario. Fue una determinación irresponsable, improvisada, sin medir las consecuencias y los daños causados a unos habitantes que luchan por conseguir un techo, un apartamento que les brinde, dentro de sus circunstancias, mejores condiciones de vida, en un círculo social construido en muchos años.
No se puede poner en discusión que primero está el derecho fundamental a la vida; por eso cuando se trate de tomar decisiones alrededor del mismo, estas tienen que ser cuidadosas, sin improvisar enviando a unas familias, que viven con cierta comodidad, a que se alojen en un improvisado campamento en unas instalaciones deportivas, máxime cuando hay interpretaciones discordantes frente a los estudios de la Universidad de Cartagena, que, al defender su idoneidad, ha dicho que ellos hablan de que las edificaciones tienen cierto grado de vulnerabilidad, mas no de inminente desplome; además, otros prestigiosos ingenieros estructuralistas defienden la tesis de que no hay necesidad de desalojos.
Lo grave de todo esto es que se está aplicando una justicia espectáculo por parte del fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, uno de los ideólogos de Cambio Radical, el partido con el mayor número proporcional de congresistas y funcionarios presos por corrupción, quien revictimiza a los compradores de buena fe, mientras el “cartel de la construcción”, que según el procurador general, existe en Cartagena, sigue tan campante. Como lo dijo el exconcejal David Múnera: “Rechazo las actuaciones oficiales en contra de las víctimas y alerto al pueblo cartagenero sobre los costos que vamos a pagar, por las multimillonarias indemnizaciones que tendrá que reconocer el Distrito de Cartagena a los afectados, a consecuencia de los fallos de las autoridades judiciales, mientras que los integrantes del cartel de la construcción continuarán frecuentando los elegantes clubes de la ciudad”.