Luego de intensas discusiones en la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitario, CNEU, que agrupa diversas organizaciones estudiantiles entre las cuales están la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, la Federación Universitaria Nacional, Funcomisiones, la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, y la Organización Colombiana de Estudiantes, OCE, se ha logrado unificar una plataforma de lucha que se viene agitando desde hace un año.
El eje fundamental de la lucha es la defensa de la educación pública para el desarrollo científico y tecnológico del país. Conociendo la arremetida del gobierno nacional se han planteado diversas jornadas de movilización para ratificar que no estamos de acuerdo con el tipo de educación que nos quiere imponer, que no es más que una educación pobre para pobres. Con decretos como el 2566 de 2003 buscan adecuar la educación a los requerimientos del mercado y con palabras como la pertinencia, la eficiencia y la eficacia, se disfraza el verdadero objetivo de dicha reglamentación.
Esto no es más que la mercantilización de la educación implantada a través de instrumentos como los créditos académicos que disminuyen la cantidad de horas cátedra y buscan sacar profesionales en menos tiempo para engrosar las filas de desempleados que estén dispuestos a vender su fuerza de trabajo por sueldos pauperizados. De igual forma tienden a aumentar las matrículas ya que no se va a cobrar como hasta ahora, donde el estudiante paga su semestre y tiene derecho a ver las materias establecidas para el mismo. Con los créditos académicos, el estudiante puede ver únicamente las materias que alcance a pagar teniendo en cuenta una tabla de matrículas, de acuerdo con su estrato y con el valor de cada crédito académico.
Con el criterio de eficiencia se pretende sacar más profesionales con menos presupuesto. Todo aquel que estudie en una universidad pública puede dar fe de la baja calidad en la que estamos inmersos donde no hay presupuesto suficiente para contratar profesores que entiendan realmente la educación como un problema para el desarrollo del país; donde no se cuenta con bibliotecas que estén en la capacidad de brindar a sus estudiantes los textos necesarios para un correcto desenvolvimiento al interior del aula de clases; donde los servicios de fotocopiadora están en manos de personas privadas a costos muy altos; donde las cafeterías están entregadas en concesión con el único objetivo de generar ganancias para el empresario particular, a las cuales no se les inspecciona la calidad de sus productos, y además se salen del presupuesto que tiene un estudiante para una alimentación balanceada; donde no hay posibilidades de residencia estudiantil que nos permita tener un lugar donde instalarnos mientras terminamos los estudios; donde el bienestar universitario se ha dedicado más a ser un oficina de recreación, abandonando la preocupación por el bienestar real, valga la redundancia, de los estudiantes.
El concepto de acreditación en sentido teórico se escucha muy bien, porque todos queremos contar con una universidad que contenga esos estándares mínimos de calidad como los que pregona el 2566. Pero la realidad es muy distinta: si no hay presupuesto suficiente no se pueden alcanzar tales objetivos, y la consecuencia es que programa que no esté acreditado se cierra. En pocas palabras, el gobierno nacional no da la plata que se necesita para ofrecer una educación de calidad, pero sí exige que las universidades cumplan con todo lo que piden, y las obligan a conseguir recursos propios, generando un criterio meramente gerencialista plasmado en el alza de matrículas de pregrado, reemplazando el subsidio a la oferta por el crédito a la demanda, y el cobro exagerado de las carreras de Posgrado, que cuestan lo mismo que en una universidad privada, así como por cualquier servicio que preste la universidad.
Todo esto se presenta en el marco del TLC (Tratado de Libre Comercio) que Uribe Vélez pretende ratificar con Estados Unidos a como de lugar, proyecto que nos vuelve totalmente dependientes y que nos va a terminar de destruir como nación, acabando con la producción nacional.
El gobierno nacional ha decidido liberarse del pago de las pensiones a los profesores y los trabajadores, descargando está responsabilidad en las universidades que no tienen recursos para cubrir tales montos. Decisión ésta que deja en la quiebra a casi la totalidad de universidades del país. Casos críticos son la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Cauca, y la Universidad del Chocó.
Y el más grave de todos es el de la Universidad del Atlántico que luego de atravesar por todas las dificultades arriba mencionadas se convirtió en “inviable” y fue sometida a ley 550 de reestructuración empresarial, que equivale a su privatización. En consecuencia, las matrículas han aumentado hasta en un 500% y no hay apertura de nuevos programas.
Por estos motivos la CNEU convocó a todos los estamentos universitarios a una jornada de movilización del 21 al 24 de marzo desde Cartagena hasta Barranquilla y a jornadas regionales el día 23 de marzo, en el marco de la campaña “La Universidad para todos”. Dicha jornada se desarrolló en un ambiente de resistencia civil y contó con la participación de 29 universidades públicas y 8 privadas así como con profesores, pensionados y trabajadores concientes de la gravedad de la situación y comprometidos en la defensa de la educación pública.
Se espera realizar para el segundo semestre del año una Gran Cumbre en defensa de la educación pública que cuente con diversas organizaciones políticas, sociales, culturales y las distintas expresiones de la sociedad que quieran defender los intereses de la nación y que no estén de acuerdo con este proyecto neoliberal que tanto daño le ha hecho al país y que no va a detenerse hasta que la mayoría de los colombianos digamos con una sola voz, ¡no más!