Como la opinión colombiana conoce, desde el 15 de mayo, cuando se adelantó en más de 20 departamentos, por parte de 200.000 personas, una jornada nacional contra el TLC, por la vida digna y la soberanía nacional, casi dos decenas de miles de indígenas, campesinos y miembros de las comunidades afrodescendientes del Cauca, se reunieron en Piendamó en la Cumbre de los Pueblos. Allí se pronunciaron por la presencia de varios ministros para atender sus demandas en torno a la concertación de una consulta ciudadana sobre el TLC, a la reclamación de territorios ancestrales que les pertenecen y cuya entrega se les ha incumplido y al requerimiento de mayor atención a sus necesidades en educación y salud.
Al ser desoídas sus peticiones, expresadas en una comunicación enviada al alto gobierno, procedieron a ubicarse de manera pacífica en la Carretera Panamericana. Esa protesta fue reprimida de la misma forma como se había hecho en Popayán donde se procedió de manera violenta contra los manifestantes siendo detenidos y golpeados más de 40, entre ellos cinco miembros de la organización filial AGROPEMCA. El saldo de las bestiales tácticas del gobierno, hasta el 17 de mayo, para desmovilizar a la población es la muerte del comunero indígena de Corinto, Pedro Mauricio Poscué, con arma de fuego, unos 50 heridos, 30 detenidos más y diez desaparecidos y unas cifras similares unidas a la destrucción de instalaciones del resguardo indígena produjo hoy 17 de mayo en las horas de la tarde una clase de sarracina propiciada por el ardid del gobierno que, aunque anunció una comisión negociadora, envió como su representación a un número mayor de tanques, agentes de la fuerza pública y más gases tóxicos.
La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria , reconociendo la justeza de los motivos de la movilización del Cauca, reclama del gobierno el cese inmediato de las acciones hostiles contra la población campesina e indígena, la libertad de los detenidos, la atención de los heridos y la investigación rápida del homicidio del comunero muerto para enjuiciar a los responsables, a fin de que se termine con la impunidad en este tipo de crímenes, y la realización del diálogo necesario como así mismo lo ha requerido la Defensoría del Pueblo. También se requiere que a quienes se han manifestado en otras regiones como Nariño se les brinde un trato democrático y no se recurra a la descalificación para validar la violación de sus derechos fundamentales.
ÁNGEL MARÍA CABALLERO LIAN
PRESIDENTE
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
DIRECTOR EJECUTIVO