El movimiento universitario, con el profesorado a la cabeza, ha librado una de las más importantes luchas de resistencia realizadas en la última década contra la agresión imperialista a la universidad pública, esta agresión se expresa últimamente a través de las reformas al régimen salarial y prestacional de los docentes introducidas mediante el decreto 2912, expedido el último día del año anterior, en un afán gubernamental por dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Simultáneamente el ministro de Educación Francisco Lloreda respondió con la promesa de presentar al Congreso de la República un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, “antes de abril próximo”, a la exigencia de cambios en la educación superior formulada por Joaquín Brunner, representante del Banco Mundial (BM), en el Foro “El futuro de la educación en Colombia” llevado a cabo en Bogotá durante los días 30 y 31 de enero de este año bajo los auspicios de ASCUN y el ICFES.
El Decreto 2912 hace parte de las metas que se propuso alcanzar el gobierno pastranista en desarrollo del “Plan estratégico de educación 2000-2002”, mediante el cual se había propuesto “hacer cambios en el sistema de educación superior sin llevar a cabo un cambio en la Ley 30”, en cumplimiento de lo recomendado por el documento “Bases para una política de Estado en materia de educación superior” publicado por el MEN y el ICFES, en marzo del año pasado. Dicho decreto atenta directamente contra los docentes y, la comunidad universitaria, incluyendo las direcciones académicas y administrativas de las instituciones, las organizaciones estudiantiles, los grupos de investigación y por supuesto las organizaciones gremiales de los profesores, han comprendido el carácter regresivo de la medida y sus nefastos efectos sobre el futuro de la universidad pública. Con certeza, ha sido caracterizado como un atentado contra las posibilidades de desarrollo científico y tecnológico de las universidades públicas, consecuente con el modelo neoliberal que se ha estado imponiendo en la última década en el país el cual consiste en imponer la privatización y adecuar el contenido de la educación superior a las demandas ocupacionales, focalizadas en “competencias operativas”, que ofrece el sector productivo en el marco de la “globalización” en países como el nuestro.
Por ello estalló la rebeldía y las manifestaciones de protesta no se hicieron esperar. El profesorado se declaró en asamblea permanente en la gran mayoría de las universidades públicas y, previo el análisis juicioso y detallado de la medida, optó por la denuncia y la movilización acompañado por importantes destacamentos de estudiantes y trabajadores, que han expresado su rechazo en las calles y plazas alertando al país, no sólo sobre los nefastos efectos del decreto 2912, sino sobre la agresión que se avecina con las reformas anunciadas. El rector de la Universidad Nacional, Víctor Manuel Moncayo, expidió la resolución 244 de 2001, en la cual, poniendo de presente argumentos de inconstitucionalidad, decidió no aplicar el decreto para los profesores vinculados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del 2912, contando para ello con el respaldo del Consejo Superior, en franca rebeldía frente al mandato ministerial. No pocos rectores y los consejos académicos y superiores de otras universidades han expresado su coincidencia con las denuncias y reclamos del movimiento universitario.
No obstante el consenso nacional sobre lo lesivo del decreto y la petición expresa de que se genere un espacio de negociación entre el ministerio de educación y las organizaciones gremiales de los docentes, el ministro Lloreda se ha negado sistemáticamente a aceptarlo y ha preferido escudarse tras una comisión de rectores del SUE, que bajo la batuta del rector de la Universidad de Antioquia Jaime Restrepo Cuartas, le ha venido haciendo el juego de intentar birlar el derecho que les asiste a los docentes de discutir y negociar directamente su régimen salarial y prestacional sino que tras la careta de reconocer una amplia representación se ha intentado dividir al movimiento profesoral, al convocar a investigadores y representantes a los consejos superiores a hacer parte de una “comisión rectoral ampliada” que presente “una propuesta de ajustes al nuevo régimen establecido en el Decreto 2912 de 2001, conservando los ejes fundamentales del mismo” (acuerdo SUE-MEN), para ser presentadas al gobierno el cual se reserva el derecho de acogerlas o desecharlas. Es la típica postura de un gobierno autoritario que, pasando por encima de la legalidad vigente, pretende imponer a toda costa las políticas dictadas por sus “amos del norte”.
El estudiantado colombiano en su conjunto debe además de participar activamente, como lo ha venido haciendo en la mayoría de las universidades en esta contienda, encabezada por el profesorado, organizarse y aprestarse para librar las luchas que necesariamente se tendrán que dar como expresión de la resistencia popular contra la agresión ideológica, política y cultural que se adelanta contra la educación superior pública como parte de la política recolonizadora del imperialismo norteamericano sobre nuestro país bajo las banderas de la “globalización”. El futuro reservado para la universidad pública dentro de ese marco por los gobernantes es, en materia financiera, su privatización por la vía del “subsidiar la demanda” -léase crédito educativo y elevación de matrículas-, para lo cual el BM tiene presupuestado un préstamo de 150 millones de dólares. En materia académica, la transformación de las universidades en instituciones de educación de “tercer nivel” que ofrezcan programas de corta duración orientados a los estratos 1 y 2 de la población para que la universidad pública pueda “validarse social y políticamente” -al decir de Víctor Manuel Gómez, encargado en el ICFES de elaborar el programa de “formación por ciclos”-, ojalá en la modalidad de educación virtual, como lo pide el BM. Resumiendo, se trata de unas reformas retardatarias orientadas a acabar con la universidad pública por la vía de la privatización y de su transformación en instituciones que ofrezcan formación de “segunda categoría”, para gente de segunda: los pobres. Es la SISBENIZACIÓN de la U. Pública.
El estudio de estas políticas en concreto, su análisis y denuncia, son responsabilidad del movimiento estudiantil y se constituyen en instrumento indispensable para convocar tanto a la comunidad educativa como a la población en general, a levantarse para combatirlas y defender el derecho del acceso de la juventud a una educación superior de calidad y el del país a disponer de un espacio en el cual se puedan estudiar con independencia, bajo un sistema democrático en un régimen de autonomía, los diversos problemas que aquejan a la nación, es decir el caro patrimonio nacional que constituye la Universidad Pública. Ello debe darse en el marco de las luchas de resistencia civil que adelantan importantes sectores del pueblo y la nación en defensa de la soberanía, el trabajo y la producción, hoy más amenazadas que nunca por la recolonización emprendida por la gran potencia hegemónica del norte: los Estados Unidos de Norteamérica.
Ante la ofensiva imperialista: ¡defendamos la universidad pública!
Marzo 20 de 2002
ORGANIZACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIANTES. COORDINACIÓN NACIONAL
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