José Arlex Arias, Cartagena, septiembre 25 de 2017
El “pico y placa” es una de esas “colombianadas” que nuestros genios dirigentes se inventaron para racionalizar la escasa oferta ante una excesiva demanda –en el caso original, de vías de transporte ante el número de vehículos–. O sea, es la típica incapacidad del Estado para garantizar un derecho esencial como la movilidad. El “terminucho” se volvió popular, extendiéndose su aplicación a actividades, cuando se es incapaz de ofrecer una respuesta apropiada a un derecho fundamental o esencial. Ahora tenemos “pico y placa” para racionamientos de servicios públicos, derechos fundamentales e incluso en empresas privadas. Uno de los “pico y placa” más oprobiosos, además del que aplican las Empresas Promotoras de Salud, es el que hace la Secretaría de Educación de Cartagena a los niños que cursan sus estudios elementales en las destartaladas instituciones educativas. Es un crimen que por la falta de un pupitre, un salón o el acondicionamiento de la infraestructura, estos niños se vean precisados a recibir educación por turnos, cediendo su lugar a otros compañeros. El hecho ha sido denunciado, desde hace algún tiempo, en los casos de la Institución Educativa Ana Vélez de Trujillo, que en mayo pasado manifestaron esa molestia, y en estos días los de la Institución María Reina, que afecta a 1.900 niños y niñas.
El deterioro de la educación en Cartagena y Bolívar ha sido revelado reiteradamente por el Sindicato Único de Educadores de Bolívar –Sudeb–, analistas, columnistas y grupos de pensamiento como el Centro de Estudios para el Trabajo –Cedetrabajo–. La educación por concesión, en administración y contratada, caso del colegio María Reina, que tenía una asignación anual de menos de $200 millones y se la entregaron a la Curia con aumento a $600 millones, sin cumplir con el mínimo requerimiento para su funcionamiento, nos demuestra cómo el presupuesto de la educación, además de ser concesionado a todo tipo de incompetentes, también sigue siendo el negocio preferido del clientelismo y la corrupción, afectando la calidad de la misma. El Sudeb también denunció el agotamiento, por un recorte, del presupuesto del Plan de Alimentación Escolar –PAE–.
Cedetrabajo, capítulo Cartagena, reveló que “la población atendida por el PAE es de 80.432 estudiantes, cuando la cifra debería estar en más de 140 mil; es decir, se escoge a los más pobres entre los pobres –conocido como focalización–, lo que indica una cobertura un poco superior a la mitad”. Agregó que “el presupuesto de la Educación en Cartagena se redujo de $415 mil millones a $376 mil entre 2016 y 2017, siendo los recursos del Sistema General de Participación los que más se reducen, al pasar de $360 mil millones a $313 mil millones, esto es un recorte de $47 mil millones. Cartagena tiene 183 colegios públicos, de los cuales un 45% se encuentran en mal estado y el 69% de ellos tienen deficientes baterías sanitarias. Para el 2018, con base a información de Planeación Nacional y la fuente Predis, el recorte de los recursos de orden nacional serán de otros $70 mil millones”. Suena a chiste cuando el gobierno de Santos plantea que Colombia será una de las naciones más educadas de América en 2025. ¡Nuestra educación es de pacotilla, porque la planifican dirigentes de pacotilla!