Hace cuatro semanas los profesores de las universidades públicas del país se declararon en Asamblea Permanente pidiendo la derogatoria del decreto 2912, expedido el 31 de diciembre de 2001 a espaldas de la comunidad universitaria y del país. Inicialmente sólo salió a relucir el impacto salarial pero, en la medida en que se ha profundizado en los análisis y en la discusión, se ha logrado articular la esencia del decreto con todo un conjunto de políticas que, promovidas desde el Banco Mundial, pretenden disminuir los gastos del estado en educación superior y adecuarla a las condiciones impuestas por la “globalización”. Quienes agencian dichas políticas en Colombia no han considerado a la educación superior como un requisito indispensable para el desarrollo y la prosperidad nacional, sólo le han dado el valor de una mercancía que provee ascenso social y mejora las condiciones de vida de los individuos, lo que ha servido para justificar su privatización.
Uno de los cambios que pide el Banco Mundial para la educación superior colombiana es el aumentar la cobertura por la vía de la educación virtual. Este tipo de educación no requiere del desarrollo de ciencia y tecnología en las instituciones, incluso existen posiciones que han llegado a argumentar que ya no se requieren docentes-investigadores sino personal especializado en manejo de redes; ésta tesis bien puede corresponderse con el desestímulo que a la carrera de investigador y de docente produce el decreto 2912. Vale la pena anotar que Claudio de Moura Castro, Ex asesor del BID en el área de educación, sostiene que la educación virtual sólo es aplicable y puede tener éxito en áreas del conocimiento muy específicas y de corta duración y que este tipo de educación para que sea de calidad requiere una inversión muy alta y una infraestructura tan significativa que es casi imposible implementarla en países subdesarrollados.
En el marco de la internacionalización de la economía, el rol que le imponen a Colombia en la formación superior se orientará a aspectos operativos de niveles técnico y tecnológico, para atender las necesidades de la industria de ensamble o “maquiladora” que ha venido generalizándose en detrimento del sector manufacturero.
Los estudiantes de las universidades públicas hemos ganado en la comprensión del efecto nocivo que sobre la investigación y las posibilidades de desarrollo de una formación superior de excelencia, produce la aplicación del mencionado decreto en tanto que, sumado al tradicional abandono presupuestal a que ha estado sometida la universidad pública colombiana, ahora aparece el desestímulo a la vinculación de docentes con altos niveles de formación y notable producción académica, al igual que al desarrollo de actividades investigativas en los claustros universitarios. A este triste panorama se suma el cambio de la modalidad de financiación de la educación superior, que implica pasar de proveer recursos por parte del estado directamente a las instituciones para poner en práctica la denominada “financiación de la demanda”, lo cual no pasa de ser una manera eufemística de poner en marcha la generalización del crédito educativo, trasladando a las familias sus costos y dejando en manos del sector financiero, además de un pingüe negocio, la decisión de quienes ingresan a la universidad.
Los efectos que sobre el país tendrá la aplicación de estas políticas educativas, si no logran detenerse con el concurso de toda la población al lado de la comunidad universitaria, serán más devastadores que los padecidos en la agricultura y/o la industria, hoy sumidas en la ruina, puesto que eliminarán de un tajo con cualquier posibilidad de desarrollo científico y tecnológico autóctonos condenándonos eternamente al oscurantismo y la dependencia.