Hace más de 16 meses la Alcaldía de Manizales cerró, con el respaldo de la Gobernación, el Hospital de Caldas. Por esos días, quienes nos opusimos al cierre, promoviendo incluso un paro cívico, afirmamos que no sólo se le causaba un grave daño a la salud de los Caldenses, sino que la medida escondía el ánimo de privatizar y entregar a terceros la prestación de los servicios de salud, convertidos en negocios a partir de la aprobación de la Ley 100 de la que fuera ponente el actual Presidente de la República.
La opinión pública puede recordar que se afirmó que el cierre obedecía a la sobreoferta de camas y servicios en las instituciones del Estado, y ante el cierre sostuvieron que con el “Plan de atención de la Emergencia”, el problema se subsanaría, que lo que seguía era la reorganización de la red pública y que una vez reorganizada, la prestación del servicio, sería más eficiente, transparente y de mejor calidad para los usuarios, hoy convertidos en clientes.
Se afirmo también que el Hospital se había “quebrado” por el despilfarro, la corrupción, los salarios del personal médico y paramédico y la pésima administración. Se decía incluso, que no sabían ni facturar. Se pretendió así ocultar que la crisis del Hospital tenía su base principal en el modelo adoptado, en el cual, la red pública tiene que vender servicios, ser autosuficiente, con hospitales financiables en el largo plazo y al mismo tiempo, atender a todos los llamados “vinculados” por los cuales nadie responde.
También se pretendía ocultar las reestructuraciones, el despido de varios cientos de trabajadores y sobretodo el nefasto papel que, en el modelo de la Ley 100, juega el capital financiero privado, EPS y ARS, que son los que en últimas, se quedan con el grueso de los recursos destinados a la salud. La glosa de cuentas, pagar cuando se les “viene en gana”, no dar la atención requerida, trasladar las enfermedades catastróficas a la red pública, no reconocer los tratamientos brindados a los pacientes y otras aberraciones más, que condujeron a la crisis de la institución hospitalaria.
Finalmente, la explicación del cierre se encuentra en la carta enviada por el Alcalde de Manizales al Ministro de la Protección Social. Afirma el alcalde: “El documento CONPES 3204 de 2002 previó como política y estrategia de la prestación de los servicios de salud, el ajuste y la modernización de las IPS públicas a través de un programa de administración delegada con entidades externas bajo condiciones de eficiencia y calidad en la prestación de los servicios, y propiciar la inversión del sector privado prioritariamente de entidades sin animo de lucro para que contribuyan al financiamiento de las IPS“. Bastaría agregar tan sólo que dicha política se desarrolla con crédito de organismos financieros internacionales y es recomendada por el FMI.
Y en cuanto a la reapertura propuesta también se explica al final del mismo documento, afirma el Alcalde “esta alianza entre el sector privado y el sector público corrobora un anhelo del gobierno nacional en cuanto a la importancia de adelantar procesos que sustituyan el exceso de asistencialismo por un desarrollo sostenible“. En ese nuevo hospital sólo se atenderá a quien pague para derrotar el “asistencialismo” y garantizar el “desarrollo sostenible”. A buen entendedor más explicaciones sobran.
¿Y en todo esto cual es la posición del gobierno departamental? Veámoslo: En carta enviada por el Gobernador de Caldas al Ministro de Protección Social, después de insistir en que la red pública no colapsó, que sólo se requiere de la prestación de servicios especializados de tercer nivel, que después del cierre del hospital son deficitarios, y de afirmar que sólo un hospital público debe atender al millón 250 mil caldenses, señala: “En búsqueda de una solución integral” se hicieron los siguientes progresos: Como ente único se acordó en principio la posible constitución de una corporación mixta,”. si su composición lo es de una parte por entidades públicas en este caso gobernación y municipio y del otro, por entidades privadas sin ánimo de lucro como Prosalud, Comfamiliares, Cámara de Comercio, Comité de Gremios, Comité de Cafeteros entre otras. Convinimos que la figura debería ser avalada, como ente gestor de la red pública de Salud, por la oficina jurídica de la Presidencia“.
Aquí también, para el buen entendedor pocas palabras bastan. Lo que el gobernador pretende, es tener una sola institución fusionando el Hospital de Caldas, el Santa Sofía y la Clínica de Villa Pilar, y en la cual el gestor de la red pública sea la corporación mixta que se propone crear. ¿Y en que se diferencia esta propuesta de la del alcalde de Manizales? En casi nada. Ambos pretenden entregar a operadores privados la red pública de salud.
Por todo lo anterior lo que hoy sucede alrededor del hospital, es una pelea entre ratones para ver quien se queda con el queso. Pareciera que el Alcalde, les ganó de primera mano una parte del mismo, con su propuesta de entregar a Servicios Especiales de Salud SES, la prestación, valga la pena aclararlo, de una parte de los servicios especializados de tercer nivel que es a lo que se refiere la propuesta de reapertura del hospital de la Alcaldía.
Como diputado de Caldas, manifiesto mi rotunda oposición a que la red pública se convierta en negocio del capital privado, bien sea por el camino de ceder una parte ya, como lo propone el alcalde, o de entregarla toda de una vez, como lo propone el gobernador. Los Caldenses deben saber que el servicio que prestaba el viejo hospital de Caldas, en ambas propuestas no volverá a existir y que el camino propuesto no incluye la prestación de servicios de salud a los más pobres.