Este es un debate relacionado en lo fundamental con la minería del carbón. Pero antes de entrar en materia, me propongo señalar que inicialmente, cuando fue convocado en marzo, tenía yo la idea de abordar la minería del carbón, la del oro y la de las salinas de Zipaquirá, sometiendo a examen la política general. Pero por hechos que aparecen en la investigación y que ustedes van a tener ocasión de oír, en especial un estudio aún no conclusivo de Contraloría con el que me tropecé en el camino, el debate se fue en buena medida convirtiendo en un análisis de un caso específico de la minería del carbón, el del contrato de la Drummond, en la explotación que hace esta empresa trasnacional en el Cesar. Como si fuera poco, hay en este momento una huelga de los trabajadores de Drummond y también de los de Glencore, otra trasnacional que explota carbón el Cesar.
Gran minería del carbón, en manos de trasnacionales
Este debate de la minería, lo mismo que el del petróleo que hicimos la semana pasada, tiene mucho que ver con la presencia del capital foráneo en Colombia. Porque prácticamente toda la gran minería del carbón está en manos del capital extranjero. Ya el Estado colombiano, que era socio, fue sacado de todos los negocios. Ese hecho me obliga entonces, tal como hace ocho días, a empezar mi intervención dejando sentados unos cuantos criterios. Dado que con cierta frecuencia, en mi caso y en el de otros colombianos, ponemos los ojos sobre la inversión extranjera en Colombia y sobre los negocios con las trasnacionales, hay quienes sacan la falsa conclusión de que nosotros estamos en contra de todo trato con los extranjeros. Y resulta que esa es una visión que no obedece a la realidad. Estamos es en contra de los malos negocios con los extranjeros. Si Colombia hace un buen negocio en un acuerdo internacional o en un contrato de minería o en industria con cualquier capital foráneo, pues bienvenido sea. El problema es que cuando esos negocios no son buenos para el país, uno debe caer a investigarlos. Y si esa clase de negocios resultan ser tan a menudo lesivos para el interés nacional, y leoninos los contratos, no puede uno menos de tropezarse con esa realidad y denunciarla.
No me opongo por principio a que haya inversión extranjera. Pero, y le pongo un pero, siempre y cuando sea positiva para el país. Nadie podría compartir una inversión que actúe en Colombia con una lógica de corrupción para favorecer sus propios intereses en contra del interés nacional. Nadie aplaude la corrupción ni de los nacionales ni de los extranjeros. Como tampoco una inversión extranjera que le haga daños graves al medio ambiente o que maltrate las relaciones laborales con los trabajadores colombianos o que no pague los impuestos que debe pagar. Son realidades que hay que mirar no solo en el caso de los extranjeros, porque tampoco vamos a aceptar que haya nacionales que no paguen los impuestos que debieran pagar o que maltraten a los trabajadores. El fenómeno se agrava en el caso de las trasnacionales, porque tienen no solo un peso muy grande en la economía de estos países, sino también una capacidad inmensa para incidir en sus legislaciones y para influir a los propios jefes políticos y gobernantes, llevándolos a tomar decisiones inconvenientes. Hace ocho días, y hoy la vuelvo a leer, citaba a Carlos Lemos Simmonds, que llegó a ser Presidente de la República de Colombia después de una carrera muy larga, y él menciona la corrupción en estos términos: “Como se ha demostrado en infinidad de oportunidades, es el interesado en ganar la licitación el que se aproxima al funcionario y engrasa la mano con la mordida y con la comisión. Esta ocurrencia es particularmente frecuente en la corrupción trasnacional. Muchas de las grandes multinacionales reservan en sus presupuestos una cuantiosa partida destinada a gestionar influencias y a comprarlas muy bien”. Esto es de público conocimiento. Abundan los libros, los análisis. Ha habido incluso momentos, en algunos países, en que la corrupción es deducible de los impuestos, cosa casi increíble pero definitivamente cierta.
Disminuyen impuestos al capital extranjero
El otro hecho que vale dejar sentado y que también planteé la semana pasada hace referencia a una actitud muy frecuente en las trasnacionales cuando invierten en países como los nuestros. En la Revista Cepal, número 82, de abril de 2004, de la Cepal “una institución internacional vinculada a los poderes del mundo y a la que nadie puede señalar como de izquierdista o de oposición”, el señor Andrew Mold señala cosas como esta: “La rentabilidad de los negocios de la empresas extranjeras que invierten en regiones pobres, es extraordinariamente alta”. Y hace un análisis cuidadoso sobre el caso de los impuestos, qué tanto tributan las trasnacionales en estos países, un asunto que por supuesto nos tiene que interesar. Cuenta cómo las empresas de Estados Unidos en Colombia han logrado disminuir sus impuestos. En 1983 pagaban el 59,7% por renta, y en 1999 estaban pagando el 32,3%, una caída bastante alta en sus tributos. Revela incluso el señor Mold que las tasas impositivas de las trasnacionales en los países desarrollados son superiores a las de los países subdesarrollados, hecho más o menos normal dentro de su lógica, pero que a nosotros nos causa problemas. Y señala que si las trasnacionales pagaran en los países del Tercer Mundo las mismas tasas de tributación que pagan en sus países sedes, los ingresos para el total de los países como Colombia aumentarían en 35 mil millones de dólares al año. Estamos hablando de enormes sumas de dinero, sumas que pueden marcar la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, en número de escuelas, hospitales, vías, por una evasión o una disminución de ingresos fiscales de 35 mil millones de dólares al año. Añade este especialista, señor Andrew Mold, que se presenta una descomunal evasión de impuestos por subfacturación y sobrefacturación en las cuentas de las trasnacionales. En distintas palabras, inflan los gastos y disminuyen los ingresos. Hay toda una manipulación en libros, dice él, y estos son hechos conocidos. Agrega que el manejo de los precios de transferencia, de esa importación y exportación, “se ve facilitado por el gran volumen de transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo”. Minería y petróleo son dos sectores sobre los cuales recomienda echar ojo el señor Mold, porque allí, según dice, son bien frecuentes tales prácticas. Señalo lo anterior para darle piso al hecho de que cuando ponemos el ojo en estos contratos no lo hacemos por un mero capricho, sino porque hay muchos y funestos antecedentes que nos obligan a mantener la guardia en alto.
Se viene otra reforma tributaria. Está prácticamente lista, y vamos a ver en que momento la pasa el presidente Uribe. Una reforma que ha sido calificada como estructural y que, todos lo sabemos, consistirá en bajarles los impuestos a monopolios y trasnacionales y, para compensar, subirles el recaudo por IVA y por retención en la fuente a los salarios. Bajarles los impuestos a los ultrapoderosos del mundo y de Colombia y subírselos a los pobres y a las capas medias.
Voy a hacer una mención brevísima al caso de las Salinas de Zipaquirá, porque está cerca de vencerse la concesión que la ha venido explotando. Es un tema sentidísimo entre los zipaquireños, entrañablemente ligado a su propia historia. Hay un proyecto de ley en trámite, y esperemos que corra con suerte, para que se garantice que la salina va a quedar bajo el control del municipio de Zipaquirá y de sus trabajadores. Que no termine en manos de alguna trasnacional o de algún monopolio nacional, porque pensamos que lo conveniente y lo mejor para los habitantes de ese importante municipio de Cundinamarca es que siga beneficiándolos a ellos antes que a nadie. Sería una especie de absurdo que terminara por fuera del control de quienes deben ser los legítimos beneficiarios. Pero en Colombia estamos.
Gobierno cambia contratos en perjuicio de Colombia
Paso a mencionar un aspecto que iba a ser el tema central del debate, aunque apenas voy a tocarlo de pasada. Tiene que ver con los cambios en los contratos del carbón a raíz de la ley 685 de 2001. Hay unos cambios que se originan en estudios del Banco Mundial y de la Cepal, lo dijo el viceministro de Minas, doctor Manuel Maiguashca, en la respuesta que me dio al cuestionario, estudios según los cuales, “nuestro país no era competitivo en minería a nivel mundial y latinoamericano”. Lástima que no haya venido ninguno de los señores del gobierno, ni el ministro ni el viceministro ni ningún funcionario, porque uno se formula una pregunta: ¿habrá algo que valga la pena en Colombia que no sea decidido según el punto de vista de la banca internacional o del capital extranjero? ¿Se les ocurrirá algún día hacer alguna cosa por cuenta propia? Dice entonces el Banco Mundial que el país no era competitivo en minería a nivel mundial y de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir que no era competitivo? Que los negocios no eran lo suficientemente buenos para el capital extranjero, que ha montado una competencia global para ver quién le ofrece más garantías, o, en otras palabras, quién le vende más barato nuestros recursos y nuestras posibilidades, o si no, no viene a estos países.
La ley 685 eliminó las asociaciones como aspecto fundamental de la política minera. Ahora es el capital privado el que actúa solo. E igualó los derechos y los intereses de los nacionales y los extranjeros. A mí la medida me parece terriblemente perniciosa. Un país puede tener trato con los extranjeros, pero igualar a estos con los nacionales no resiste el análisis, porque definitivamente no son lo mismo. La ley 685 es una norma fundamentalmente diseñada para estimular la gran minería, impidiendo por ejemplo que se la grave con impuestos especiales. Ese es su enfoque. Su lógica no es respaldar la minería pequeña y mediana del país, incluso la de empresarios relativamente importantes en Colombia, sino que trata de adecuar a Colombia para la gran minería de los grandes conglomerados internacionales que controlan el sector en el mundo entero. Los contratos y los yacimientos, y hasta el subsuelo, se entregan prácticamente a perpetuidad, porque se van a suscribir contratos a treinta años prorrogables por otros treinta, o sea, sesenta años de explotación, y además, podrá haber una tercera prórroga en la que tendrá preferencia el titular, de modo que fácilmente vamos a soportar contratos de un siglo.
Las regalías las bajaron del 15 a entre el 5 y el 10 por ciento, una merma considerable. Quiero llamar la atención sobre las regalías, porque esa es una palabra que se oye y que la gente no entiende bien. La regalía no es más que el nombre que se le da al precio del recurso. Quien detenta una explotación minera cualquiera debe pagar impuesto de renta, como lo paga cualquier actividad económica, pero también pagar por el recurso, porque el petróleo, el carbón, el oro, están en la tierra y son de la nación colombiana. La regalía es entonces lo que esa persona le paga a la nación por el recurso. Cuando a uno le dicen que en explotaciones de menos de tres millones de toneladas, el recurso vale el 5%, uno concluye que el país está al borde de regalarlo. Porque el resto del ingreso, que es impuesto de renta, lo paga el que pone una panadería o una fábrica de camisas, en las que el Estado no da nada. Aquí el Estado pone nada menos que el recurso y por él las trasnacionales le están pagando sumas insignificantes. Sumas que uno, en la pequeña y mediana minería, podría entender como una manera de estimular la actividad nacional. Pero cuando a mí me dicen que a una trasnacional se le entrega el recurso por el cinco o por el diez por ciento, yo concluyo que se le está regalando. Y en petróleo sucede algo similar, porque si uno compara el State Take del orden del 50% y renta del 38,5%, resulta que el recurso está valiendo el 11,5%. Hace poco me informaban los analistas de mi oficina que el contrato soñado por el neoliberalismo es el contrato petrolero de la plataforma continental inglesa, en que el recurso vale cero pesos, es decir, se regala. A mí alguien me tiene que explicar cuál es la razón para que el recurso, petróleo, carbón o lo que sea, termine vendiéndose a precios insignificantes o se regale. A cuenta de qué, si aquí a nadie le regalan nada. Y resulta que a estos superconglomerados prácticamente se les regala el recurso. Y como si fuera poco, el impuesto de renta es cada vez menor, no solo por la tasa que se les impone, sino también por la rebaja oculta producto de las exenciones, inmensas para el caso de la gran minería, sobre las cuales infortunadamente no tuvimos la información suficiente para poder analizarlas. Pero sabemos que hay descuentos a la reinversión de utilidades, descuentos en IVA, descuentos a importaciones, etc. Al final terminan es entonces montando sus empresas casi con la plata de la nación, con la plata del míster, podríamos añadir.
¿Quién fiscaliza a Drummond?
El viceministro me acepta en las respuestas que estoy en lo cierto, pero que, eso sí, “el mayor énfasis de aquí en adelante lo pondrá el Estado en la fiscalización de las obligaciones a cargo de los particulares”. El Estado se sale del negocio. A partir de ahora solo cobrará regalías e impuestos y no actuará como empresario. Dicen, no estaremos como empresarios, pero, eso sí, fiscalizaremos en serio. Y ahorita vamos a examinar cómo es que fiscalizan en serio, porque resulta que tampoco fiscalizan, tal como lo veremos en el contrato de la Drummond. Caemos entonces en el peor de los mundos.
Hablando de la fiscalización del Estado, dice el documento de Contraloría al que hice antes referencia, documento aún no definitivo: “Es ineficiente y permite poner en riesgo los intereses de la nación, por cuanto no realiza procedimientos de control mínimos como la exigencia de un seriado de facturas que podrían representar eventualmente un detrimento fiscal de gran magnitud”.
No puedo dejar de mencionar, así sea muy brevemente, el caso de El Cerrejón Zona Norte. Recordemos que el Estado colombiano fue socio de la Exxon en el montaje de esa inmensa empresa y Colombia invirtió cerca de mil seiscientos millones de dólares. Al final, cuando vendió, entre cuatrocientos y quinientos sesenta millones de dólares “se discute la cifra”, no recuperamos ni lo invertido. Lo que el Estado cobró por la venta de la parte nacional ni siquiera pagó las deudas que tenía Carbocol. Llamo la atención sobre cómo, curiosamente, Colombia termina saliéndose del negocio justo en el preciso momento en que el negocio del carbón se pone mejor que nunca. Es de lo más extraño. Colombia se mete en el contrato, muy discutible en su momento, porque le dicen los analistas, los gringos, que es el mejor negocio del mundo. Y apenas se mete, le dicen que no, que ya el negocio no es tan bueno, y entonces tiene que salirse. Colombia se sale y vende a menos precio sus bienes, pero apenas se sale, el negocio vuelve de pronto a ser el mejor del mundo. Y todas son casualidades que se van presentando, pero en la sucesión de las casualidades siempre a Colombia le va mal.
Estos proyectos no han dejado de ser muy discutidos. Recordemos que Luis Carlos Galán hizo sonoros debates sobre el primer contrato de El Cerrejón. El contrato de Drummond y de Glencore en el Cesar también fue objeto de grandes discusiones en el Cesar. Pero estos debates, como el que hoy tenemos con el TLC, siempre son despachados con un simple argumento, y es que esas minas son la redención del país, la redención de las regiones, y aquel que se oponga o critique es un enemigo del progreso. Queda entonces la controversia más desbalanceada del mundo. Los partidarios del proyecto, por malo que sea, son los que llegan a Chiriguaná, a Barranca, a Fonseca, a prometerle a la gente que por fin va a salir de la pobreza. Y los que están advirtiendo que se van a tumbar la plata, que el negocio es muy malo, que así no debe ser, quedan fichados como enemigos del progreso.
Pobreza abrumadora y desalojo de la población
Esta semana que pasó estuve tres días en La Guajira y el Cesar mirando este asunto. Y cualquier cosa podrá decirse menos que el carbón de La Guajira y el carbón del Cesar son la redención de ambas regiones. La pobreza, el atraso y la miseria que uno ve son escalofriantes. En Riohacha, la capital de La Guajira, ni siquiera hay acueducto. Las empresas trasnacionales son enclaves de riqueza dentro de un medio que vive en condiciones paupérrimas. Cerrejón tiene para sus técnicos una especie de Miami instalado en la mitad del desierto, rodeado de cercas y policías y donde solo ellos pueden estar. Pero un paso más allá se ve a unos niños en una miseria tal, que dan ganas de llorar. Lo del Cesar es terrible. En las vías, cada hueco parece un cráter lunar, destruido por las propias volquetas que transportan la riqueza carbonífera. Es un espectáculo horrible ver un tren cargado con cien vagones que viaja disparado hacia Bahía Portete, cargado de riqueza, y al lado los wayúus en la total miseria mirándolo pasar, sin agua, sin nada, con tres chivos. Quiero entonces llamar la atención sobre un hecho grueso: no es cierto que esos proyectos sean la redención de ambas regiones. Repito, fui allá y me bajé, miré, conversé con la gente.
Voy a denunciar otro hecho a mi juicio muy grave. Yo no lo sabía y me imagino que el grueso de los colombianos también lo ignora, y es que la mina se ha montado sobre el inmenso desalojo de multitud de compatriotas que vivían en esas tierras, muchos de ellos indígenas y otros muchos de comunidades negras, todos desalojados en una especie de alianza macabra entre las autoridades locales y departamentales, la policía y el ejército y los dueños de la mina. Tengo en mi poder numerosas denuncias. Han desalojado poblados enteros como Manantial, Zaraíta, Roche, Patilla, Oreganal, Chancleta, Tabaco, Espinal y Caracolí. Algunos de ellos han logrado sostenerse y pelear, pero a la mayor parte los han sacado. La entrada a uno de esos poblados es una carretera que el Cerrejón Zona Norte cierra a las seis de la tarde. Es como una cárcel. El que no entre o salga antes de la seis ya no lo puede hacer. Esta sola denuncia daría para un debate. Porque uno entiende que se haga la explotación, pero lo mínimo que uno exige es que la gente que tuvo la desgracia de poseer allí mejoras o propiedades sea tratada con consideración. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del año 2002, que ordena la “construcción de la estructura comunal y el desarrollo de un plan de vivienda para la comunidad de Tabaco”. Se trata de una decisión del máximo tribunal de Justicia de Colombia, que ordena que los habitantes de Tabaco, el poblado en mención, deben ser atendidos en sus reclamos y relocalizados en condiciones similares a las que tenían antes. Pero la norma no se cumple. Hay una tutela de la Corte Constitucional, la 528, que ordena proteger la integridad de las personas de Espinal y Caracolí, indígenas y negros, y tampoco se cumple. El abogado que defiende a estos ciudadanos ha terminado preso. Son hechos supremamente serios. Con un agravante: se sabe más de ellos en el exterior que en Colombia, situación de común ocurrencia con las tragedias nacionales. Esperemos que la denuncia sirva para ver si se le da salidas a dicha situación, que sigue sucediendo y que puede agravarse porque viene la ampliación de los contratos y un mayor número de personas van a estar amenazadas con nuevos desalojos por haber cometido el crimen de estar localizadas donde el capital extranjero ha puesto el ojo.
Lo que dice Contraloría sobre el contrato
Entremos a examinar el contrato de Drummond. Cuando estaba preparando el debate sobre la minería en su conjunto, me tropecé por el camino con un borrador de análisis de la Contraloría General de la República, que desglosa con mucha minuciosidad el contrato 078-88 suscrito entre el Estado y la Drummond, una compañía gringa cuyos negocios están aquí en un noventa por ciento y que explota el carbón en los municipios de Chiriguaná, El Paso (corregimiento de La Loma) y La Jagua de Ibirico, empresa que, según se dice, está muy conectada con el doctor Fabio Echeverri Correa, asesor muy cercano al Presidente de la Republica. Es la misma empresa a la que en estos días le otorgaron también la concesión del petróleo en el subsuelo debajo de los mantos de carbón. La administración del doctor Uribe Vélez le acaba de entregar a la Drummond una concesión petrolera en medio de un pleito escabroso con otra empresa, la Llanos Oil. Lástima que uno no tiene tiempo para mirar todas las cosas que valdría la pena analizar, pero hay aquí un enredo que por lo menos llama a curiosidad. Y los gringos están negociando otro contrato para ampliar el área. Pero más grave aún, y sobre esto quiero llamarle la atención a la Comisión, se está discutiendo todavía a qué precio va a pagar la Drummond el carbón de los últimos cinco años. Se halla todo tan al garete, que desde hace cinco años esa trasnacional está pagando el carbón a un precio provisional y en la actualidad hay una especie de alegato para definir de una vez a cómo va pagarlo. Voy a presentar al final una proposición para que esta Comisión vigile ese negocio. Porque, como vamos a verlo, de entrada está perfectamente mal planteado y es contrario al interés nacional.
¿Qué es lo que dice el contrato? Procedamos a desglosarlo. Lo primero que llama la atención es que se firma en 1988, pero ya en 1994 llevaba cinco grandes modificaciones. Más se demoran en firmar que en empezar las grandes modificaciones, que, según dice el estudio de Contraloría, se hicieron sin estudios previos. Y muestra de entrada el negocio una cláusula con la que uno no puede estar de acuerdo. En el momento en que el carbón llega a la boca de la mina, la Drummond lo controla y hace con él lo que se le da la gana, como si fuera de ella, y no lo es, porque la parte de las regalías sigue siendo de la nación. Drummond transporta el carbón desde la boca de la mina hasta el puerto, le cobra a la nación esos costos, pero la nación no tiene ninguna injerencia sobre los costos que ocurren entre la boca de la mina y el puerto. El carbón aparentemente se vuelve de la Drummond en la boca de la mina, pero la verdad verdadera es que no es así. No se vuelve de la Drummond en la boca de la mina, sino tan solo al final, cuando termina el proceso. Y esto le cuesta bastante a la nación.
En el contrato inicial no se estableció una exportación mínima de carbón. Se necesitó un otrosí, una ampliación del contrato, para que se estableciera que la Drummond tenía que hacer una exportación mínima, obligación que era del interés de Colombia, porque no da lo mismo exportar una u otra cantidad, porque las regalías cambian. Y hay una última denuncia, también gruesa, sobre lo que llamo criterios básicos del contrato, y es algo casi increíble. El contrato de la mina vence en el 2019, pero el contrato con el tren, clave en el negocio, porque sin tren no hay negocio, vence en el 2021. A cualquiera le llama la atención que haya un desfase de dos años y medio entre el contrato del tren y el de la mina. ¡Cómo es posible! Es obvio que la nación queda sometida al chantaje que le quiera poner la Drummond, porque sin tren no hay mina. No es posible que la nación rescate la mina para su interés, cualquiera que sea, si la Drummond se le queda esos dos años y medio con el tren. Es una pregunta que me voy a hacer aquí todo el tiempo. Quienes aceptan cláusulas de este tipo lo hacen, digo yo, por corrupción, primera posibilidad; otra posibilidad, porque son bobos; otra posibilidad, por negligencia; cuarta, una combinación de todas estas. Pero llama muchísimo la atención el desbarajuste y no tengo criterios para probar qué es lo que sucede. Lo cierto es que o hay corrupción, o hay estupidez “que yo descartaría, porque a esos niveles nadie es estúpido, o no hubiera llegado ahí”, o unos grados de negligencia también bastante increíbles.
El caso aberrante del transporte
Ya expliqué que Colombia tiene que pagar el costo del transporte, pero en buena medida su utilidad, su regalía, depende de lo que valga el transporte. Luego en este negocio el problema del transporte se torna crucial. Pero miren ustedes lo que me contesta al respecto el Viceministro de Minas. Me dice que en La Loma y en El Cerrejón Zona Norte, “estas tarifas (del transporte) están pactadas de manera contractual, lo que implica que no necesariamente son los costos del transporte reales, sino los estipulados para reducirlos del precio FOB para el cálculo de las regalías”. Es decir, el Ministerio informa que los precios del transporte pueden no ser los reales, pero en todo caso no los cobran. Vamos a ver las graves implicaciones que ello trae consigo. Nosotros le hacemos también al ministro una pregunta específica sobre las condiciones del transporte, no solo del férreo, sino del vial y del marítimo. Responde que no hay problema, que todo está funcionando muy bien, pero guarda silencio sobre un hecho que ha causado un escándalo en la región: ¿quién paga los daños de la carretera La Jagua de Ibirico-La Loma-Santa Marta? Allí hay un problema de extrema gravedad, y cualquiera que la haya recorrido lo sabe. Es la misma carretera que va de Bogotá a Santa Marta, y esta destruida desde La Loma hacia allá, porque estamos hablando de quinientas tractomulas descomunalmente grandes que transportan carbón, no de Drummond, porque Drummond lo saca por tren, sino de Glencore. Y el viceministro no habla nada de eso. Uno se pregunta por qué en los contratos no se contempló la estabilidad de la carretera, pese a los daños inmensos causados por esas tractomulas, que simplemente se limitan a pagar un peaje, como un ciudadano más.
Detallemos lo del transporte, un asunto que clama al cielo. La mina queda en el Cesar y hay que llevar el carbón hasta el puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta. Inicialmente la ruta por tractomula salía de La Loma, iba hasta el río Magdalena o a una ciénaga cercana, allí se embarcaba, se iba por el Canal del Dique y llegaba a Cartagena. En Cartagena lo montaban en planchones a unos buques y los buques se lo llevaban al exterior. Es una ruta de 465 kilómetros y sobre ella se calculó el negocio, a pesar de que ya se estaba hablando de otra posible ruta. La que terminó utilizándose fue esta segunda, toda terrestre, en tren 20 km desde la mina hasta la red férrea que va de Bogotá a Santa Marta, 172 km por esa red férrea hasta Santa Marta, y de ahí un kilómetro hasta el puerto que tiene la Drummond en la capital del Magdalena. El trayecto se rebajó de 465 km a 193 km. 2,4 veces más larga la primera que la segunda, seis movimientos contra cuatro movimientos, y esto último cuenta, porque encarece mucho los fletes estar bajando de un medio a otro, de la tractomula al río, del río a no sé qué, trasteos supremamente costosos. ¿Y qué pasó? Cualquiera diría que el cambio se hizo para abaratar los costos y que salió beneficiada la nación. Pero los analistas comentan que los precios de los fletes subieron de manera notoria, del orden del 30%. La ruta quedó 272 km más corta, se hace por tren, sistema de transporte más barato que el de camiones y, sin embargo, nos sale 30% más costoso.
Esos costos los han separado de cero a 6 millones de toneladas transportadas y de seis a diez millones de toneladas. De cero a 6 millones, en la primera ruta valía 13 dólares y en la segunda 17. Y de 6 a 10 millones, se pasó de 12 a 15 dólares, aumentos del 31,6 y del 32 por ciento, respectivamente. Cualquiera se pregunta entonces para qué se cambió la ruta, si ahora es más costoso. Y si desde el principio se sabía lo de la segunda ruta, para qué se inventaron la primera, superenredada. De entrada era una ruta que echaba el carbón hacia el sur, alejándolo del puerto, para no hablar de contaminación, tema al que más tarde haremos referencia. Es el tipo de cosas que enturbian el contrato. El viceministro nos dice que no importa el precio del flete, pero resulta que no lo están cobrando. Ingeominas denuncia que “en estos informes no se encuentran certificaciones sobre inversiones realizadas en infraestructura para transporte, manejo y trasiego desde la mina hasta el embarque”, pero lo que nos dice el viceministro es que eso no importa. ¿Tampoco importa el detrimento patrimonial? De acuerdo con los analistas que he venido citando, en el caso del transporte se habla de un posible detrimento patrimonial de 21,9 millones de dólares.
El precio del carbón
Cómo se fija el precio del carbón, la otra variable clave. Aquí hay un problema de costo, cuánto vale extraer el carbón, y hay otro, no menos importante, a cuánto se vende, porque de eso dependen las regalías para Colombia. Lo primero que llama la atención es que, de acuerdo con el contrato, solo se valora el carbón por el grado de BTU, una medida relacionada con la posibilidad de elevar un grado Fahrenheit un litro de agua. El punto es que los carbones valen en parte por el BTU. Cuanto más calor produzcan, más valen, por razones obvias. Entonces un punto vital en este negocio es la calidad del carbón, porque de ella depende el precio por tonelada. Curiosamente, el contrato solo considera el BTU, pero resulta que los carbones no solo valen por el BTU, sino por otros factores como las kilocalorías, los azufres, las cenizas, los sulfuros y la humedad, y que no se incluyen en el contrato. Por supuesto que Drummond sí los usa, como vamos a verlo más adelante. Los tiene que usar.
Pero como si fuera poco lo anterior, el precio del carbón, y es algo para mirar con detenimiento en la comisión que nombremos, no se fija de acuerdo con unas normas claras de precios internacionales, sino que se halla atado al de Cerrejón Zona Norte, y el contrato dice que de acuerdo con un “grado similar”, cláusula que también llama la atención, porque si por algo no puede pecar un contrato es por ser indeterminado. ¡Qué diablos significa grado similar! No está definido en ninguna parte. Queda entonces un hueco abierto que se presta para cualquier tipo de interpretación. Con un agravante. En la actualidad ya no está vigente este factor, porque la nación salió del negocio de Cerrejón Zona Norte. Lo habían atado al de La Guajira, porque decían, como la nación es socia, eso nos da cierta garantía en lo del precio. Pero llama la atención que en el momento en que se hace el contrato, ya se estaba hablando de que la nación iba a salir del negocio del Cerrejón Zona Norte, como efectivamente salió. Y así, desde el 2001, desde cuando dejó la nación de ser socia, viene la Drummond fijando a su arbitrio el precio del carbón, provisionalmente, y en este momento la Drummond y el Estado colombiano están negociando para saber a qué precio nos van a pagar el carbón. ¡Cinco años sin definir el precio! Parece increíble, pero es lo que está sucediendo. Es un desgreño absoluto. Pero además, hasta donde llegan mis informes, Drummond está diciendo que el precio que se fije no va a ser con retroactividad al 2001, sino hacia el futuro. No. Lo primero que hay que establecer es si el pago hecho del 2001 para acá sí fue el adecuado, porque no vamos a aceptar lo que a la Drummond se le antoje.
Sobre el precio, dice exactamente la cita de los analistas de la Contraloría: “El precio internacional para los carbones de la zona debe…ser el referente obligado para la liquidación de regalías”. Lo obvio es fijar a precios internacionales, no de manera exacta, porque hay particularidades, pero ese sí tiene que ser el referente y no ponerse a inventar otros. El borrador de Contraloría también dice que “no existen condiciones contractuales para que las condiciones se estén dando” en la fijación de ese precio.
Hasta donde va el análisis, todo parece indicar que el precio no se está fijando como precio del día, sino como contratos a futuro, y las diferencias son considerables. Nadie entiende por qué se están fijando precios a futuro. Digamos, a futuros, el precio es 42 dólares tonelada y a hoy es 64 dólares, o sea, estamos hablando de una diferencia de casi veinte dólares por tonelada. Con un agravante, y es que le apareció al negocio un contratista, un intermediario, a la hora de vender el carbón. La idea era que Drummond vendía el carbón, y de pronto, en algún momento, resulta que Drummond le vende es a Interocean Coal Sales, una subsidiaria de la Drummond, como todo parece indicar, en alguna de esas islas paraíso de Las Antillas. Y resulta que ni el contrato 078-88 ni ningún otrosí hablan de la existencia de ese contratista y de ese intermediario. Drummond además no explica por qué cambia las condiciones ni por qué apareció el intermediario. Por definición, un intermediario, así fuera el más pulcro, genera aumentos en los costos de comercialización y disminuye el ingreso de la nación. Con otro agravante. A la Drummond le puede hacer Colombia algún tipo de vigilancia, según el contrato, pero cómo se la hace a Interocean Coal Sales, si resulta que esta empresa no tiene ningún contrato con la nación.
Dice el borrador del que estoy hablando: “La única explicación de este hecho -un hecho monstruoso en el contrato-, reside en el hecho de que Drummond le pudiera ‘dar manejo al precio de venta’ sin opción de fiscalización por parte del Estado”. Y todo ha ocurrido con el silencio y la alcahuetería de la autoridad minera. Que primero fue Ecocarbón, luego Minercol, ahora Ingeominas. Dice el análisis que estoy citando: “El silencio de la autoridad minera ha permitido la figura de la comercializadora, y también ha permitido que los precios de venta de la Drummond a la misma, los cuales son inferiores a los precios internacionales, afecten los intereses del país”. Estamos hablando de hechos bochornosos, escandalosos.
Interpela el senador Serrano:
Senador, para que el país sepa, el problema es de precios, un deducciones y tiene que ver finalmente con los precios FOB en las deducciones con las regalías. ¿Usted cree que al país no le han pagado las regalías a los cuales tiene derecho y usted reclama para el país mayor atención en lo que tiene que ver con las regalías?
Para allá vamos, senador Serrano.
Regresando al tema del BTU, quien certifica la calidad del carbón es una empresa llamada CGC de Colombia. No es la autoridad minera. También esta tiene un contratista, que se supone envía los informes, porque la explotación minera es una actividad que tiene que estar chequeándose continuamente. Pero no es Ingeominas la que recibe directamente los resultados, pues le llegan a través de la Drummond. Y Drummond los manda sin sellos siquiera y sin papel membreteado de SGS, es decir, Drummond le cuenta a Colombia lo que se supone que dice SGS. Los análisis de la SGS los traduce o los copia o los modifica la Drummond. ¿Y saben quién le paga a SGS, que se supone que es la que le hace una especie de interventoría? Le paga la Drummond.
Añade el análisis de Contraloría que a una firma extranjera, JT Boyt, cuando miró lo de los BTU en 1987, le daban BTU de 12.076. Drummond, en algún documento, habla después de BTU de 11.700. Los analistas sacan el promedio, reportado a partir de cifras de Drummond, y obtienen solo 11.564. Entonces surge la pregunta: ¿cuántos son los BTU de ese carbón, el único factor que se está teniendo en cuenta para avalar el precio? Hay otro hecho escandaloso, porque se certifica no solo calidad sino peso, ¡y es que faltan 152 facturas entre el 23 de enero de 2004 y el 14 de septiembre de 1005! ¡Faltan 152 y Minercol confiesa que no sabe dónde están, y no solo no lo sabe, sino que en últimas lo que dice es que tampoco le importa! De acuerdo con promedios que dan estos analistas, las 152 facturas podrían representar once millones de toneladas. El desgreño absoluto.
Todo en el contrato conspira contra el interés nacional
¿Cómo es lo de la solución de controversias? Dicen los analistas que el proceso no es claro ni ordenado, que es confuso. Son unos contratos curiosamente redactados para que se presten a mañas. Había dentro del contrato un tribunal de arbitramento según las leyes de Colombia, y resulta que Colombia terminó afectada en un tribunal internacional en París por el pleito de la Drummond con Fenoco, cuando nada tenía que ver Colombia con Fenoco.
Hay otros puntos que llaman la atención. Dice uno que si Drummond decide vender su parte y si en 60 días Colombia no objeta la venta, queda aceptada por silencio administrativo. Cualquiera se hace la pregunta: ¿y en 60 días quién valora un negocio de estos?
El proyecto se hizo exento de IVA, con tasa de cambio preferencial, con exenciones a las importaciones, con Plan Vallejo, condicionado a régimen de inversión extranjera en la gran minería, con licencias de medio ambiente y transporte garantizadas, en una palabra, el Estado se sometió a todas las condiciones que la empresa quiso poner. Los solos reintegros de IVA valen 259 mil millones de pesos. En la exploración, de acuerdo con el contrato, el Estado solo tiene acceso a información sobre ella en los tres primeros años, y resulta que ahí hay carbón para toda la vida. Inicialmente la Drummond debía preferir a los nacionales en igualdad de condiciones con los extranjeros, preferencia que se termina embolatando. Algo hay sobre formación de trabajadores que no resulta claro. Las llamadas inversiones sociales, unos pocos dólares que dio Drummond por ahí para hacer demagogia en la zona, se hicieron cinco años después de la fecha en que estaban estipuladas. El Estado puede supervisar, pero no tiene la obligación de adelantar una auditoría seria. Se intentó inicialmente ponerle un interventor al proyecto, pero la Drummond no aceptó y lo que terminó habiendo fue un representante técnico con bajísimos poderes. Y hay otra serie de aspectos sobre los que ejerce el control la Drummond y que afectan el interés nacional.
Es el Estado el que tiene que dar la autorización para aumentar la exportación. Y el Estado no aprovechó el cambio de volumen exportado para mejorar el contrato, como es lo natural y lo obvio. Si vamos a pasar de 13 millones a 14,5 ó de 5,5 a 13 de toneladas, presionemos a la trasnacional y volvamos a examinar qué es lo que esta pasando con este contrato, tal como lo hubiera hecho cualquier empresa privada si la circunstancia fuera al revés.
Otro capítulo bochornoso es el de unas supuestas ganancias para la nación. El contrato establecía como atractivo para Colombia que, además de las regalías, en ciertas condiciones aparecía una ganancia, que se daba con relativa facilidad: de cero a 20 millones de toneladas de exportaciones, el 2%; y de 20 a 40 millones, el 9%. Casi con nada, por ese 2% inicial, ya había algo de ganancia para la nación. Pero esta es la hora en que por ese concepto no le ha entrado a la nación ni un centavo de ganancias, y repito, no estoy hablando de regalías, sino de ganancias, una figura diferente. Y las exportaciones han pasado de 4 millones doscientas mil toneladas en 1995 a 20 millones ochocientas mil toneladas en el 2004, un aumento de 519 por ciento. Y los precios se han movido de 44,77 dólares la tonelada a 78,70 en diciembre de 2004 y a 66,78 en mayo de 2005, lo que equivale a aumentos entre el 76 y el 50 por ciento. Y con ese aumento de exportaciones y precios, porque hay una bonanza carbonera en el mundo, producto de la bonanza petrolera “bonanza para unos y quiebra para otros”, de la que algo le tocaba al país, no aparece un centavo de ganancia. Los analistas sopesaron el asunto y descubrieron que los supuestos que se hicieron en el contrato original para decirle al Estado colombiano: es que usted se va a ganar una plata en ciertas circunstancias, se calcularon de manera mañosa para que no se pudieran cumplir y fuera imposible que apareciera la ganancia, porque los precios tendrían que ser tales y los volúmenes tales, que resultaba imposible lograr dicha ganancia.
Lo de los supuestos es tan bárbaro que, de acuerdo con ellos, Drummond debe de estar perdiendo sumas del orden de 50 millones de dólares, y sin embargo, dispara la producción. Lo anterior, para que veamos cómo son de amañados los supuestos en beneficio de la trasnacional. Agregan los analistas: “Dado que este valor es muy alto (el precio base, y yo no voy a entrar en demasiados detalles porque nos volvemos muy largos) en el momento de hacer el cálculo de la ganancia, esta no resulta posible; y más aún, conlleva a que teóricamente no existan ganancias para la multinacional, y por ende para la nación”. Concluyen: “Drummond percibe ganancias millonarias, mientras presuntamente obtiene pérdidas”. En los hechos está ganado plata, pero si se aplicaran las tablas de las que estamos hablando, tablas que le abren el camino a la ganancia colombiana, estaría obteniendo pérdidas. El país es engañado en el contrato. Esto nos puede valer, como presunto detrimento fiscal, 43 millones ochocientos mil dólares.
El detrimento probable del costo del transporte, más el detrimento de la ganancia, más otro detrimento que aparece, relacionado con la ganancia en el transporte, suma todo 77,6 millones de dólares. Y no entro a calificar, porque los hechos son suficientemente gruesos.
Daño ambiental de enormes proporciones
Paso a referirme a un asunto del que vine muy preocupado en la reciente visita a La Guajira y el Cesar. Se está produciendo un daño ambiental de proporciones gigantescas. El polvillo del carbón, más el polvo que levantan las tractomulas, viene haciendo graves daños, no solo en la bahía de Santa Marta y en toda la zona turística, muy importante para la economía, sino también de ahí hasta Ciénaga, daños graves en Bahía Portete y daños graves por todas partes.
Voy simplemente a leer un artículo que salió el 14 de mayo en el periódico El Tiempo: “Por el polvillo del carbón hay problemas respiratorios”es el antetítulo. “Nube negra cubre a La Jagua”, el título. La Jagua de Ibirico es un lugar clave en el negocio de Drummond y de Glencore. “Siete de cada 10 pacientes de este municipio del Cesar (…) acuden al médico por problemas en el sistema respiratorio”. “La estela de carboncillo que liberan las más de 500 tractomulas” que se mueven por ahí. “Una nube oscura lo ahoga todo. En ella se confunden los restos de carbón con el polvo de la carretera”. Cuando van a consulta médica “las 22 personas que cada día, en promedio, buscan atención médica por problemas respiratorios agudos”, “el motivo más frecuente de la consulta: la bronconeumonía”. ¿Los más afectados? “Los niños menores de 2 años y los ancianos”. Dice el médico Luis Roberto Padrón: “Casi es imposible encontrar una placa (radiografía) normal”. “Lo peor es que cuando los casos se complican, los enfermos deben ser remitidos”, porque el centro de salud, el hospital que hay no sirve. Dice la médica de La Jagua: “Hay pacientes a los que en la autopsia se les encontraron los pulmones negros, cuando en vida jamás se fumaron un cigarrillo”. La noticia agrega al final que el doctor Augusto Jiménez Mejía, presidente de la Drummond, dice que todo está perfecto y que ellos lo tienen todo bajo control.
El estudio de los funcionarios de Contraloría del que he venido hablando señala que en el propio contrato lo del medio ambiente se planteó desde el principio terriblemente mal. Primero, porque prácticamente nada se estableció para la fase de exploración y de montaje, y segundo, porque prácticamente nada se dijo sobre restitución y compensación. Aquí estamos corriendo el riesgo de que haya un daño ambiental supremamente grave con grandes costos para la nación y para la gente, y que no haya cómo caer sobre la Drummond para que responda por los daños que está causando.
Las huelgas en Drummond y Glencore
Paso a hacer, por último, una mención breve sobre las relaciones laborales. Este debate lo habíamos citado en marzo, y coincide ahora con que hay una huelga en Drummond y en Glencore. Por razones obvias, este asunto merece también atención especial. Y encontré varias situaciones que me preocupan. Se trata de unas relaciones obrero-patronales tremendamente deterioradas, porque la actitud de la empresa es, precisamente en el momento en que están haciendo unas ganancias inmensas y en un contrato tan desastroso para el país, caerles a los trabajadores. Estamos hablando de unos quince mil trabajadores en números redondos. Cerca de la mitad no están enganchados directamente ni por Cerrejón Zona Norte ni por Drummond ni por Glencore, sino que son vinculados por medio de contratistas, llámense como se llamen. Por ejemplo, Cerrejón Zona Norte tiene cerca de trescientos contratistas. Un sistema de enganche que, como todos lo sabemos, tiene un solo propósito verdadero, y es que esos trabajadores no aparezcan como empleados de sus auténticos patronos. Es un fenómeno bien conocido. Lo miramos aquí en el caso de los corteros de la caña y los ingenios, donde, les cuento, decidieron mecanizar el corte de la caña, un hecho nuevo que tenemos que examinar algún día, pues aquí nos dijeron que lo del alcohol carburante había que hacerlo por los trabajadores, y resulta que ya tomaron la decisión de mecanizar el corte, luego van a echarlos a la calle. Pero, bueno, al punto al que quiero ir es que con el sistema de contratistas meten un intermediario entre el auténtico patrón y los asalariados, de forma tal que estos no puedan constituir sindicato y queden en estado de suma indefensión en sus reclamos. El gran negocio. Porque no hay nada más débil que un trabajador solo como individuo contra una empresa gigantesca. Es Pedro Pérez o Juan Rodríguez contra el señor Drummond, uno a uno. Imposible mayor indefensión que esa. Donde se imponen los contratistas, no hay organización sindical, no hay pliegos de peticiones, no hay contratación colectiva, no hay huelga, no hay nada. Lo que muestran las cifras son unas diferencias abismales entre los salarios de los trabajadores enganchados por las empresas y los salarios de los que figuran a sueldo de los contratistas. Con un agravante que se da por razones obvias, y es que hay una permanente presión de las empresas por reducir cada vez más el número de trabajadores contratados directamente y por aumentar el de contratistas. Los que están enganchados directamente tienen sobre ellos todo el tiempo una espada de Damocles, una enorme presión, porque el patrón los mantiene entre ceja y ceja para ver cómo les cambia las condiciones de contratación o los despide.
Se escuchan numerosos reclamos de que la Drummond ni siquiera cumple las normas sobre procesos de despido. Hay trabajadores que son despedidos a las dos de la mañana, en el turno de la noche. Los tiran en una carretera, sacados por la seguridad de la empresa. Hay graves denuncias sobre el grado de explotación a que están siendo sometidos los aprendices del Sena, que como son aprendices, parece suponer la trasnacional, entonces están trabajando casi por la sola comida. Uno podría entenderlo en el caso de las pequeñas empresas, pero aquí estamos hablando de empresas descomunales y con unas utilidades astronómicas. Como si fuera poco, la ley 789, en mala hora aprobada por este Congreso a propuesta de la Presidencia de la República, les golpeó durísimo los salarios a estos trabajadores, porque les rebajó el porcentaje por horas extras y trabajo nocturno, y por dominicales y festivos. Pregunté en cuántos empleos aumentó la contratación para compensar la baja de los salarios, porque en su momento ese fue el pretexto para aprobar la ley, y, por supuesto, no aumentó en nada el empleo, porque son unas empresas altamente mecanizadas. Vuelvo entonces a denunciar lo que dijimos oportunamente. La ley se dirige es a favorecer a sectores que no necesitaban en nada de ese nueva gabela para hacer actividad nueva.
Irregularidades en la asistencia médica
Hay un problema de salud sumamente grave, que también clama al cielo. Se trabaja con unas máquinas inmensas, bien modernas sin duda, lo que no significa que no sea un trabajo supremamente duro. Es más, esa minería de cielo abierto está clasificada como riesgo 5, el máximo riesgo, claro que no para pensiones, que son las cosas curiosas de la legislación colombiana. Para pensiones deja de ser riesgo cinco y se vuelve de riesgo común y corriente, pues la ley solo incluye en riesgo 5 la minería de socavón. Son trabajos durísimos. Por ejemplo, se ve mucha afectación de columna vertebral, porque en una de las minas están estableciendo un procedimiento absurdo, y es que no trituran lo suficiente las grandes piedras antes de echarlas a la volqueta, sino que las tiran, las descargan, y esas piedras descomunalmente grandes caen al volco con el chofer dentro de la cabina. Es tan fuerte el remezón que produce la piedra al caer sobre la volqueta, que termina afectando negativamente la columna. Se habla también, y aquí tengo las cifras, de un número grande de trabajadores con problemas osteomusculares, con afecciones respiratorias, con líos en los pulmones. Y con un agravante, y es que parece haber, hasta donde logré investigar, una especie de contubernio entre la empresa, las EPS y las ARS, que son las que pagan las incapacidades por enfermedades profesionales o accidentes laborales, de forma tal que enredan al trabajador. La una dice una cosa, la otra dice otra y en los hechos al trabajador no lo atienden ni le pagan lo justo. Algunos trabajadores, cuando se ven seriamente afectados en su salud, prefieren renunciar o negociar con la empresa cualquier tipo de retiro, y están con algún grado de incapacidad que no se les reconoce. Todo indica que existe, hasta donde pude averiguar, una especie de alcahuetería, razonable para la empresa, porque cada trabajador de planta que logre sacar y reemplazar con un contratista le representa otro excelente negocio, por las diferencias salariales tan notorias y porque los trabajadores viejos ganan más que los nuevos, inclusive, en el caso de los de planta. Le resulta otro muy buen negocio cambiar trabajadores veteranos por trabajadores jóvenes.
Me parece a mí bochornoso que un monopolio de ese tamaño y poder, venido a un país que lo recibe, como ya lo hemos visto, despilfarrando el interés nacional, se meta a quitarle al trabajador cada centavo que se gane. Esa es la razón de la huelga, que fundamentalmente tiene que ver con este lío de los contratistas, con las relaciones obrero-patronales y con las condiciones de vida de los alrededores, supremamente malas, un mar de riqueza por un lado y una miseria que escandaliza, por el otro.
Hay otra denuncia que me lleva a pensar, definitivamente, que la codicia es una cosa seria. Ha venido la Drummond estableciendo la siguiente práctica: cuando un trabajador se accidenta, no lo incapacita, sino que lo pone a hacer un oficio que no riña con la incapacidad. Pongo un ejemplo. Si se le machuca un dedo de la mano derecha, le pone una tarea para la mano izquierda. Y entonces no aparece como incapacitado. Lo que tiene un encanto para las empresas, porque le bajan los costos generales de afiliación y de atención en salud. Chichipatos diría alguien, tirándole al centavo, cuando si uno mira el tamaño de las operaciones y el número de los trabajadores, en este como en los demás negocios del capital financiero, ve que se mueve mucha plata.
Proposición
Concluyo presentando una proposición para que le nombremos un comité de seguimiento a este lío de la renegociación de los precios del carbón de la Drummond, a la deuda que tiene Drummond con el Estado colombiano desde el año 2001, deuda contraída con la alcahuetería del Estado colombiano, es cierto, pero que está ahí.
Pienso que hay que insistir en que los precios, y diría que todos, deben fijarse de acuerdo con precios internacionales y de una manera sistemáticamente clara, que no permitan interpretación. Cómo es posible que haya cláusulas en este contrato tan absolutamente escandalosas, que parecen redactadas por niños de quinto de primaria. El pago debe ser retroactivo al 2001. Aquí no nos puede salir Drummond con el cuento de que hacia atrás pagaron el precio que se les dio la gana y Colombia les tiene que decir que sí. No. Lo que hay es una deuda grande con la nación, por un monto que es lo que debe establecerse, y si la deuda existe, está obligada la Drummond a pagarla. ¿O será que cuenta con los rábulas suficientes que tienen ya la coma o el punto y coma o las comillas que les permiten evadir la obligación? Nos montaron un negocio en el que Colombia va de buena fe, pero cuál es la buena fe de la Drummond. Estoy seguro de que el señor Drummond, dueño del consorcio, gasta centenares de millones de dólares al año en auditoría a sus propios funcionarios para que no le tumben la plata. Así es como funcionan todas las empresas grandes. Después de que alguien logra crecer en el negocio y llega a contratar a cientos o a miles de empleados, tiene que montar auditorías. Y las trasnacionales gastan sumas inmensas en auditoría. Pero resulta que Colombia no gasta en auditoría lo que debiera gastar y entonces no entiende uno por qué Colombia confía a ciegas en los empleados de la Drummond, en los que no confía ni siquiera el señor Drummond. Es otra paradoja de este contrato, que Colombia maneja de manera manguiancha y a la loca, como salga. Se nos dirá que el señor Drummond y sus gerentes son los más honrados del mundo. ¿Por qué entonces el señor Drummond gasta sumas astronómicas en auditorías sobre sus empleados? Porque así funciona el capitalismo. En el capitalismo, nadie confía en nadie. ¿Por qué el Estado colombiano sí confía en la trasnacional? ¿No debiera gastar sumas enormes de esos contratos en auditoría, revisándolos en nuestros propios laboratorios, midiendo con nuestras propias pesas? No hay gente, como me lo explicaba un especialista. En el caso del petróleo hay ingenieros de Ecopetrol, no sé con que detalle pero los hay, marcando a ver si es verdad que están sacando el petróleo que las trasnacionales dicen que sale. Esto no ocurre aquí. Es obvio que en estas condiciones, absolutamente indeseables, no son convenientes los contratos con el capital extranjero. A mí alguien me tiene que probar que sí lo son, me tiene que explicar por qué son deseables este tipo de contratos.
El problema medioambiental que se está creando es de proporciones mayúsculas. ¿Quién lo va a pagar? Cuando la Drummond y la Glencore y la Exxon se vayan, dentro de treinta, sesenta o cien años, además del hueco, ¿qué nos va a quedar? ¿Los pulmones destrozados de millones de colombianos? ¿Nuestras playas del Caribe convertidas en basureros por el hollín del carbón? Y quién lo paga. ¿Ellos? ¿Después de que se vayan?
El caso de los desalojados clama también al cielo. Un maltrato a unos indígenas y a unos negros pobres, paupérrimos. No resultaría muy costoso colocarlos en condiciones similares a las que tenían, respetándoles su comunidad, sus relaciones familiares, sus casas, que son parte esencial de la vida.
Y está el maltrato a los trabajadores, a los asalariados. Aquí digamos una cosa con toda franqueza. Ese carbón estaba ahí desde hace millones de años, y solo se volvió plata, dólares, riqueza, el día en que las manos de la gente lo sacaron a la superficie. Antes no valía nada. Lo menos que uno espera, en una actitud democrática, es que esos trabajadores sean contratados directamente. ¡No más sistema de contratistas, por inicuo! Qué diríamos los senadores de la República si nos establecieran un sistema de contratistas y nos dijeran que ya no somos empleados del Estado colombiano, para escamotearnos una parte de nuestros ingresos. Pues eso es precisamente lo que está sucediendo allí. Dejo constancia de la gravedad de los hechos con los que me tropecé en este análisis. Y dejo constancia de que no me sorprendería que los demás contratos fueran iguales o peores. Sería interesante mirar en detalle lo de Glencore en La Jagua y lo del Cerrejón Zona Norte.
Segunda intervención
Primero, expreso mi acuerdo con las constancias que ha dejado el senador Hugo Serrano. Me inclino a creer que la política petrolera de este gobierno y de los anteriores ha sido un desastre, una política equivocada que nos a llevar inexorablemente a un desabastecimiento y a perder la suficiencia petrolera. Es un hecho inexorable y eso le va a causar tragedias inmensas al país.
Segundo, el negocio del gas de La Guajira fue un pésimo negocio. Y eso que logró mejorarse con nuestros debates. Pero usted pide fórmulas, senador Manssur. Es que no se oye sino lo que interesa. Por ejemplo, y lo hemos mencionado no sé cuántas veces, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) hay cerca de mil millones de dólares en el exterior a tasas de interés del uno y dos por ciento anual, suma que podría estar invirtiéndose en las necesidades petroleras del país. El ministro volvió a decir hace ocho días que Ecopetrol tiene su capacidad de endeudamiento absolutamente intacta, casi virgen, pero el problema, dijo también, es que no se pueden utilizar esos recursos, ni el del FAEP ni la capacidad de endeudamiento de Ecopetrol, por realidades fiscales. Yo lo traduzco a lenguaje normal y digo, porque el Fondo Monetario Internacional no deja, lo prohíbe, porque al FMI le parece que es lo mismo invertir en una refinería que invertir en whisky para una parranda. En el fondo termina siendo así esa triste realidad. El FMI tiene un interés oculto, porque representa a quien representa y para ellos es mejor que la refinería no la haga Ecopetrol, sino el capital extranjero. Esas son realidades. U ordeñen un poco menos a Ecopetrol. Hay muchas cosas que podrían hacerse. No es que no se puedan hacer, sino que la lógica del capital extranjero no permite hacerlas.
Quiero hacer una mención sobre el tema de la seguridad jurídica, que algún día de pronto discutimos con despacio, el asunto. El senador Serrano nos está planteando un debate interesante. Él dice, aquí los contratos petroleros se hicieron con petróleo a un precio, beneficiando en materia bien notoria a las trasnacionales, pero los precios reales han sobrepasado de lejos esos cálculos y podrían sobrepasarlos todavía mucho más, y hasta podrían terminar quintuplicando los que se usaron en los análisis para el peor contrato petrolero del mundo para Colombia, y el mejor para las trasnacionales. A mí no me parece de ninguna manera una desproporción que el senador Serrano diga que planteemos una nueva manera de distribuir. Se nos replica que no, por lo de la estabilidad jurídica. No, la estabilidad jurídica, entendida como la importancia de que los inversionistas tengan garantías, no se nos puede convertir en el dios del manejo de la economía nacional. Aquí el único criterio no puede ser la seguridad de los inversionistas. Aquí tenemos un país, una gente, una serie de necesidades que estamos obligados a atender. Cuando las cosas se ponen al revés y el contrato no funciona para los inversionistas, ¿qué sucede? El inversionista se retira o pide la renegociación del contrato. Y ahí si no importa la seguridad jurídica. Pero cuando se trata del interés nacional, la seguridad jurídica se nos vuelve absolutamente sacrosanta. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay un cambio en las realidades, y lo elemental sería que tuviera consecuencias jurídicas. Ahora, si seguimos armando un mundo en que lo único que importa es el interés de las trasnacionales vamos a terminar regalando nuestros recursos minero-energéticos sin cobrarles ni impuestos, y para allá vamos. Pero ese mundo es inviable, por lo menos en lo relacionado con los intereses del común de la gente. En ese mundo, senador Manzur, tres o cuatro podrán vivir como príncipes y otros podrán ahí sostenerse en una vida más o menos decorosa alrededor de esos príncipes. Pero el común de la gente va a quedar sin ninguna posibilidad de desarrollo.
Con respecto al asunto energético, quiero hacer una mención. Es un debate que sería más de fondo y más de principios. Pienso que el país ha rodado con suerte, entre comillas, porque fue tal el daño que el neoliberalismo le hizo a la economía nacional y tal el estancamiento en cerca de una década, que no fue necesario hacer nuevas inversiones en energía eléctrica. Y ahí vamos tirando, digamos, pero con el riesgo que señala el senador Serrano, muy cierto, de que si llega a haber una falta de lluvias y de milagro un pequeño crecimiento de la economía, fácilmente caemos en una crisis. Esa es una realidad que está ahí latente, ojo con eso. No hemos caído en una crisis de energía eléctrica es porque hemos estado en una crisis económica peor. Ahora, a favor de que no haya tanta urgencia de construir una nueva generación milita el que con la destorcida de la economía mundial que ya estamos viendo venir y con el TLC, va a haber tantos daños al aparato productivo que es probable que con esa capacidad de energía con que ahora contamos, senador Serrano, podamos pasar los próximos veinte años, pero no porque la política sea sana, sino porque el desbarajuste es tal que al fin y al cabo ni energía se va a necesitar.
Porque la actual política de privatización encierra un problema: es casi imposible que un inversionista privado invierta en generación de energía, salvo que sea en térmicas, inversiones relativamente bajas y de corto plazo. Una contradicción que hay que mirar. ¿Quién está invirtiendo en generación hoy en el país? EPM, que no está obligada a funcionar con la lógica de los inversionistas privados. Pero, repito, la política de privatización tiene esa contradicción insoluble, que es la pregunta de siempre: y quién va a construir la generación. Si Colombia fuera más sensata, no avanzaría en la privatización de Isagen ni en la de ISA, ni en la de EPM, con el propósito de que queden esas empresas como una especie de colchón de amortiguamiento para el día en que haya en que hacer inmensas inversiones en generación hidráulica, que es donde debe hacerse la principal inversión, aun cuando sea a pérdida, y pongo a pérdida entre comillas. Es que la racionalidad de la economía de un país no se puede analizar con la racionalidad del inversionista privado. En este sentido un país tiene el deber, senador Manzur, de mantener inversiones a pérdida, entre comillas, en el sector energético, así sea para prevenirse de un desastre mayor más adelante. El día en que el Estado solo actúe con la lógica del inversionista privado y que solo haga lo que sea rentable de manera inmediata, no habrá posibilidad de que la economía funcione. Y estoy hablando de la economía del capitalismo, porque hay sectores de la economía del capitalismo adonde no va el capital privado, porque el riesgo es muy alto o la tasa de utilidad muy baja, pero que la sociedad necesita. Esto es parte del debate de fondo, en nuestro caso, contra las concepciones de la privatización, que son cortoplacistas y que no se meten en este tipo de asuntos, porque al final les importa un pepino si el país se apaga, como le importa una higa a la Drummond que en el Cesar se muera la gente de hambre. La ganancia privada no se mueve en estos terrenos, pero los países, las naciones, si están en la obligación de hacerlo.
Aquí se mencionó que hay un error grave en la ley 685, o Código Minero, porque se están otorgando licencias de acuerdo con el criterio de primer llegado, primer despachado, es la frase. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Al que llega de primero le dan el área. Eso es parte del Código aprobado por este Congreso, en una época en que yo no hacía parte de él, dejo constancia. Y aquí ya se sugirió que el responsable es el representante Petro, porque él señaló unos argumentos, lo dijo el ministro. Es el mundo al revés. El representante Petro hace cuatro años, cuando se aprobó el Código, era de la minoría, de la oposición. Entonces decir que la ley quedó como quedó porque el doctor Petro dio cualquier opinión sobre un artículo u otro, no tiene sentido, porque finalmente los proyectos los aprueban son las mayorías. Y que el doctor Mejía, que lleva cinco años en el Ministerio y que según creo tuvo que ver con el trámite de la ley, pretenda zafar su responsabilidad, me parece una desproporción. No quise antes referirme al doctor Mejía en este debate, porque él no estaba y quería darle la posibilidad de que se defendiera en otra oportunidad, pero digámoslo, senador Manssur: todo este desastre de Drummond, que lleven cinco años con precios provisionales, es responsabilidad precisa del señor ministro de Minas. Es en su cartera en la que sucede este desgreño. Repito, no lo había mencionado como una consideración amable, dado que el ministro no estaba. Pero ya que se trata el tema, y se pretende echarle la culpa a un representante de la oposición por un artículo que no funciona del Código Minero, entonces reabramos el debate, porque es una desproporción afirmar que la calidad de las leyes de la República dependa de un solo congresista de la oposición y no de la mayoría y del gobierno, que, como todos lo sabemos, es el que hace aprobar las leyes.
Con todo gusto voy a dar a quien lo solicite la copia del documento sobre el cual hice este debate, porque pienso que es importante que el país lo conozca. Lo debe conocer. Y al mismo tiempo le pido formalmente al señor Contralor General de la República que lo finiquite, que saque la versión definitiva, con las glosas que haya que hacer y los cambios, pero que salga. He llamado borrador a este primer documento, pero realmente no lo es. Es un primer documento de Contraloría, codificado como Scmin13, del 30 septiembre de 2005, hecho por funcionarios de Contraloría. Llevamos ya casi medio año y el documento definitivo no sale, un documento clave y más en el momento en que se está negociando lo que se está negociando con la Drummond.
Y expreso también mi solidaridad con la carta que le envía el senador Serrano al doctor Hernández Gamarra. El Contralor no nos puede venir a decir, diecisiete meses después de ese desbarajuste y de esa pérdida de más de cien millones de dólares en Ecopetrol, por los errores de esta administración, como también se denunció aquí oportunamente, que no ha tenido tiempo de estudiar el asunto. Eso no lo puede afirmar un Contralor. Que diga cualquier otra cosa pero no eso, y en ese sentido me sumo a la carta del senador Serrano.
Por último, voy a leer la proposición, que puede ser una conclusión práctica de este debate. Proposición: solicito a la honorable Comisión del Senado de la República, se conforme una comisión de seguimiento a los precios de referencia con los que se liquidan las regalías del Contrato 078 de 1988, celebrado entre la Nación y la Drummond, mediante el cual se explota el carbón de las minas del Cerrejón, en La Guajira, y de La Loma, en el Cesar. Tal comisión deberá contar con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República. Firmo yo y los senadores que quieran firmar.