Libardo Gómez Sánchez, Neiva, mayo 5 de 2017
El agua corre por entre el surco lento, persistente, húmedo, su vivificante contacto permite que se conforme la espiga y esta se cargue de granos envueltos en dorada coraza vegetal, cuando madura la cuchilla corta la panoja, en el molino se trilla separando el fruto blanco, perlado, se empaqueta para su distribución a los centros de consumo y en las cocinas con agua y fuego se seca solo o combinado el tercer cereal de mayor consumo y producción en el planeta, superado únicamente por el maíz y el trigo.
El año anterior se recogió un poco más de quinientos millones de toneladas que alimentaron a pueblos enteros, especialmente comunidades de las naciones pobres del tercer mundo; en Colombia se consume un promedio de 40 kilos por persona al año, lo que arroja un resultado de más de un millón y medio de toneladas que se aprovechan anualmente, nuestras tierras junto a los agricultores y su experiencia pueden garantizar la producción que requerimos y algo más, salvo que factores ajenos a su voluntad, como la ausencia de régimen de lluvias o la presencia de plagas afecten seriamente su producción, temas que podrían manejarse si se garantiza riego e investigación, como ocurre en las naciones desarrolladas en las que el gobierno toma la iniciativa, en asocio con los gremios de productores, para resolver estos asuntos como apoyo a sus agricultores, aquí sin embargo esto no ocurre y por el contrario se firmó un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que nos obliga a importar año tras año un mayor volumen de su cosecha, así se reemplaza nuestro arroz por extranjero y se afecta el precio interno a la baja, como acontece en la actualidad, amenaza la ruina de nuestros arroceros.
Validos de la única prerrogativa que les queda, marcharan el próximo martes 6 de junio al Ministerio de Agricultura para exigir un precio que evite las pérdidas que asumen ahora, en el camino se encontraran con los maestros y los trabajadores del Estado, que de igual forma reclaman a estas alturas un aumento salarial acorde con su función social y para atenuar el impacto en sus ingresos ocasionado por la reforma tributaria que comenzó a regir en febrero, la excusa reiterada para negarse a atender estos justos reclamos es la insolvencia del Estado, consecuencia advertida de las políticas de Libre Comercio que se resisten a revisar, porque son un negocio para las multinacionales y sus intermediarios en el gobierno.